Tres años después de que la llamada ley trans reconociera expresamente este derecho, las personas trans migrantes pueden solicitar desde el pasado martes la rectificación del nombre y del sexo en la documentación expedida por el Estado español cuando no puedan hacerlo en su país de origen. El protocolo, publicado por la Dirección General de la Policía, permitirá actualizar la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión Europea (CRUE), la documentación vinculada a la protección internacional y otros documentos expedidos por la Policía Nacional.PublicidadLa medida llega después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciara el pasado mes de junio que el Gobierno aprobaría "con carácter urgente" un procedimiento para hacer efectivo un derecho que la ley ya contemplaba, pero que hasta ahora carecía del desarrollo administrativo necesario para aplicarse.Para Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans y secretaria estatal LGTBIQA+ de Podemos, la publicación del protocolo supone "una buena noticia" para miles de personas trans migrantes que llevaban años esperando poder adecuar su documentación a su identidad. "Lo que no entendemos", afirma en esta entrevista con Público, "es por qué ha habido que obligar al Gobierno a cumplir algo que ya estaba en el BOE". La aprobación del protocolo se remonta a mucho antes del anuncio realizado por Grande-Marlaska en el Senado. El artículo 50 de la ley trans ya establecía que las personas migradas en nuestro país podrían obtener la rectificación del nombre y del sexo en la documentación expedida por el Estado español tanto cuando hubieran realizado previamente ese cambio en su país de origen como cuando acreditaran que allí resultaba imposible hacerlo. Además, la disposición final novena otorgaba al Gobierno el plazo de dos años para aprobar el procedimiento necesario para hacerlo efectivo.Ese plazo expiró sin que llegara el protocolo. "En octubre de 2025, presentamos una queja al Defensor del Pueblo y otra al Ministerio del Interior porque la propia ley ya garantizaba ese derecho y el Gobierno llevaba más de dos años incumpliendo el plazo que él mismo se había dado", recuerda la activista.PublicidadLa Plataforma Trans no recibió respuesta. Meses después la entidad volvió a dirigirse al Defensor del Pueblo para reiterar la reclamación. El organismo "terminó admitiendo que también había incumplido sus propios plazos de respuesta y solicitó explicaciones al Ministerio del Interior". Sin embargo, la contestación remitida por el departamento de Grande-Marlaska, según relata Cambrollé, sostenía que Interior "no era el órgano competente para desarrollar ese procedimiento".Aquella explicación la dejó "desconcertada". "Nos quedamos un poquito perplejas", recuerda. "Si decían que no les competía poner en marcha este protocolo, ¿cómo finalmente lo han hecho?", se pregunta. "Optamos por una acción más propositiva", explica Cambrollé. Junto a un equipo de juristas de la Universidad Complutense, redactaron una propuesta completa de real decreto que regulaba el procedimiento previsto en el artículo 50 y la remitieron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.Al mismo tiempo, convocaron una reunión en el Congreso de los Diputados con representantes de seis grupos parlamentarios -PSOE, Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG- para trasladarles el contenido de la propuesta y pedirles que impulsaran una iniciativa parlamentaria que instara al Ejecutivo a aprobar con urgencia el desarrollo reglamentario pendiente. Aquella reunión acabaría cristalizando en una proposición no de ley dirigida al Gobierno.PublicidadEntre tanto, otro acontecimiento ha terminado"acelerando", según el análisis que hace Cambrollé, definitivamente el proceso. El pasado mes de junio, un juzgado de Madrid estimó la demanda presentada por una ciudadana que no había podido modificar su sexo registral en su país de origen y obligó a la Dirección General de la Policía a reconocer el cambio en la documentación española.Para Cambrollé, aquella resolución judicial evidenció el sinsentido de la situación. "¿Íbamos a obligar a todas las personas trans migrantes a ir una por una a los tribunales para que se les reconociera un derecho que ya estaba en la ley?", plantea: "Yo creo que al final se han visto cogidos por dos lados: por un lado, porque tenían encima de la mesa un protocolo que no habían sido capaces de sacar en tres años; y, por otro, porque ya había un juzgado obligándoles a cumplir la ley".Cambrollé expresa que resulta "extenuante haber luchado primero para conseguir una ley y después tener que volver a luchar para que esa misma ley se cumpla". Y, pese a ello, la activista afirma que la aprobación del protocolo no supondrá el fin de sus reivindicaciones a este respecto. A su juicio, la resolución publicada por la Policía Nacional "es menos garantista" en dos aspectos que considera fundamentales.El primero tiene que ver con la formación del personal encargado de aplicar el procedimiento. El protocolo elaborado por la Plataforma Trans incluía un apartado específico destinado a formar a los funcionarios que atienden a las personas solicitantes en materia de diversidad sexual y de género. Esa previsión "ha desaparecido del texto definitivo". Para Cambrollé, esta sería una herramienta para evitar situaciones que, aun sin existir una voluntad de discriminar, pueden terminar vulnerando la dignidad de las personas trans. "No digo que sea por maldad", matiza, "muchas veces es simplemente falta de formación".Esa carencia, según explica, puede traducirse en cuestiones aparentemente menores, como el uso reiterado de un pronombre incorrecto o de un nombre que la persona ya no utiliza, pero que tienen un impacto muy dañino sobre quien acude a realizar un trámite administrativo de este tipo. "La formación y la educación son los pilares de un país democrático y de un país diverso. No podemos presumir de diversidad si después las personas que trabajan con esa diversidad no están formadas", sostiene.La segunda diferencia que señala afecta al tratamiento de las personas solicitantes de protección internacional y de aquellas que ya han obtenido el estatuto de refugiadas. El protocolo establece que, cuando la persona no haya podido modificar su sexo registral en el país de origen, la Brigada de Extranjería solicitará un informe al Ministerio de Asuntos Exteriores que acredite la imposibilidad legal o material de realizar ese cambio antes de proceder a la rectificación documental.La Plataforma Trans había planteado una excepción para quienes hubieran solicitado asilo o ya hubieran obtenido esa protección internacional, pues considera que si una persona ha tenido que abandonar su país precisamente porque allí sus derechos no estaban garantizados: "Las personas trans refugiadas no deberían tener que acreditar que cambiar su registro en su país de origen es imposible. Supone una carga burocrática que carece de sentido".Publicidad"Al final te expones ante terceros en algo que pertenece a tu intimidad y que además atenta contra tu dignidad", resume. "Esto vendría a romper con esa doble vulnerabilidad que sufren", explica, "una por ser migrantes y otra por ser trans".La activista recuerda que, según distintos estudios, las agresiones y situaciones de discriminación contra personas LGTBIQ+ han aumentado en los últimos años y lamenta que, mientras esos datos se agravan, las herramientas previstas por la propia legislación permanezcan sin utilizarse. "¿Para qué aprobamos estas leyes?", se pregunta: "Tenemos una ley que diferencia entre infracciones leves, graves y muy graves; tenemos un régimen sancionador; tenemos una Fiscalía especializada en delitos de odio; tenemos el artículo 510 del Código Penal. Hay herramientas. Lo que falta es ponerlas en marcha".Cambrollé considera que cuando los discursos de odio circulan sin consecuencias o los derechos ya reconocidos tardan años en hacerse efectivos, el mensaje que recibe la sociedad es que "esas vulneraciones pueden producirse con impunidad". En ese sentido, critica también la "falta de actuación" frente a determinados mensajes difundidos en redes sociales o medios de comunicación que, en su opinión, "estigmatizan al colectivo LGTBIQ+ y contribuyen a crear un clima de hostilidad".Publicidad"A la ultraderecha no la hace avanzar la esvástica", afirma, "la hace avanzar el miedo cobarde del que mira hacia otro lado y la inacción de no cumplir las propias leyes". "Si las herramientas existen, hay que utilizarlas. Porque, si no, la realidad demuestra que las agresiones siguen aumentando y quienes difunden el odio se sienten cada vez más legitimados. Los discursos de odio no son inocuos. Después se traducen en agresiones en la calle, en los centros de trabajo, en los transportes públicos. Tenemos herramientas para disuadir de eso y no se están utilizando", concluye Cambrollé.