El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un Real Decreto para impulsar la descarbonización y el fomento de los combustibles renovables para el sector del transporte.La medida viene a responder a la demanda del sector gasista de favorecer la introducción de combustibles renovables de nueva generación, como el metanol, el biodiesel, el SAF específico para los aviones o el hidrógeno verde capaces de acelerar los objetivos de reducción de emisiones en los sectores más difíciles de electrificar como son el transporte pesado por carretera, la navegación o la aviación.En la consulta pública sobre esta normativa que el Gobierno lanzó hace ahora justo un año, sin tener en cuenta el impacto de la guerra de Irán que todavía no se había iniciado, estimaba un ahorro más de 3.000 millones anuales en importación de combustible fósil en 2030, lo que supone rebajar un 10% del déficit energético de la balanza comercial.El Real Decreto que se aprobará este martes supone la transposición de una parte de la legislación europea que implica poner objetivos de inclusión de este tipo de carburantes para 2030 y 2040 lo que garantiza que habrá un mercado para los productores de estos nuevos carburantes.El impulso de estos nuevos biocarburantes se complementa con un apoyo complementario a la electrificación con la creación de lo que el Ministerio de Transición Ecológica denomina “e-credits”. Es decir, un sistema que permitirá contabilizar la energía renovable consumida por los vehículos eléctricos y que puede proporcionar ingresos adicionales a los operadores de puntos de recarga.La normativa que verá la luz, incluye un objetivo de reducción de las emisiones por carretera del 17.6% en 2030 y del 30% en 2040. La actual regulación que exige incluir un porcentaje de biodiesel y bioetanol en los carburantes se mantiene sin variación. Pero se nuevos objetivos que obligan también a incluir otros biocarburantes avanzados, biogás, hidrógeno verder y combustibles de origen no biológico (RFNBO, por sus siglas en inglés) o biocombustibles sintéticos como los denomina el sector , y bioalcoholes avanzados. Por ejemplo, los biocarburantes y el biogás avanzados, junto con el hidrógeno verde deben alcanzar conjuntamente el 8% del carburante en 2030 y el 22% en 2040.En la navegación se consideran básicamente los volúmenes de combustible destinados a cabotaje, esto es, entre puertos españoles, con una senda anual de objetivos de reducción de gases de efector invernadero del 9% en 2030 y el 33% en 2040. Para el ferrocarril no electrificado, la senda fija una reducción se establece entre el 10% en 2030 y el 50% en 2040.Para el transporte aéreo se reconocen los objetivos del Reglamento ReFuelEU Aviation, con un 6% de combustibles sostenibles en 2030 y un 34% en 2040, medido en toneladas.La nueva normativa también establece la obligación de garantizar la trazabilidad de la producción de los nuevos combustibles, para dejar fuera del mercado aquellos que pudieran proceder de alguna competencia con la agricultura, como ocurría con los biocombustibles de primera generación. Además se aprueba un nuevo marcar sancionador mucho más estricto que implica hasta la suspensión de actividad para los productores que no cumplan con los requisitos de adición de nuevos combustibles marcados.Con este nuevo marco normativo, España no solo cumple con lo marcado con las directivas europeas en materia de reducción de emisiones en el transporte. Además, impulsa el mercado de los nuevos combustibles para acelerar las inversiones del sector y apuntalar la apuesta del país como hub de combustibles renovables de Europa.En la consulta pública sobre esta normativa que el Gobierno lanzó hace ahora justo un año, sin tener en cuenta el impacto de la guerra de Irán que todavía no se había iniciado, estimaba un ahorro más de 3.000 millones anuales en importación de combustible fósil en 2030, lo que supone rebajar un 10% del déficit energético de la balanza comercial. Licenciada en Periodismo. Master en Información Económica. Ha trabajado como directora en Capital y BolsaCinco. Redactora en Público, El País, El Economista. Jefa de Comunicación en Airef. En La Vanguardia desde 2018