Noticia Exclusivo suscriptores El dinero corresponde a lo que falta por girar de los 1,57 billones que la entidad dejó comprometidos al cerrar 2025. Datos del informe de empalme.El informe reconoce un rezago de 90.626 millones de pesos en compromisos con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras Foto: Composición EL TIEMPO24.07.2026 13:12 Actualizado: 24.07.2026 13:42
En uno de los informes de empalme del gobierno saliente del presidente Gustavo Petro con el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella, se documentó que de las 26.017 solicitudes que juntas de acción comunal y comunidades étnicas presentaron para que se arreglaran sus caminos en el marco del programa 'Caminos Comunitarios de la Paz Total' del Instituto Nacional de Vías (Invías), se alcanzaron a firmar convenios para 2.353 (9,04 por ciento). Otras 288 fueron declaradas no viables (1,11 por ciento) y las 23.376 restantes quedaron pendientes (89,8 por ciento). El documento conocido por EL TIEMPO, que cubre la gestión entre el 7 de agosto de 2022 y el 30 de junio de 2026, también señala que quedaron 691.267 millones de pesos en compromisos sin pagar. Es lo que falta por girar de los 1,57 billones que Invías comprometió en contratos y no alcanzó a pagar antes de cerrar 2025. La ley permite trasladar esos pagos al año siguiente, pero el plazo vence el 31 de diciembre de 2026. Lo que no se gire para esa fecha pierde vigencia y tendrá que tramitarse contra el presupuesto de 2027, ya bajo el gobierno de De La Espriella. LEA TAMBIÉN De esa reserva, Invías había pagado 880.603 millones con corte a mayo de 2026, el 49 por ciento. En las reservas de 2022, 2023 y 2024 la ejecución medida en ese mismo corte llega al 89, al 84 y al 90 por ciento. Es decir, las reservas de 2022 a 2024 llevan años de ejecución acumulada y la de 2025 cinco meses al momento del corte.En los anexos del informe de empalme también se evidencia que la Contraloría General de la República (CGR) auditó 'Caminos Comunitarios de la Paz Total' y le formuló 101 acciones de mejoramiento. De esas, 94 siguen activas y 40 de ellas ya están vencidas. El ente de control clasificó cuatro de los hallazgos con presunta incidencia penal por daño fiscal en placas huella en Cundinamarca. Con respecto al frente presupuestal calificó como 'cumplidas no efectivas' siete correcciones que se habían propuesto sobre el manejo de las reservas y pasivos exigibles. La Unidad de Datos de EL TIEMPO revisó los archivos y anexos que dejan en evidencia que Invías cierra el cuatrienio con el 31 por ciento de avance en la meta del Plan Nacional de Desarrollo y obras que aún siguen sin ejecutarse. LEA TAMBIÉN El programa con 89,8 por ciento de solicitudes sin atender y un rezago de 90.626 millones de pesos con comunidades étnicas'Caminos Comunitarios de la Paz Total' fue un programa diseñado para intervenir vías terciarias a través de la firma de convenios con juntas de acción comunal y comunidades étnicas —en lugar de grandes constructoras—, en el marco de la Ley 2166 de 2021. Se buscaba ejecutar obras como placa huella, alcantarillas y muros de contención. Según el informe, el programa también tenía como meta "contribuir al desarrollo de la economía rural y popular mediante la generación de empleo local, la activación y articulación de las economías locales, generando sentido de pertenencia por estas obras comunitarias de infraestructura y fortaleciendo el tejido social dentro de las comunidades". El esquema contemplaba veedurías comunitarias que vigilarían los recursos. La inversión total del programa fue de 1,3 billones de pesos para cumplir con la meta de vías rurales del Plan de Desarrollo, los acuerdos de consulta previa con comunidades negras e indígenas y el punto de Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz. El programa Caminos Comunitarios de la Paz Total es uno de los proyectos clave del Gobierno. Foto:InvíasDe acuerdo con el informe, el rezago estaría relacionado con los recursos. "Para la vigencia 2025 no se dispuso de recursos asignados al programa, por lo cual no se suscribieron convenios durante esa vigencia", se menciona. En 2024, se tuvieron inconvenientes con el flujo de los recursos desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esto se reflejó "en la necesidad de suspender los convenios hasta tanto se contara con el presupuesto", señala el documento. Y en 2023, el presupuesto de 367 mil millones de pesos certificados en un principio se redujo a 322 mil millones a través de una resolución de Minhacienda. Mientras que la meta del PND sobre la intervención era de 33.102 kilómetros de vías regionales y caminos ancestrales, el avance reportado solo alcanzó 10.115 kilómetros. Sobre esto, el documento plantea como tarea pendiente mejorar 22.986 kilómetros adicionales, más del doble de lo que se logró en cuatro años. LEA TAMBIÉN De los cinco indicadores a cargo de Invías, dos aparecen cumplidos en el informe: las vías primarias no concesionadas rehabilitadas y mantenidas, con 2.033 kilómetros frente a la meta de 996; y los canales de acceso a puertos marítimos, con cuatro frente a tres. El programa logró avances en los municipios PDET, priorizados por el Acuerdo de Paz. Allí se intervinieron 2.359 kilómetros en 148 municipios de 19 departamentos, cuando la meta era de 2.437. En el conjunto de la red terciaria, las obras ejecutadas suman 1.566 alcantarillas, 358 box culvert, 328 muros de contención y 466 kilómetros de placa huella. Otro de los puntos afectados por los recursos fueron los compromisos de consulta previa. Invías se había obligado a destinar el 22,5 por ciento del presupuesto del programa a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, pero el informe reconoce que las vigencias 2023 y 2024 dejaron "un rezago de 90.626 millones de pesos, derivado de la imposibilidad de comprometer la totalidad de los recursos asignados". LEA TAMBIÉN También se encontró que de los 26 contratos suscritos en 2024 con esas comunidades por 85.446 millones de pesos, cuatro —por 11.632 millones de pesos— "no cumplieron con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dentro de la vigencia". Tres correspondían al Consejo Comunitario El Mango de La Púa 2, que había recibido contratos en Cesar, Córdoba, La Guajira y Bolívar. En la tabla del informe esos cuatro aparecen sin fecha de inicio ni terminación. Los convenios con la Organización Nacional Indígena de Colombia, por 14.221 millones de pesos, registraban a diciembre de 2025 avances físicos del 40,3 por ciento en La Guajira y del 39,19 por ciento en Casanare —que terminó siendo suspendido—. Por su parte, un convenio firmado en 2026 con la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí, por 20.133 millones de pesos, no ha arrancado debido a la falta de aprobación de pólizas con tres aseguradoras —Seguros Mundial, Solidaria y Seguros del Estado—. En el anexo de temas prioritarios técnicos, Invías describe el estado del programa. De los nueve asuntos que la Gerencia de Caminos Comunitarios marcó como críticos, el séptimo pide "insistir ante el Ministerio de Transporte en la necesidad de resolver el desfinanciamiento del programa, a fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos asociados a consulta previa". Los demás piden tramitar las vigencias expiradas, conseguir caja para "garantizar el pago oportuno a las organizaciones ejecutoras" y reactivar la supervisión sobre los convenios de 2023 y 2024 con el fin de "destrabar frentes de obra". LEA TAMBIÉN Las reservas cuestionadas por la ContraloríaLos cuatro hallazgos con presunta incidencia penal corresponden a convenios firmados en 2023 con juntas de acción comunal de Cundinamarca. El de mayor monto es el de la vereda El Portal, en Ricaurte. En este, el ente de control encontró, durante la visita de campo, que se construyeron cunetas en una vía secundaria, cuando el convenio contemplaba placa huella en vías terciarias. El daño fiscal quedó en 197.178.250 pesos y la acción de mejora está vencida. En los otros tres el patrón se repite, con placas huella deterioradas y materiales comprados en exceso. En la vereda Aposentos de Venecia la Contraloría halló, además, que se reportaron cantidades de acero que no correspondían a lo ejecutado, con aval de la interventoría, "lo cual constituye una presunta falsedad en documento público". LEA TAMBIÉN Aunque la ley permite constituir reservas presupuestales cuando se trata de hechos excepcionales o de fuerza mayor, el ente de control identificó que Invías las usó de forma rutinaria. En 2022, la entidad dejó en reserva 321.860 millones de pesos sin el cumplimiento de requisitos. Al año siguiente, constituyó otras 46 reservas por 46.781 millones de pesos. La Contraloría señaló que, de lo que quedó en reserva al cerrar 2022, 230.522 millones de pesos se fenecieron —perdieron vigencia— porque tampoco fueron ejecutados durante 2023. El ente manifiesta que esto generó un "desequilibrio presupuestal de los contratos relacionados". Sin embargo, el fenecimiento no borra la deuda, el compromiso con el contratista sigue en pie y su pago debe tramitarse como vigencia expirada, con cargo a presupuestos posteriores.Se encontró, además, que en 2023 Invías tramitó 74 pagos por 17.198 millones de pesos para cubrir deudas de años anteriores, "a las que no se les dio trámite en la vigencia fiscal en la que fueron originadas". La auditoría financiera de 2024 consigna que Invías constituyó 7.293 reservas presupuestales en esa vigencia por 2,41 billones de pesos. De una muestra de 22 reservas constituidas por fuerza mayor, la Contraloría encontró que 13 —por 151.713 millones de pesos— "no cumplen con los requisitos excepcionales para su constitución".Invías reaccionó este año frente a las cifras de ejecución. Foto:ARCHIVO EL TIEMPOInvías ya se había pronunciado sobre este tipo de cifras. En un comunicado del 13 de marzo de 2026, con respecto a la información publicada en medios de comunicación sobre los niveles de ejecución, mencionó que "los porcentajes señalados corresponden al registro de obligaciones financieras y no reflejan el avance real de la gestión contractual ni el estado de ejecución de las obras". Precisó que durante 2025, alcanzó un nivel de compromisos "del 99,45 por ciento de los recursos de inversión". La entidad atribuyó la brecha entre los compromisos y las obligaciones a las restricciones en la aprobación del Programa Anualizado de Caja (PAC) por parte del Ministerio de Hacienda. Agregó que los porcentajes "no representan falta de ejecución de los proyectos, sino diferencias entre los tiempos de contratación, ejecución de obra, facturación y disponibilidad de caja autorizada para pagos". Las obras ordenadas por un juez En el anexo de temas prioritarios se consolidaron 139 asuntos críticos: 54 de la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras, 47 de Vías Regionales, 29 de Modernización de Carreteras y nueve de Caminos Comunitarios. Entre ellos hay 29 menciones de acciones populares y dos de fallos judiciales. LEA TAMBIÉN En Bolívar, el Tribunal Administrativo ordenó atender dos vías que requieren 60 mil y 22 mil millones de pesos. Nueve vías más deben intervenirse por órdenes de juzgados especializados en restitución de tierras. La mayoría están en Santa Marta y la de mayor monto es de 11.400 millones de pesos. El informe también reporta la Variante San Francisco–Mocoa, de 2,6 billones de pesos, como "suspendido", y solo señala que "los procesos licitatorios debieron ser interrumpidos". Sobre esa variante hay una auditoría de la Contraloría en la que se concluyó que "se genera daño patrimonial al Estado por 8.614.674.574 pesos, por cuanto se han girado recursos (…) sin los soportes que demuestren su ejecución real". LEA TAMBIÉN Con respecto a los peajes, las pérdidas por levantamiento de talanqueras entre 2025 y 2026 llegaron a 177.311 millones de pesos. A eso se suma la estación La Parada, en Norte de Santander, que fue objeto de un atentado terrorista en febrero de 2025 y luego demolida por orden del municipio de Villa del Rosario. Invías adelanta acciones para anular ese acto y "repetir contra las autoridades locales del municipio de Villa del Rosario que lo emitieron".El frente frío que golpeó el Caribe en febrero de 2026 dejó afectaciones por 626.220 millones de pesos en 50 municipios de ocho departamentos. Sin embargo, cinco meses después la contratación seguía sin arrancar. En el Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, los equipos electromecánicos están bodegados desde noviembre de 2024 a la espera de que la Gobernación de Antioquia termine unas obras civiles proyectadas para 2027. Y el viaducto del kilómetro 58, en la vía Bogotá–Villavicencio, inaugurado a principios de 2025, sigue bajo custodia de Invías porque "no ha sido recibida formalmente por la ANI ni por la Concesionaria Vial Andina".A esto se le suma que por la Dirección General de Invías han pasado ocho funcionarios entre agosto de 2022 y junio de 2026. Además, de los 997 cargos de carrera administrativa de la entidad, 279 quedan sin llenar. Sobre las quejas disciplinarias contra sus funcionarios, se pasó de 49 en 2022 a 224 en 2025. Más noticias Sigue toda la información de Datos en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
