Ha pasado un mes desde que los terremotos golpearon Venezuela, pero para miles de familias la tragedia está lejos de haber terminado. Las operaciones de búsqueda y rescate pueden estar llegando a su fin y la atención internacional comienza inevitablemente a desplazarse hacia otras noticias. Para los sobrevivientes, sin embargo, apenas comienza la etapa que definirá sus vidas durante los próximos años: el largo, difícil y muchas veces silencioso proceso de recuperación.Lo sé porque ya lo viví. Tenía 12 años en diciembre de 1999, cuando lluvias torrenciales provocaron inundaciones y deslizamientos catastróficos en el estado venezolano entonces llamado Vargas, hoy La Guaira. Sobreviví a una de las peores tragedias naturales en la historia del país. Más de 26 años después, veo a otra generación de venezolanos enfrentarse al miedo, al desplazamiento y a la incertidumbre que marcaron mi infancia. Lo que más me preocupa no es solamente la similitud de la destrucción. Es la posibilidad de que Venezuela repita los errores cometidos después de Vargas, cuando muchas personas sobrevivieron al peligro inmediato, pero nunca recibieron una oportunidad real para reconstruir sus vidas. Cuando me preguntan qué recuerdo de aquella tragedia, suelen esperar que hable del lodo, de las casas destruidas o del terror de las primeras horas. Claro que recuerdo todo eso. Pero también recuerdo lo que ocurrió después, cuando la emergencia dejó de ocupar el centro de la conversación nacional. Venezuela no tenía un plan coherente y de largo plazo para las familias que habían perdido sus hogares. La atención psicológica era escasa, incluso para los niños que habían presenciado la muerte, la destrucción y la desaparición de comunidades enteras. Muchas personas fueron trasladadas sin el acompañamiento emocional, económico e institucional necesario para comenzar de nuevo. Algunos sobrevivientes terminaron regresando a Vargas sin información confiable sobre la seguridad de sus comunidades o sobre las condiciones de las estructuras que los rodeaban. Las soluciones temporales se convirtieron en permanentes. Familias que ya habían perdido casi todo tuvieron que decidir dónde vivir, cómo trabajar y cómo criar a sus hijos mientras enfrentaban el trauma, la incertidumbre y una profunda falta de información. Mi familia tuvo suerte. Contábamos con los recursos para salir de Venezuela y comenzar de nuevo en Estados Unidos. Esa oportunidad no fue el resultado de un programa gubernamental de recuperación para sobrevivientes. Fue producto de circunstancias que muchas otras familias venezolanas no tenían. Esa diferencia me ha acompañado toda la vida.Me enseñó que sobrevivir a una tragedia es apenas la primera parte de la supervivencia. Lo que ocurre durante los meses y años siguientes puede determinar la educación, la salud mental, la estabilidad económica y el futuro completo de una persona. Como periodista, entiendo por qué los primeros días de un desastre reciben la mayor atención. Las imágenes son inmediatas y poderosas. Pero esa visibilidad puede crear la falsa impresión de que, una vez concluidas las labores de búsqueda, lo peor ha pasado. En realidad, la fase más decisiva apenas comienza. Los sobrevivientes permanecen en refugios temporales después de que los periodistas, las cámaras y las delegaciones internacionales se han marchado. Una de las semejanzas más dolorosas entre la tragedia de Vargas y el desastre actual es la incertidumbre sobre las personas desaparecidas. Después de la catástrofe de 1999, muchas familias pasaron años buscando información confiable. Algunas nunca recibieron una explicación definitiva sobre lo ocurrido con sus seres queridos. Hoy, las familias venezolanas vuelven a enfrentarse a cifras cambiantes, datos incompletos y listas extraoficiales. Muchas no saben quiénes podrían seguir bajo los escombros, quiénes han sido recuperados pero aún no identificados o cuántas personas continúan desaparecidas. Esto no es simplemente una discrepancia estadística. Las autoridades venezolanas tienen la obligación de ofrecer un registro creíble, transparente y verificable de los fallecidos y desaparecidos, incluso cuando las cifras sean dolorosas o políticamente perjudiciales. Ninguna familia debería depender de rumores, publicaciones en redes sociales o cadenas de WhatsApp para saber si alguien a quien ama sigue con vida. Los terremotos no pueden evitarse. Pero la magnitud de sus consecuencias no depende únicamente de la naturaleza. También depende de la calidad de las construcciones, del cumplimiento de las normas, de la capacidad de los hospitales para mantenerse operativos, de la existencia de protocolos de emergencia y del equipamiento disponible para los rescatistas. Una catástrofe también revela decisiones tomadas mucho antes de que la tierra comience a temblar. La respuesta a los terremotos ha dejado expuestas graves debilidades institucionales. En muchas comunidades, los ciudadanos se convirtieron en los primeros rescatistas. Los vecinos removieron escombros, buscaron herramientas, reunieron suministros y organizaron la asistencia. Voluntarios, organizaciones humanitarias y venezolanos dentro y fuera del país intentaron llenar los vacíos allí donde pudieron. Su valentía merece reconocimiento. Pero no puede confundirse con la existencia de un sistema nacional de emergencias eficaz. Con frecuencia se elogia la resiliencia de los venezolanos. Hay verdad en esa descripción. La solidaridad demostrada después de esta tragedia ha sido extraordinaria. Sin embargo, el lenguaje de la resiliencia también puede volverse peligroso cuando se utiliza para normalizar el fracaso institucional. La resiliencia no puede significar que los ciudadanos estén condenados a superar cada crisis sin instituciones públicas confiables. Los venezolanos no deberían estar obligados a hacer milagros porque los sistemas creados para protegerlos no funcionan. La solidaridad ciudadana puede fortalecer una respuesta oficial. Nunca debe sustituirla. La historia de Vargas también representa una advertencia sobre el peligro de permitir que las consideraciones políticas interfieran con la ayuda humanitaria. En 1999, el gobierno de Hugo Chávez aceptó inicialmente parte de la asistencia ofrecida por Estados Unidos, pero posteriormente rechazó el despliegue adicional de ingenieros militares y personal estadounidense, alegando razones de soberanía nacional. La lección debería ser clara: la ayuda humanitaria no es un favor político. Aceptarla después de una catástrofe no hace a una nación menos soberana. La soberanía debe medirse por la capacidad de un Estado para proteger a sus ciudadanos, no por su disposición a rechazar asistencia cuando hay vidas en riesgo. Estados Unidos y otros socios internacionales pueden desempeñar un papel importante en la recuperación de Venezuela. Esa responsabilidad no debería limitarse a las operaciones de búsqueda y rescate ni a la entrega inicial de alimentos, agua y suministros. Los sobrevivientes necesitarán viviendas transitorias seguras, inspecciones estructurales independientes, escuelas operativas, atención psicológica y oportunidades para regresar al trabajo. Los niños que perdieron a sus padres, sus hogares o sus comunidades necesitarán apoyo mucho después de que el terremoto deje de aparecer en los titulares internacionales. Washington debería colaborar con organizaciones humanitarias confiables y con socios internacionales para respaldar estos esfuerzos. También debería exigir transparencia sobre las personas desaparecidas, supervisión independiente de los fondos destinados a la reconstrucción y acceso efectivo para las organizaciones responsables de distribuir la ayuda. La interferencia política, los retrasos administrativos y la corrupción pueden convertir incluso los compromisos internacionales más importantes en simples anuncios. Reconstruir las zonas afectadas tomará meses y, en algunos lugares, años. La comunidad internacional debe reconocerlo ahora, antes de que disminuya el interés público y los gobiernos comiencen a tratar esta tragedia como un acontecimiento superado. Para mí, este no es un debate político abstracto. Cada niño desplazado me recuerda a la niña que fui en 1999. Cada familia que me escribe buscando información me devuelve a la incertidumbre que siguió a la tragedia de Vargas. Por eso me he involucrado tanto en los esfuerzos de ayuda. No puedo observar cómo otra generación atraviesa lo mismo que vivió la mía sin utilizar mi voz, mi plataforma y mi trabajo para exigir una respuesta más responsable. Yo pude llegar a Estados Unidos, continuar mis estudios y convertirme en periodista. Pero mi historia no debe utilizarse como prueba de que todos los sobrevivientes inevitablemente saldrán adelante. Yo tuve oportunidades que muchas otras personas nunca tuvieron.La recuperación no debería depender de la suerte, del dinero, de tener familiares en el extranjero ni de la posibilidad de abandonar Venezuela. Nadie debería verse obligado a dejar su país para reconstruir su vida después de haber sobrevivido a una tragedia dentro de él. Un mes después de los terremotos, la pregunta central ya no es únicamente cuántas personas fueron rescatadas. La pregunta es qué ocurrirá con quienes sobrevivieron. Venezuela abandonó a demasiados sobrevivientes después de la tragedia de Vargas. No puede volver a hacerlo.