En sus primeras declaraciones como procuradora penitenciaria general, Bettina Croppi afirmó que hay un exceso de prisiones preventivas en Córdoba; admitió que las cárceles están superpobladas, y que la situación no se revertirá a pesar de que se sume el Cemax, la nueva cárcel de máxima seguridad cuya inauguración está prevista en marzo de 2027. En la entrevista que concedió a Perfil Córdoba, no esquivó definiciones políticas sobre la postergación sin fecha de la asunción de Iván Rodríguez como procurador adjunto, al cuestionar la “liviandad” con que se presentan denuncias contra magistrados en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia.
El 26 de junio asumió al frente del nuevo organismo creado a fines del año pasado. La secundan Guadalupe Trillo Pellizari y María Florencia Degano. Hay una lista de 20 empleados, técnicos y administrativos, que esperan la designación. El objetivo central es monitorear los derechos de los internos de las nueve cárceles de Córdoba: Bouwer, San Francisco, Río Cuarto, Villa María, Villa Dolores, Cruz del Eje, Montecristo y la Unidad de Contención del Aprehendido en la Capital.
—¿Cuál es la tarea de la Procuración Penitenciaria?
—Según la ley de creación (11.085) el cometido funcional es la protección, garantía y defensa de los derechos humanos de cualquier persona privada de la libertad, en contexto de encierro, ya sea cautelar o condenatorio; y en las circunstancias de traslado. El objetivo es garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad desde el momento mismo de la aprehensión hasta que recuperan su libertad.
