Nada de lo que vieron los estadounidenses en la transmisión del mensaje a la nación de Donald Trump, la noche del 16 de julio, fue nuevo ni sorprendente. Denuncias sobre cientos de miles de votantes sin ciudadanía estadounidense. Reclamos de robo, compra y hackeo de datos de votantes en 18 estados por parte de China. Referencias a supuestos programas del régimen de Nicolás Maduro para manipular digitalmente las máquinas de votación en 2020. Y el mensaje central de siempre: el sistema electoral estadounidense es vulnerable.Según Trump, la solución pasa por aprobar la SAVE Act para exigir prueba de ciudadanía a todos los votantes. Pero el punto verdaderamente importante es otro: ampliar la capacidad del gobierno federal para intervenir en un sistema electoral históricamente descentralizado y administrado por los Estados. Trump aseguró que documentos recientemente desclasificados respaldan sus afirmaciones, aunque la evidencia presentada fue escasa y poco novedosa.Los medios coinciden en que los reportes de inteligencia publicados por la Casa Blanca contradicen varias de las certezas expresadas por el presidente. John Solomon, asesor de Trump que impulsó la desclasificación, reconoció después que la comunidad de inteligencia “tiene cero evidencia de que una potencia extranjera haya alterado votos en las elecciones de 2020, 2022 o 2024”. En ningún caso, además, las pruebas presentadas permiten concluir que Joe Biden ganó la presidencia gracias a un fraude masivo. O lo que importa más: que Trump no perdió aquellas elecciones.A estas alturas nadie debería sorprenderse. Y, sin embargo, la escasa atención que recibió el discurso resulta llamativa. Fox News fue el único canal que lo transmitió de principio a fin. Las demás cadenas lo cubrieron con visible desgano. Ni siquiera apareció en la portada de la edición impresa del New York Times al día siguiente. ¿Por qué entonces tanto ruido?El cronista mexicano Carlos Monsiváis solía decir: “O ya no entiendo lo que pasa o ya no pasa lo que entendía”. Con Trump, la lógica parece la inversa: lo importante no es tapar lo nuevo, sino distraer de lo que sigue pasando. Y lo que sigue pasando es la renovada guerra con Irán, las redadas de ICE y una inflación que no termina de ser abatida.No hay que ser un avezado encuestador para entender que cada uno de estos temas puede tener un efecto acumulativo en las elecciones de medio término. Son los “plot points”, los giros de trama que luego se usan para explicar una derrota anunciada. Solo que de aquí al 3 de noviembre todavía faltan 105 días. Es mucho tiempo, tiempo en que el presidente no dejará de sembrar dudas sobre el proceso electoral. Si la tendencia desfavorable no se revierte, Trump podría recurrir al argumento que ha cultivado durante años: las elecciones están amañadas. Y si están amañadas, la responsabilidad de detener el fraude recaería sobre él mismo.Desde esa perspectiva, el discurso del 16 de julio no debe interpretarse como una simple alocución más. Puede leerse como una pieza dentro de una campaña más amplia para cuestionar de antemano la legitimidad de los resultados electorales. De hecho, esa campaña ya parece estar en marcha. El viernes, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, amenazó con procesar a funcionarios electorales locales que no colaboraran con los requerimientos federales relacionados con la seguridad electoral. En sus declaraciones resuenan las reiteradas amenazas de Trump de “nacionalizar” las elecciones.Del dicho al hecho hay un largo trecho. Nada garantiza que Trump pueda invalidar unos comicios. Pero sí anticipa un período de turbulencia antes y después de las midterms. Varios estados se han negado a entregar al Gobierno federal los padrones electorales que contienen información privada de sus votantes, lo que le permitiría al Departamento de Seguridad Nacional purgar estos registros. Otros, como Nevada, han reforzado sus sistemas para protegerlos tanto de la injerencia extranjera como de una posible intervención desde Washington.Conviene recordar que, antes del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, Trump se negó a aceptar los resultados de las elecciones de 2020. Cuando se dio cuenta de que no lograría revertir su derrota en Georgia, impulsó una campaña para bloquear la certificación de la victoria de Biden, uno de los episodios más lamentables y vergonzosos de la historia política reciente de Estados Unidos. En una de sus declaraciones de mayor cinismo, llamó a esa asonada “una fiesta en defensa del voto”.Quien quiera medir hasta dónde está dispuesto a llegar para sembrar disonancia cognitiva sobre el sistema electoral solo debe observar sus acciones. Redujo estructuras destinadas a combatir la influencia extranjera, despidió a funcionarios encargados de proteger los procesos electorales y recientemente removió a la directiva de la Comisión de Asistencia Electoral, que ayudaba a los Estados a reforzar la seguridad de sus sistemas de votación. Todo esto, desde luego, mientras se presenta como defensor de la integridad electoral.Por eso sería un error interpretar sus declaraciones como simples aspavientos. Los demócratas parecen haberlo entendido. Hasta ahora han bloqueado la aprobación de la SAVE Act en el Senado. A nivel estatal, fiscales generales demócratas han recurrido a los tribunales para impedir la entrega de padrones electorales al Gobierno federal. Veinticuatro gobernadores y secretarios de Estado emitieron además una declaración conjunta denunciando los intentos de socavar unas elecciones libres y justas. Sin embargo, todavía no han construido un cortafuegos eficaz frente a la estrategia de Trump.El presidente mantendrá a todos adivinando su próximo movimiento hasta el 3 de noviembre. Lo único seguro es que aceptará los resultados únicamente si los considera “honestos”; es decir, si le resultan favorables o, al menos, no le son completamente adversos.Si esa estrategia prospera o fracasa dependerá también de la capacidad de las instituciones y de la sociedad civil para resistirla. Mucho de lo que ocurra antes y después de esa fecha estará también en manos de ciudadanos dispuestos a involucrarse más allá de su propio voto. Pueden participar como voluntarios en programas de protección electoral impulsados por organizaciones como Protect Democracy y la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU). Pueden documentar posibles violaciones del derecho al voto. Y pueden también contribuir a frenar la desinformación verificando lo que decidan compartir.Los latinos tendrán un papel especial en noviembre. Su respaldo ayudó a llevar a Trump de regreso a la Casa Blanca. Desde entonces, sin embargo, se han convertido en el principal blanco de la política migratoria de su Gobierno, una ofensiva que ha golpeado a comunidades enteras y dejado una larga estela de abusos, miedo y dolor. No tienen ninguna razón para confiar en él y darle de nuevo su voto. Para muchos latinos que han vivido el horror de ICE, la elección también estará marcada por el recuerdo de Lorenzo Salgado Araujo, Johan Guerrero y otros muertos bajo custodia o durante operativos de ICE, entre ellos Renée Nicole Good y Alex Pretti, caídos en Minneapolis. Pero la decisión que tendrán por delante trasciende el debate migratorio. Como millones de ciudadanos estadounidenses, deberán decidir si están dispuestos a respaldar una estrategia que ha convertido la sospecha permanente sobre las elecciones en una herramienta de poder. Votar por un Congreso capaz de hacerle contrapeso a Trump es una pequeña contribución a la democracia estadounidense, pero un gran acto de dignidad frente a un líder que ha hecho lo imposible por atropellarla.La pregunta de este ciclo electoral va mucho más allá de quién ganará las elecciones de noviembre. Es si los estadounidenses permitirán que la desconfianza organizada, la teoría conspirativa y la mentira instrumentalizada se conviertan en la nueva normalidad del poder.