El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto ley con medidas para evitar un nuevo apagón como el sufrido en la península Ibérica el 28 de abril. Y, como adelantó EL PAÍS, el texto supone un impulso a las energías renovables al incluir varias medidas que el sector había solicitado. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha destacado el valor de estas tecnologías en un “contexto geopolítico muy complicado”.
Este real decreto ley nace en parte fruto del informe sobre el apagón que elaboró su departamento, que se presentó la pasada semana. Según Aagesen, ahí identificaron “claramente” y “con rigor” las causas del suceso, vinculado a una sobretensión que no fue debidamente controlada. Pero interrogada sobre la asunción de posibles responsabilidades en Red Eléctrica, una empresa privada pero participada al 20% por el Estado, la vicepresidenta ha asegurado que eso será algo que se derive de los procedimientos administrativos y judiciales abiertos.
Desde el punto de vista administrativo, fuentes de Transición Ecológica apuntan a que la ley que rige el sistema eléctrico señala que es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la que debe realizar la instrucción de este expediente. Una vez que se concluya, la CNMC deberá elevar sus conclusiones a su propio consejo de administración y al Gobierno para que adopten, si lo estiman, las sanciones o medidas que consideren oportunas. De momento, en los propios informes que han presentado tanto Red Eléctrica como las compañías propietarias de las plantas que generan la energía sobre el apagón, todos han rechazado asumir las culpas.
