Las moratorias previsionales nacieron en 2005 como una respuesta improvisada y demagógica ante una deficiencia de la normativa vigente. Cada vez más personas llegaban a la edad de retiro sin los 30 años de aportes exigidos por la ley. En lugar de revisar las reglas, se les permitió completar los períodos faltantes simulando haber trabajado como autónomas y generando una deuda que luego se descontaba de la propia jubilación.
Fue planteado como una medida de emergencia, pero sucesivas prórrogas la convirtieron en una política de Estado. Las moratorias se sucedieron durante dos décadas y terminaron siendo la principal puerta de entrada al sistema. En 2024, de los aproximadamente 7 millones de beneficios que pagaba el Estado nacional, unos 4 millones habían sido otorgados mediante alguna moratoria. La ficción de los aportes “comprados” se había transformado en un mal mecanismo para compensar la informalidad laboral y la rigidez del sistema previsional.
¿Estuvo bien no renovar la moratoria?
La última moratoria venció el 23 de marzo de 2025 y el Gobierno decidió no prorrogarla. La decisión fue correcta. Ampliaba la cobertura, pero de una manera inequitativa e insustentable.
Una persona que había aportado durante casi toda su vida laboral podía terminar cobrando un haber parecido al de otra que había contribuido muy poco. Además, al otorgar una jubilación contributiva, la moratoria podía generar una pensión por fallecimiento y facilitar la acumulación de beneficios. Más allá de las declamaciones, este ingreso masivo e indiscriminado de jubilados sin aportes se viene financiando con la licuación de los haberes de las personas que hicieron aportes.
