El Partido Popular no est� dispuesto a dejar pasar la declaraci�n de la ex directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fern�ndez, en la comisi�n del Senado que investiga las irregularidades de la SEPI, lamentando "profundamente" que no saltaran las alarmas ante la situaci�n irregular de Julio Mart�nez, el amigo de Zapatero, que comparece hoy ante el juez y que no realiz�, seg�n la Oficina Nacional de Investigaci�n del Fraude (ONIF), declaraci�n de IRPF entre 2020 y 2024, ni que tanpoco se abriera una investigaci�n sobre el patrimonio del ex presidente del Gobierno hasta que el magistrado Jos� Luis Calama intervino imput�ndole por la presunta comisi�n de los delitos de organizaci�n criminal, tr�fico de influencias, apropiaci�n indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y delito contra la Hacienda P�blica.Julio Mart�nez, conocido como Julito, remiti� ayer un escrito al juez Calama reconociendo no s�lo la mediaci�n de Zapatero para que el Gobierno concediera un rescate de 53 millones de euros a la compa��a Plus Ultra, sino tambi�n que el ex presidente era quien realmente controlaba la empresa An�lisis Relevante a trav�s de la cual se vehiculaban las oportunas comisiones que percibi� y de las que tambi�n se benefici� Whathefav, la empresa de sus hijas.Los populares han registrado en el Senado, la c�mara que dominan, una catarata de preguntas dirigidas al Ministerio de Hacienda, al que ponen, junto a la Agencia Tributaria, en la diana. El PP sostiene, como ha declarado a EL MUNDO su portavoz Alicia Garc�a, que "los amigos del Gobierno", en alusi�n al propio Zapatero y a Julio Mart�nez, "pueden esquivar al fisco de manera muy sospechosa".El PP recuerda que la ONIF ha constatado que, en el periodo 2020-2025, Julio Mart�nez, no present� autoliquidaciones de IRPF salvo en el ejercicio 2024 aunque controlaba 39 sociedades, resid�a en un inmueble alquilado por m�s de 60.000 euros anuales y percib�a retribuciones como administrador. Pese a todo ello, la AEAT no gener� actuaci�n alguna contra �l. Por eso, exigen que el Ejecutivo explique por qu� los sistemas autom�ticos de control de la Agencia no se activaron frente a un obligado tributario que dej� de declarar durante cuatro ejercicios consecutivos; si se le lleg� a dirigir alg�n requerimiento; qu� es exactamente lo que fall�: el sistema inform�tico, el criterio de selecci�n de riesgo o una decisi�n humana; si se ha abierto alguna investigaci�n interna para depurar responsabilidades y, en definitiva, si Hacienda considera "que cualquier otro contribuyente que dejara de declarar el IRPF durante cuatro a�os habr�a recibido id�ntico tratamiento".Se�alan tambi�n que de las 39 entidades que controlaba Julito, 20 se encuentran de baja y no presentaron declaraci�n por el Impuesto de Sociedades entre 2020 y 2025 o declararon cifra de negocios nula. S�lo una de ellas declar� ingresos por 3.630 euros en 2020 y otras tres est�n formalmente inactivas pero registran importantes movivmientos bancarios. De estas tres, destacan una: Zenzap S.L. que canaliz� 1,7 millones de euros en entradas bancarias pese a no tener actividad ni trabajadores, no estar dada de alta en el IAE y lucir un patrimonio negativo desde 2019.A este respecto, preguntan al Ministerio que ahora encabeza Arcadi Espa�a c�mo es posible que 20 sociedades puedan permanecer a�os sin presentar el Impuesto de Sociedades sin que se active procedimiento alguno de comprobaci�n censal o de inspecci�n; si se ha realizado alguna actuaci�n respecto a Zenzap S.L. y c�mo se explica que no se active una inspecci�n sobre un entorno societario cuyas cuentas registran 4,9 millones de ingresos y en el que 20 sociedades no tributan.Igualmente, el PP incide en que Mart�nez administra 25 sociedades, es representante en 30 y figura como autorizado en las cuentas bancarias de 22. De todas estas entidades, en las tres que facturan a Plus Ultra su participaci�n es m�nima: An�lisis Relevante (5,26%); Voli Anal�tica (6,92%) e Iotic Domotic Europe (0,25% y, adem�s, su patrimonio personal es escaso: sin cuentas bancarias en 2020 y 2021, sin veh�culos y con un volumen de entradas que la propia ONIF considera insuficiente para pagar el alquiler de su vivienda. Por esto, consideran inexplicable que la AEAT no valorara "ese desajuste entre renta declarada y signos externos".El patrimonio del ex presidenteEn relaci�n con Jos� Luis Rodr�guez Zapatero, principal proveedor de An�lisis Relevante, con 418.000 euros en rendimientos profesionales entre 2020 y 2024, los populares quieren saber si la Agencia Tributaria contrast� esa cantidad con las autoliquidaciones de IRPF de su perceptor. E insisten en que, si como afirm� la ex directora de la AEAT investigar el patrimonio del ex presidente es su "obligaci�n", por qu� no lo fue en 2021, 2022, 2023 o 2024 cuando esos mismos pagos ya constaban en los sistemas de la Agencia, y tambi�n si se ha comprobado la realidad de los servicios facturados por Whathefav y por Gate Center, entidades vinculadas al entorno familiar del ex presidente, y su correspondencia con una actividad econ�mica efectiva.El PP recuerda que seg�n el informe de la ONIF, Zapatero percibi� de An�lisis Relevante 28.000 euros en 2020; 75.000 en 2021; 110.000 en 2022; 110.000 en 2023 y 95.000 en 2024 y que Whathefav, la empresa de sus hijas, percibi� del entorno societario 242.423 euros y 561.440 de Inteligencia Prospectiva S.L. Adem�s, Gate Center, cuyo consejo asesor, seg�n la ONIF, preside Zapatero, recibi� 266.200 euros de esa �ltima sociedad.Igualmente, hacen hincapi� en que la ex directora reconoci� en el Senado que el caso de Zapatero fue analizado por ella misma con responsables de la Inspecci�n, con el delegado especial de Madrid y con la directora de Aduanas [por las joyas halladas en su despacho] "debido a su relevancia p�blica" y para valorar los pasos a seguir y pese a ello, apunta el PP, "no se abrieron actuaciones inspectoras hasta que intervino el juez".En este sentido, urgen al Gobierno a aclarar qui�n adopt� la decisi�n de no iniciar una inspecci�n y si se inform� al secretario de Estado de Hacienda o al titular del Ministerio de las deliberaciones mantenidas por la c�pula de la Agencia Tributaria. Y rematan: "�Asume el Ministerio alguna responsabilidad pol�tica por la eventual prescripci�n de obligaciones tributarias que podr�an haberse evitado con la simple apertura en plazo de un procedimiento administrativo?".Los populares afirman que "la consecuencia material de la inacci�n es la p�rdida definitiva del derecho a liquidar". Y por ello mantienen que el Gobierno debe "cuantificar con precisi�n qu� se ha perdido y qu� sigue vivo" en estos procedimientos.