Al granoLas leyes no se modifican con frecuencia, por eso, cuando la oportunidad se presenta, hay que aprovecharla para articular marcos eficientes y con claridad.
La iniciativa de Ley General del Sistema Portuario vuelve a ser noticia. Según se ha informado, al anteproyecto se le han formulado 34 enmiendas. No entro aquí a juzgar el mérito de cada una. El dato, por sí solo, revela un problema anterior: el concepto que sostiene la propuesta no está suficientemente claro.
Esto es lamentable porque Guatemala no puede darse el lujo de seguir aplazando una reforma portuaria seria. Nuestra ubicación geográfica ofrece una ventaja evidente, pero la geografía, por sí misma, no produce desarrollo. Para aprovecharla se necesitan inversiones portuarias de gran escala, reglas comprensibles y procedimientos que den certeza a quienes estén dispuestos a invertir.
Una ley portuaria no tendría que ser un laberinto. Su función principal debería ser definir, con sencillez y precisión, los requisitos legales y los procedimientos administrativos para desarrollar puertos estatales, puertos bajo la modalidad de alianzas público-privadas y puertos privados. También debe ordenar la autoridad estatal encargada de conocer, estudiar y resolver las solicitudes privadas y las iniciativas estatales.
