David Vigario M�ridaActualizado Jueves,
julio
07:01Una de las acusaciones particulares del caso del 'herman�simo' ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas para que David S�nchez P�rez-Castej�n, que fue condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a 9 a�os de inhabilitaci�n por prevaricaci�n administrativa, devuelva todos los ingresos que cobr� de la Diputaci�n provincial pacense desde su acceso como alto cargo en 2017 hasta su dimisi�n en 2025. "La presente acci�n p�blica contable constituye precisamente el cauce legal establecido para que tales hechos sean examinados por el Tribunal de Cuentas y para que, mediante las correspondientes actuaciones previas, se determine si los pagos efectuados produjeron un da�o patrimonial resarcible", se�ala en el escrito Luis Mar�a Pardo, presidente de 'Iustitia Europa'. La sentencia de los tres magistrados de la Audiencia Provincial especific� que los salarios obtenidos por David S�nchez (y tambi�n por Luis Mar�a Carrero, el amigo del m�sico contratado por la Diputaci�n cuando aquel ocupaba el puesto de asesor de Comunicaci�n en Moncloa) s�lo podr�an ser devueltos en una acci�n que hubiera instado "o bien la entidad pagadora de tales sueldos, es decir la instituci�n provincial, o por el Ministerio Fiscal si hubiera formulado acusaci�n". En este sentido, a�ade que "habr�a de reservarse el correspondiente pronunciamiento a la jurisdicci�n contable que incumbe al Tribunal de Cuentas". Seg�n se especifica en el escrito, las retribuciones brutas que habr�a recibido David S�nchez durante este tiempo ascienden a 340.572,6 euros mientras que las de Luis Mar�a Carrero, que tambi�n fue declarado culpable, son de 86.988,76 euros correspondientes al periodo entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de junio de 2025. Ambas cifras suman un total de 427.561,12 euros, aunque, se�ala Iustitia Europa, "las cifras anteriores deber�n ser verificadas mediante requerimiento a la Diputaci�n Provincial de Badajoz para que aporte las n�minas mensuales, certificados de haberes, cotizaciones sociales, contratos, nombramientos, resoluciones de excedencia, permisos, altas, bajas y ceses as� como los documentos de autorizaci�n, disposici�n, reconocimiento de la obligaci�n, ordenaci�n y materializaci�n de cada pago". La asociaci�n pone de especial relieve que la sentencia declara que, desde su contrataci�n, el hermano del presidente del Gobierno "apenas acudi� a su puesto de trabajo, que sus contactos con los directores de los conservatorios fueron espor�dicos y que terminaron siendo pr�cticamente inexistentes y que no cumpli� con las obligaciones laborales asumidas en el contrato". Despu�s de concretar una serie de hechos probados por la sentencia en cuanto a la relaci�n laboral del m�sico con la Diputaci�n, dicha asociaci�n se�ala que lo ocurrido "trasciende de la mera irregularidad administrativa en la creaci�n del puesto" por lo que plantean "la posible existencia de pagos peri�dicos realizados sin la contraprestaci�n contractual que lo justificaba as� como el eventual mantenimiento de una relaci�n retributiva pese al conocimiento de la falta de cumplimiento de sus funciones esenciales". As� las cosas, 'Iustitia Europa' se�ala que procede determinar "qu� funciones se prestaron efectivamente en cada periodo (en referencia tambi�n al cambio de puesto a Jefe de la Oficina de Artes Esc�nicas), cu�les funciones contractuales fueron incumplidas, autoridades o funcionarios certificaron o dieron por cumplida la prestaci�n, �rganos que reconocieron y ordenaron las obligaciones econ�micas y si existieron controles de presencia, actividad, objetivos y resultados". Con respecto a Luis Mar�a Carrero se se�ala que la sentencia hace referencia a una plaza igualmente "vacua, reservada de antemano a su destinatario", por lo que cabr�a averiguar "las funciones realmente desarrolladas y la utilidad p�blica efectiva de las mismas". La asociaci�n tambi�n se�ala a una serie de cargos, como Miguel �ngel Gallardo como presidente de la Diputaci�n como a otros puestos de confianza y funcionarios" para investigar las conductas que tuvieron en el caso con el fin de fiscalizar el pago de las n�minas. Luis Mar�a Pardo, presidente de Iustitia EuropaE.MLa asociaci�n recuerda que la sentencia examin� expresamente la pretensi�n de devoluci�n de los salarios y remiti� su conocimiento al Tribunal de Cuentas. Por ello, a�ade la asociaci�n, "la incoaci�n y sustanciaci�n del procedimiento penal interrumpi� el plazo de prescripci�n de las responsabilidades contables derivadas de los mismos hechos y, as� mismo, si los hechos son constitutivos de delito". Por �ltimo, la asociaci�n pide al Tribunal de Cuentas que requiera a los presuntos responsables para que depositen o afiancen las cantidades provisionalmente liquidadas y adopte, en caso de falta de afianzamiento, las medidas de embargo previstas legalmente. Adem�s, pide que se investigue el contenido del expediente de gasto de la producci�n denominada 'La Paz Perpetua' que tuvo un coste para la Diputaci�n de 128.000 euros y una recaudaci�n en taquilla de aproximadamente 2.000 euros. La obra fue dirigida por David S�nchez P�rez Castej�n.
