Madrid (EFE).- Una acusación popular en el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha solicitado al Tribunal de Cuentas que investigue, cuantifique y en su caso ordene devolver las cantidades que abonó la Diputación de Badajoz por el puesto de Sánchez y por el de Luis María Carrero, también condenado por prevaricación administrativa.
La Audiencia de Badajoz condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación para empleo público como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa relacionado con el cambio de nomenclatura de su puesto de trabajo en la Diputación.
La sentencia
La sentencia condenó a otras diez personas, entre ellas Luis María Carrero, amigo personal de David Sánchez y ex jefe de Coordinación de Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación, a quien también impuso inhabilitación para empleo o cargo público por nueve años.
La sentencia explicaba que «la pretensión relativa a la devolución de los salarios obtenidos por Don David Sánchez y Don Luis María Carrero solo podría ser ejercida por la Entidad Local pagadora de tales sueldos o por el Ministerio Fiscal si hubiera formulado acusación», cosa que no hizo, y detallaba que «habría de reservarse el correspondiente pronunciamiento a la jurisdicción contable que incumbe al Tribunal de Cuentas».
