EDITORIALLos puertos guatemaltecos son parte de un sistema más grande, pero hasta ahora parecen ínsulas.
La iniciativa de ley del Sistema Portuario Nacional lleva décadas de rezago. Las causas van desde la indolencia hasta la conveniencia de ciertos grupúsculos enquistados en el Estado. En todo caso, la nueva normativa trae un cargamento de expectativas de mejora en la calidad de gestión, seguridad y modernización de esta infraestructura desde la cual salen e ingresan mercancías y materias primas del sistema productivo del país. Por ello es crucial una discusión técnica y no politiquera, menos aún sesgada por aviesas intencionalidades.
La décima legislatura tiene una oportunidad, contra reloj, de dotar a Guatemala de un marco legal moderno para ordenar un sistema portuario que hoy funciona de manera fragmentada. Pero precisamente por ser un proyecto tan trascendental, también existe el riesgo de que se trastoque. Actualmente existen 32 enmiendas en discusión, las cuales efectivamente son parte natural del trabajo parlamentario. Una ley de esta magnitud merece revisión, debate y perfeccionamiento. Lo preocupante sería que, so pretexto de “mejorarla”, algunos actores intentaran introducir disposiciones que resten eficacia al nuevo modelo institucional, multipliquen los vetos internos o respondan a intereses ajenos al bien y la seguridad común.
