El cruel femicidio de la adolescente Agostina Vega (14) el 24 de mayo pasado provocó un tembladeral en el Ministerio Público Fiscal, el órgano encargado de investigar los delitos. No es un poder más, es la puerta de ingreso donde el ciudadano acude a pedir justicia. Las internas de poder, relevantes sólo para quienes las protagonizan, lo único que hacen es perjudicar el servicio.
Apenas el fiscal Raúl Garzón confirmó el hallazgo de los restos de la adolescente surgió una catarata de cuestionamientos a su actuación. Primero, por la forma de comunicar en la conferencia de prensa del sábado 30 de mayo, pero también por la cronología de los hechos, desde el día en que la madre de la adolescente, Melisa Heredia, hizo la denuncia hasta la activación del Alerta Sofía, el miércoles 27 de mayo.
Después de la detención de Claudio Barrelier, el martes posterior al hallazgo de los restos de Agostina, surgió el dato de la denuncia de una mujer que el presunto homicida mantuvo amordazada en su casa en mayo del año pasado. Pudo zafar y pedir ayuda. El hecho fue investigado por el fiscal de Instrucción, Iván Rodríguez. A los 20 días de la detención ordenó la libertad bajo una serie de condiciones. Nunca resolvió la causa.
