El gobierno de Martín Llaryora dio un paso concreto para destrabar la puesta en marcha de la Procuración Penitenciaria de Córdoba: solicitó al Tribunal Superior de Justicia que fije la fecha de jura de sus nuevas autoridades y ofreció cuatro opciones en la última semana del mes, que se precisará más pronto que tarde.
El organismo, creado por ley en diciembre de 2025, nunca llegó a funcionar. Su lanzamiento acumuló postergación tras postergación hasta quedar atrapado en el peor momento político posible: la conmoción pública por el femicidio de Agostina Vega.
El nombre que no aparecerá en ese acto es el de Iván Rodríguez. El fiscal tiene pliego aprobado por la Unicameral para asumir como Procurador Penitenciario Adjunto, pero su trayectoria reciente lo convirtió en una figura imposible de sostener en cualquier escenario de visibilidad institucional.
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Rodríguez fue el fiscal que en mayo de 2025 autorizó la liberación de Claudio Barrelier –principal acusado por el femicidio de la adolescente de 14 años- tras apenas 20 días de detención y una fianza de cinco millones de pesos, mientras el expediente por privación ilegal de la libertad agravada de otra mujer permanecía abierto y sin resolución.
