La construcción del quinto puente comenzó el pasado 23 de julio con la promesa de transformar la movilidad del transporte pesado hacia los puertos de Guayaquil. Sin embargo, para el Gobierno del presidente Daniel Noboa, la obra persigue un segundo objetivo: convertir el nuevo corredor logístico en una herramienta para reducir robos de carga, evitar la contaminación de contenedores y fortalecer el control estatal sobre una de las rutas comerciales más importantes del país.Esa estrategia consta en documentos técnicos del Ministerio del Interior facilitados a este Diario, en los que el proyecto es definido como una “intervención táctica de seguridad estatal” que combina cambios en la infraestructura con un sistema de vigilancia tecnológica.Pero el propio Estado también advierte desafíos. Un informe prospectivo de la Policía Nacional, al que también tuvo acceso este Diario, concluye que la nueva infraestructura modificará la geografía del delito y obligará a las organizaciones criminales que operan en Guayaquil, Durán, Yaguachi y Naranjal a reconfigurar sus zonas de influencia para mantener el control sobre las rutas de carga.PublicidadEste análisis coincide con el inicio de la construcción del tramo 1A del quinto puente, una inversión de $ 134,8 millones que comprende un viaducto de 1,2 kilómetros sobre la avenida Cacique Tomalá y un paso a desnivel en la avenida 25 de Julio. Esa intervención constituye la primera fase de un corredor logístico de cinco tramos con aproximadamente 44 kilómetros, cuya inversión total superará los $ 1.400 millones y que busca conectar los corredores productivos del país con los puertos del sur de Guayaquil.Menos tiempo, menos oportunidades para el delitoPara el ministro del Interior, John Reimberg, uno de los principales beneficios de la obra será disminuir la exposición del transporte pesado a los riesgos que hoy enfrenta al atravesar zonas urbanas congestionadas.“Son muchos los beneficios en el tema de seguridad. Primero, acortar la ruta, que sean más rápidos, que no tengan que parar en el camino, que no tengan estos congestionamientos que se forman por los lugares por los que pasan, que afectan no solamente a quienes viven allá, sino también a la carga pesada, que muchas veces por estos tráficos es propensa a que sucedan robos o contaminaciones de contenedores”, dijo a EL UNIVERSO.PublicidadPublicidadLa afirmación coincide con la primera fase de la estrategia diseñada por el Ministerio del Interior, denominada “Impacto estructural y reducción de la criminalidad”, que parte de una premisa: modificar el entorno físico también cambia las oportunidades para delinquir.El documento sostiene que actualmente el transporte pesado debe cruzar por corredores urbanos considerados vulnerables, como la vía Perimetral y otros sectores donde operan estructuras delictivas dedicadas al robo de contenedores y la extorsión. La propuesta consiste en desviar ese flujo hacia un corredor exclusivo que reduzca el contacto con esas zonas. El tiempo pasaría de dos horas y más a entre 40 y 50 minutos. Ese proceso es descrito como una “ruptura del vector de oportunidad”, al sacar de los sectores donde actualmente existe mayor riesgo de interceptación la circulación de bienes estratégicos.La segunda medida busca eliminar los llamados cuellos de botella.Según el análisis, el tráfico lento o completamente detenido crea las condiciones ideales para el delito de oportunidad y los asaltos planificados. Un corredor con circulación continua, en cambio, reduce el tiempo durante el cual un vehículo puede ser interceptado.Reimberg sostiene que esa reducción de tiempos tendrá un impacto directo en la seguridad de las exportaciones.Publicidad“El disminuir el tiempo, el que venga por una sola vía y que no tenga que detenerse en el camino es una forma de asegurar el transporte de la carga y que no puedan desviarla para luego contaminarla, que es algo que ha sucedido aquí en el país”, sostiene.Precisamente, otro de los objetivos de la primera fase consiste en disminuir la denominada contaminación de contenedores. El ministerio plantea que una conexión directa entre los ejes productivos y las terminales portuarias reducirá las paradas forzadas y los desvíos, disminuyendo las oportunidades para introducir sustancias ilícitas en la carga de exportación.También señala que la nueva infraestructura fortalecerá la presencia del Estado en zonas donde actualmente existen rutas utilizadas por grupos de delincuencia organizada para movilizarse entre Guayaquil y Durán.El corredor también tendrá un blindaje tecnológicoLa estrategia del Ministerio del Interior contempla una segunda etapa denominada “Blindaje tecnológico e integración de sistemas”, que busca que el quinto puente nazca con herramientas permanentes de monitoreo e inteligencia.La propuesta incluye pórticos con lectores automáticos de placas (LPR), sensores de pesaje dinámico, sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID), cámaras analíticas distribuidas a lo largo de los 44 kilómetros del corredor, detección automática de incidentes y monitoreo permanente conectado a plataformas de despacho de emergencias.También contempla sistemas para detectar drones utilizados por organizaciones criminales y proteger las comunicaciones oficiales, de manera que toda la información generada durante la operación del corredor alimente en tiempo real a las unidades de inteligencia policial.Obra modificaría el escenario criminalAunque el informe de la Policía coincide en que el proyecto puede convertirse en una ventaja para la seguridad, también advierte que modificará el escenario criminal.El documento identifica la presencia de Los Lobos, Mafia 18 y Los Lagartos en el sur portuario de Guayaquil; de Chone Killers en Durán; y de Águilas en Yaguachi y Naranjal, organizaciones que actualmente disputan corredores utilizados para la contaminación de carga, el cobro de extorsiones y el robo al transporte pesado.Según el análisis, al unir territorios hoy controlados por distintas organizaciones, el quinto puente obligará a una reconfiguración del mapa criminal. Las vías secundarias, caminos rurales y distribuidores de tráfico adquirirán un nuevo valor estratégico para el desplazamiento de grupos delictivos, el transporte de armas, el traslado de vehículos robados y otras economías ilegales.La Policía también identifica riesgos durante la etapa de construcción. Entre ellos figuran posibles extorsiones a empresas contratistas, robo de maquinaria, combustible y materiales, además de presiones para obtener contratos y cupos laborales mediante estructuras criminales. A ello se suma el potencial aprovechamiento de los conflictos derivados de las expropiaciones para promover invasiones o tráfico ilegal de tierras.Por esa razón, el informe concluye que las medidas de seguridad no deberían esperar a la inauguración del puente en 2029, sino implementarse desde la fase constructiva mediante patrullajes, control del entorno e integración de sistemas tecnológicos de vigilancia.Para Reimberg, el primer paso ya se dio: “Lo importante es que se empezó. Aquí han tenido cuenteados a los guayaquileños, han tenido cuenteados a los ecuatorianos con una obra a la que no le pusieron ni la primera piedra. Hoy se concretó, hoy se lo está haciendo. Esto es trabajar a futuro definitivamente. (...) Esta obra es fundamental y ya era hora de que empezara. El presidente lo ha podido materializar y esto es algo muy positivo para la ciudad de Guayaquil y para el Ecuador”. (I)