La situación de Iván Rodríguez se convirtió en un problema político que atraviesa a los tres poderes del Estado cordobés. La decisión de postergar su jura como procurador penitenciario adjunto permitió “ganar” algo de tiempo, pero dejó abierta una discusión de fondo: qué hacer con un funcionario cuyo pliego ya fue aprobado por la Legislatura, cuya designación fue impulsada por el Poder Ejecutivo y cuya asunción depende ahora del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
La pregunta circula en los pasillos de la Unicameral: ¿qué hacer con Rodríguez? Las respuestas dependen de la biblioteca jurídica y política desde la que se mire el conflicto. Hay quienes sostienen que debe avanzar el proceso institucional previsto y que el fiscal debe asumir para luego enfrentar un eventual jury. Otros entienden que el escenario extraordinario habilita una revisión de su designación antes de que el cargo quede formalmente consolidado.
Por ahora, la primera salida encontrada fue una suspensión de hecho. Rodríguez permanece en un punto intermedio: continúa como fiscal porque —por ahora— no se incorporará a la Procuración Penitenciaria, un organismo creado recientemente por el oficialismo, con cargos vitalicios y sueldos de máxima categoría, para proteger los derechos y garantías de las personas privadas de libertad en la provincia.
