Al granoEl régimen portuario puede dar al país un impulso extraordinario, hay que aprovechar la oportunidad.
Es motivo de celebración que el Congreso de la República y el Organismo Ejecutivo hayan volcado su atención hacia el sistema portuario nacional. La reciente aprobación del decreto 26-2024 y la discusión de una iniciativa de Ley General del Sistema Portuario evidencian una impostergable toma de conciencia: el modelo portuario actual, agotado por la ineficiencia, los altos costos y la vulnerabilidad institucional, es un pesado lastre para nuestros exportadores, importadores y para la competitividad general de la economía. Reconocer que el statu quo ya no es sostenible es el primer y más importante paso.
Asimismo, es un acierto conceptual abrir decididamente el desarrollo de puertos, terminales especializadas y servicios conexos a la inversión privada, tanto nacional como extranjera. El dinamismo del comercio marítimo global exige un ritmo de inversión en infraestructura y tecnología que el presupuesto público simplemente no puede asumir de forma aislada.
Sin embargo, el éxito del viraje estratégico no dependerá de la buena voluntad, sino de la arquitectura jurídica que diseñemos. Al analizar la normativa vigente y las propuestas en agenda, se observa una tendencia a crear estructuras innecesariamente complicadas, de un marcado acento formalista y excesivamente reglamentarias en lo orgánico, que corren el riesgo de ahogar la agilidad comercial en un mar de burocracia.
