0:000:00El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia ArtificialDoctores tiene la Iglesia y sabios tiene el derecho. Y yo no soy, vaya esto por delante, uno de ellos, pero, viendo lo que estamos viendo, tal vez me disculparán que me atreva a opinar. Porque lo de la judicatura española–o al menos una parte de ella, empecemos a protegernos y a tomar precauciones– hace tiempo ya que es un dislate. Y sin dejar de proclamar lo obvio, es decir, que una mayoría de juezas y jueces trabajan a diario en favor de esa otra gran palabra, la justicia, una minoría está poniendo la honorabilidad e imparcialidad de su profesión en seria duda.Artículo 127 de la Constitución española: los jueces o magistrados en activo “no podrán pertenecer a partidos políticos o sindicatos”. Y sin embargo, y baste la prueba de la ardua selección de componentes del Consejo General del Poder Judicial, en la prensa se nos habla de jueces del PP o del PSOE con total y espeluznante claridad. Existe, claro está, la excepción del Tribunal Constitucional, donde sus miembros sí pueden ser militantes, porque ellos mismos se han excluido del poder judicial, pero casi no es necesario señalarlo, porque el más Alto Tribunal del reino también parece haberse transmutado en tribunal de parte.Va a haber que reformar a fondo la justicia española, con toda la dificultad parlamentaria que se quieraNo sé si sus señorías son capaces de verlo, pero el desprestigio es enorme y me temo que va a ser duradero. Jueces togados manifestándose a las puertas de sus juzgados. Instrucciones inverosímiles, penas absurdas y sentencias incomprensibles. Los distintos tiempos, ritmos y ganas. La aberración –sí, me atrevo a escribirlo– de la instrucción del juez Peinado. Y un corporativismo sordo y ciego que nos hace rogar a los pobres ciudadanos por no tener que vernos nunca frente a según qué jueces. Mientras tanto, la figura de la acusación popular se halla pervertida por asociaciones de gentes que hacen política desde el juzgado, al tiempo que los partidos políticos judicializan la política.La igualdad de armas –ese concepto diáfano– brilla por su ausencia, y hay un divorcio claro entre jueces y fiscales del que una buena parte es achacable también a las injerencias políticas. Dani DuchPero es que hemos visto condenar sin pruebas fiables y tangibles al fiscal general del Estado o al hermano del presidente. Y si no nos ciega el odio, todo este carrusel de argumentos engañosamente razonados puede dejarnos en una situación muy peligrosa.Condenas con indicios pero sin pruebas creo, aunque insistiré en mi ignorancia, que se han dado desde hace mucho. Si los indicios son sólidos y especialmente si son numerosos, pueden suplir la carga de la prueba real y efectiva. Pero en España estamos yendo mucho más allá y se está fallando –¡qué hermoso y apropiado término!– por convicción. Sí, por convicción de sus señorías.Lo vuelvo a decir: solo sé que no sé nada. Mas recuerdo bien una primera sentencia por convicción del tribunal. Fue la del juicio sobre los GAL. Y debo decirles que me impresionó que la sala reconociese que no tenían pruebas, pero que habían reunido la convicción moral de la culpabilidad de los acusados. Para mí, ahí se cruzó una línea en la arena de las que acaban separando un continente de otro.Ahora mismo, la convicción de los juzgadores se ha convertido en una nueva verdad, una realidad judicial. Porque así lo veo y así lo juzgo y fallo.Hace ya algún tiempo que creo que los miembros del Consejo General del Poder Judicial deben seguir siendo propuestos por las Cortes, pero que, para evitar bloqueos, se puede proceder a nombrarlos mediante insaculación, como se hace con las juntas electorales. Es solo una modesta proposición para desatascar algo este atoramiento, esta oclusión tan difícil de digerir en la que estamos. Pero no basta con ello, ni mucho menos. Va a haber que, con toda la dificultad parlamentaria y de negociación que se quiera, reformar a fondo la justicia española. Que, por cierto, cuando hablamos de la judicatura nos referimos a ella como La Justicia, pero nunca hablamos del Parlamento como La Ley. Y tal vez por ahí, por esos aparentes detalles, se nos deshilacha también nuestra democracia. Los jueces no hacen las leyes, las aplican. Y sus instrucciones y sentencias deberían estar radicalmente libres de prejuicios.