Hace pocos días se publicó en este mismo espacio de opinión un excelente artículo titulado ‘Mercaderes de la medicina privada’, en el que se expone con claridad el verdadero viacrucis que enfrentan miles de pacientes y médicos dentro del sistema de seguros privados de salud.Quienes ejercemos la medicina conocemos de primera mano una realidad que no siempre llega a la opinión pública: pacientes que, pese a haber pagado durante años sus pólizas, encuentran que una supuesta “preexistencia” limita o incluso les impide acceder a un hospital o recibir la cobertura que requiere la gravedad de su enfermedad. La consecuencia es dramática: el paciente queda desprotegido precisamente cuando más necesita el respaldo del seguro por el cual ha contribuido durante años.Esta realidad exige que las autoridades sanitarias y los organismos de control revisen con urgencia el funcionamiento de las compañías de medicina prepagada y seguros médicos. Asimismo, resulta indispensable actualizar y fortalecer la legislación vigente para garantizar una verdadera protección de los derechos de los asegurados.PublicidadPero el problema no afecta únicamente a los pacientes; también perjudica a los profesionales de la salud, cuyos honorarios son frecuentemente reducidos o rechazados por decisiones administrativas de auditorías médicas que, desde un escritorio y alejadas de la realidad clínica, determinan qué procedimientos merecen cobertura y cuáles no. Con ello se desconoce el criterio científico del médico tratante, así como los años de formación, experiencia, responsabilidad y compromiso que implica salvar una vida o devolver la salud a un paciente.La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional tiene la oportunidad y la responsabilidad de impulsar las reformas necesarias para hacer cumplir el espíritu de la Ley Orgánica que Regula a las Compañías que Financien Servicios de Atención Integral de Salud Prepagada y las compañías de seguros que oferten cobertura de asistencia médica. PublicidadPublicidadLa ley debe impedir que conceptos ambiguos sean utilizados como mecanismos para restringir derechos y trasladar al paciente las consecuencias económicas de interpretaciones arbitrarias.El concepto de preexistencia se ha convertido, en muchos casos, en un instrumento utilizado para negar coberturas mediante criterios subjetivos que califican enfermedades como crónicas o incapacitantes, eximiendo a las aseguradoras de sus obligaciones contractuales. Esta práctica desnaturaliza el propósito mismo del seguro de salud y erosiona la confianza de los ciudadanos en el sistema.Es razonable que se reconozcan como preexistencias únicamente aquellas enfermedades congénitas claramente documentadas o las discapacidades permanentes debidamente certificadas por las autoridades competentes. Todo lo demás debe analizarse bajo criterios científicos, técnicos y transparentes, siempre privilegiando el derecho del paciente a recibir atención oportuna.Los médicos que atendemos diariamente casos complejos no defendemos intereses corporativos; defendemos el derecho de nuestros pacientes a recibir el tratamiento que necesitan y el respeto a una profesión cuya misión es preservar la vida. Esperamos que estas reflexiones sean consideradas por la Asamblea Nacional, las autoridades sanitarias y los organismos de control para construir un sistema de seguros privados más justo, transparente y solidario. La salud no puede estar subordinada exclusivamente a balances financieros ni a interpretaciones contractuales. Cuando un ciudadano contrata un seguro médico, adquiere la tranquilidad de saber que contará con respaldo en los momentos más difíciles de su vida. Esa confianza debe ser protegida por el Estado, porque el acceso a la salud es un derecho y no un privilegio sujeto a la conveniencia económica de aseguradoras. (O)PublicidadAntonio Martínez González, cirujano general, Samborondón