La Agencia Tributaria tiene abiertas inspecciones al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas, Alba y Laura, así como al empresario Julio Martínez Martínez y ha preguntado al juez que les investiga en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, si paraliza estos procedimientos.La Agencia Tributaria en Madrid y en Comunidad Valenciana han enviado sendos escritos al juez que investiga el caso Plus Ultra para indicar que tienen inspecciones abiertas en materia de IRPF, IVA o impuesto sobre el patrimonio, entre otros conceptos, desde 2021 a 2024 a varios de los acusados e indicando que, si las paraliza, se interrumpen los plazos de prescripción para determinar la deuda tributaria.Sin embargo, estos organismos de Hacienda solo pueden suspender los procedimientos inspectores abiertos por una "prejudicialidad penal" con orden del órgano jurisdiccional.En respuesta a ambos escritos, con fecha 29 de junio, Calama ha dictado una providencia en la que traslada esta cuestión a la Fiscalía para que informe. Hacienda, personada como perjudicadaPor otro lado, según una providencia a la que ha tenido acceso esta Europa Press, el juez Calama informa de que "se tiene por personada" como perjudicada a la Agencia Tributaria, representada por la Abogacía del Estado, en la pieza relacionada con las joyas que le fueron encontradas al expresidente socialista en su despacho, y que arrojaron un valor de 1,3 millones de euros en una tasación preliminar.Fuentes del Gobierno indicaron a Europa Press este jueves que la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, estaba ultimando los trámites para personarse a través de la Abogacía del Estado.El juez Calama indicó en un auto que "la naturaleza" de los hechos investigados pueden ser "constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y de un delito de contrabando", los mismos por los que se investiga a Zapatero en esa pieza separada de la causa. A su juicio, ese extremo "revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde" a la Agencia Tributaria.Por ello, Calama situó a Hacienda "como potencial perjudicada" y, por tanto, la ve legitimada "para ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes".