La construcci�n exige al Gobierno actualizar precios ante el aumento de las licitaciones desiertas: "Si la pol�tica de vivienda se quiere poner en marcha, tenemos un problema"

Actualizado Jueves,

julio

14:45La falta de una actualizaci�n en los presupuestos de los contratos p�blicos amenaza con la pol�tica de vivienda del Gobierno de Pedro S�nchez. Ante la paralizaci�n de proyectos por culpa de los sobrecostes, el presidente de la Confederaci�n Nacional de la Construcci�n (CNC), Pedro Fern�ndez, ha advertido que "si la pol�tica del Gobierno tan centrada en vivienda se quiere poner en marcha, estamos teniendo un problema si no damos una cl�usula de estabilizaci�n de precios. Porque prever cu�nto va a costar lo �ltimo que pone en una obra de vivienda, que es dentro de 36 meses, es dif�cil preverlo".As� lo han informado durante la presentaci�n de su informe, que recoge los datos registrados entre enero y junio de 2026: al menos 1.130 licitaciones de obra p�blica han quedado desiertas lo que ha impedido iniciar proyectos por un importe superior a los 707 millones de euros.Aunque la exigencia de actualizar los precios no es una novedad para las empresas constructoras, el sector alerta de la gravedad actual al tratarse de unas cifras r�cord acumuladas en un periodo inusualmente corto de apenas seis meses. Tras soportar incrementos de entre el 31% y el 36% en los costes de edificaci�n y urbanizaci�n durante la �ltima d�cada, las compa��as argumentan que �los n�meros no salen�. Ante la falta de mecanismos autom�ticos que adapten los presupuestos a la inflaci�n, se ven obligadas a rechazar los concursos.Este escenario choca con la recientes apuesta impulsada desde Moncloa. El Gobierno aprob� el nuevo Plan Estatal de Vivienda que busca blindar el parque p�blico con un presupuesto de 7.000 millones de euros. Con una inversi�n que triplica la del anterior, el Consejo de Ministros ratific� el pasado 21 de abril un paquete de medidas que contempla que las viviendas mantengan la calificaci�n de protegidas de forma permanente. Sin embargo, la viabilidad de estas grandes inversiones est� en entredicho; de hecho, actuaciones de gran envergadura como la promoci�n de viviendas protegidas en Las Palmas de Gran Canaria, dotada con m�s de 29 millones de euros, ya han quedado desiertas por falta de postores.El tel�n de fondo de estas cifras se encuentra en las recientes tensiones geopol�ticas. Seg�n los datos de la patronal entregados por EL MUNDO, las consecuencias de la guerra en Oriente Pr�ximo han impactado en la campa�a de asfaltado de las carreteras espa�olas para este verano, con casi 900 millones de euros licitados en peligro de par�lisis. Ante esta situaci�n, el Ministerio de Hacienda autoriz� una revisi�n de precios excepcional el pr�ximo septiembre para la empresa p�blica Tragsa, pero mantiene denegada esta misma medida de urgencia para las constructoras privadas.Esta situaci�n se agrava en los ayuntamientos y comunidades aut�nomas porque, a diferencia de la Administraci�n General del Estado, a menudo omiten las cl�usulas de revisi�n de precios en sus pliegos. Seg�n Fern�ndez, estas administraciones prefieren no justificar la revisi�n para evitar el tr�mite administrativo y quitarse "un problema de en medio", obligando al adjudicatario a asumir en solitario todo el riesgo de inflaci�n. Como resultado, la AGE representa menos del 20% de los expedientes afectados por el abandono.A su vez, la patronal ha detectado 747 licitaciones que contaron con un �nico licitador, lo que eleva a 1.877 los procedimientos de contrataci�n p�blica con concurrencia nula o insuficiente en tan solo medio a�o.En Espa�a, el 33% de los contratos se adjudican a un �nico postor, cinco puntos por encima de la media de la Uni�n Europea (28%) y muy lejos del umbral inferior al 10% que Bruselas considera satisfactorio. La Comisi�n Europea califica este alto nivel de licitadores �nicos como una "red flag", seg�n Fernandez, por las posibles irregularidades o disfunciones que insin�a. Desde la CNC descartan que la causa principal en nuestro pa�s sean unas exigencias desproporcionadas de solvencia o unos pliegos restrictivos, ya que la patronal suele impugnarlos con �xito, y apuntan a la nula rentabilidad econ�mica.El problema de fondo radica en la imposibilidad de cuadrar las cuentas frente a los extensos plazos de la obra p�blica. Las constructoras operan habitualmente con m�rgenes de beneficio inferiores al 5%, un colch�n a todas luces insuficiente para absorber un incremento global de los costes de producci�n que ha rondado entre el 30% y el 40% durante la �ltima d�cada. Ciertos sectores han sufrido impactos a�n mayores, como la edificaci�n (con subidas de hasta el 35%)o las carreteras, que se han encarecido hasta un 43% por el alza disparada de los materiales bituminosos y la energ�a.El mapa de la par�lisis se extiende por toda la geograf�a espa�ola, aunque Andaluc�a (284 expedientes desiertos), Catalu�a (199), la Comunidad Valenciana (127) y Extremadura (106) concentran de forma conjunta m�s del 63% del problema. A los problemas residenciales se suman proyectos frustrados como la construcci�n de una nave log�stica en El Prat (casi 50 millones de euros), la nueva Ciudad de la Justicia de Valladolid (35 millones) o infraestructuras cr�ticas como dep�sitos de combustible en C�diz (32 millones).Pese a los grandes presupuestos paralizados, los altos precios impactan a las peque�as y medianas empresas que trabajan para la administraci�n local. M�s de ocho de cada diez licitaciones desiertas, es decir, el 82% corresponden a contratos con un importe inferior a los 500.000 euros. Son obras que presentan menores barreras de acceso y que, en muchos casos, ni siquiera exigen una clasificaci�n previa del contratista para poder presentarse al concurso. Sin embargo, nadie quiere postular a estas por la incertidumbre.Ante este escenario de colapso, la CNC ha reiterado mediante varias cartas al Ministerio de Hacienda la exigencia de modificar urgentemente la Ley de Contratos del Sector P�blico y la Ley de Desindexaci�n. El objetivo �ltimo del sector es excluir la contrataci�n p�blica de esta normativa para permitir mecanismos autom�ticos de actualizaci�n que garanticen la supervivencia de las empresas, reactiven la libre competencia y pongan fin al estrangulamiento de las infraestructuras.