En la legislatura de las primeras veces y las imágenes rocambolescas, las Cortes Generales han presenciado, entre esa sopa de momentos insólitos, a un presidente del Gobierno dando explicaciones en una comisión de investigación. La foto, inédita —y no solo por las gafas de Pedro Sánchez—, se materializó el pasado 30 de octubre y pone la nota de color al año frenético que ha vivido el Senado. La mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara alta, donde controla los tiempos y la agenda por completo, ha agitado los períodos de sesiones ordinarios, movidos por la oposición frontal de Alberto Núñez Feijóo al Gobierno de coalición. Y que se agudiza conforme avanzan los procesos judiciales que afectan al PSOE.A final de junio compareció Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y el PP ha decidido llamar en julio, ya en período extraordinario, a más figuras vinculadas con las investigaciones para ser interrogadas, como el jefe operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas (que compareció el viernes en la comisión del caso Koldo) o la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que lo hará este miércoles. El objetivo no era otro que mantener la llama candente también en verano. Senadores, bedeles, personal de comunicación... todo al que se le pregunta entre las paredes de la Cámara alta responde que el Senado nunca había vivido jornadas tan convulsas ni había tenido semejante foco mediático como durante esta legislatura. Cierto es que no es la primera vez que un Gobierno está pilotado por un partido político —en este caso, una coalición de PSOE y Sumar—, mientras que en el Senado otra formación ostenta la mayoría absoluta —PP—. Esta dicotomía ocurrió cuando Sánchez fue investido presidente tras la moción de censura a Mariano Rajoy, en junio de 2018. Entonces, el Partido Popular también tenía mayoría absoluta en el Senado cuando el dirigente socialista llegó a La Moncloa. Pero este antecedente reviste circunstancias muy distintas, pues la diferencia en el equilibrio de fuerzas apenas duró unos meses. Hasta la convocatoria de elecciones.Ya en otoño de 2023, después de que Sánchez fuera investido tras pactar la amnistía a los encausados por el procés, se generaron muchas dudas sobre hasta qué punto tenía margen de maniobra el PP en el Senado con su mayoría absoluta frente a la parlamentaria del presidente en el Congreso, y en el marco de un sistema bicameral donde la Cámara alta está subordinada a la baja. Las incógnitas se han ido resolviendo con el paso de la legislatura, donde los focos se han cernido sobre el Senado como nunca antes.Más comisiones de investigación que nunca. La comisión de investigación es una de las pocas herramientas con las que los populares pueden hacer y deshacer a su antojo. Pueden crearlas y citar a quienes consideren, como a Sánchez en octubre pasado, cuando el Senado se convirtió en un enorme plató con todos los focos apuntando a las gafas del presidente y a Alejo Miranda, el senador designado por el PP para enfrentarse con el presidente durante el interrogatorio. La última comisión de investigación que el Partido Popular ha impulsado tendrá en el punto de mira a RTVE. Aún falta por saber el calendario y los comparecientes, entre los que podrían estar también periodistas o comunicadores. Las otras seis comisiones de investigación que los populares han puesto en marcha son: la que indaga sobre los presuntos delitos de corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia; otra sobre la catástrofe de la dana; sobre el apagón; sobre el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS); sobre presuntas irregularidades en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); y sobre el accidente de trenes de Adamuz, en el que murieron 46 personas. Con esas siete en total, esta es la legislatura que más acumula el Senado; la anterior más numerosa fue la segunda, con dos en total. Las del apagón y la del CIS ya han finalizado sus trabajos, pero la del caso Koldo y la SEPI apunta a estar vigente durante lo que queda de legislatura. El peso del PP en la Cámara alta le otorga a su vez mayor margen de actuación tanto para la composición de las comisiones como para marcar las reglas del juego en cada una. Sus conclusiones no tienen efectos jurídicos directos, pero los populares pueden mover ficha una vez obtenidas las conclusiones. Así ha ocurrido con la del CIS: la formación de Feijóo presentó a finales del mes pasado una querella contra su presidente, José Félix Tezanos, “por la presunta comisión del delito tipificado en el artículo 145 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), consistente en la manipulación deliberada de encuestas electorales, conducta idónea para afectar de forma grave al proceso de libre formación de la voluntad de los electores″. 5Dos años sin Sánchez en las sesiones de control. Salvando la comisión del caso Koldo —adonde tuvo que acudir porque hay obligación constitucional de responder a las solicitudes de comparecencia de las comisiones de investigación—, Sánchez lleva más de dos años sin pisar el Senado, desde el 12 de marzo de 2024, última vez que participó en una sesión de control al Gobierno en la Cámara alta. Y eso, a pesar de que los populares utilizaron su mayoría absoluta para cambiar el reglamento y obligarle a hacer acto de presencia una vez al mes. No ha sido la única reforma en lo que va de legislatura. En noviembre pasado, el PP cambió también el reglamento para incluir un límite de tiempo para los ministros y abrir una nueva vía para llevar al Tribunal Constitucional el bloqueo del Congreso a las proposiciones de ley que salen del Senado.40 leyes de Feijóo que pasan el pleno. Aunque está esencialmente concebida como una cámara de segunda lectura, los grupos tienen la facultad de presentar en el Senado iniciativas legislativas que más tarde han de ratificarse en el Congreso. Gracias a su mayoría absoluta, el PP tiene meridianamente claro que cada norma que impulsen desde la Cámara alta pasará el filtro del pleno. Pero tampoco tienen dudas de que toda propuesta se topará con el muro de la Mesa de la Cámara baja, controlada por los socialistas y Sumar, que hasta ahora ha dejado en un cajón las 41 leyes promovidas por el PP en el Senado y que los populares han bautizado como leyes Feijóo. Entre las normas aprobadas este año está una que persigue los ongi etorris —los homenajes públicos que recibían los miembros de ETA cuando eran excarcelados—, otra sobre “protección de símbolos oficiales” y otra para que el corte de suministros a okupas “no se considere delito de coacciones”. Aunque las iniciativas luego sean frenadas por la Mesa del Congreso, los populares consiguen a veces sacar pecho de que formaciones como Junts sumen sus votos a los suyos en el hemiciclo. En el caso de la tramitación de las leyes que vienen de la Cámara baja, la última palabra al final siempre es del Congreso. Pero los populares pueden reivindicarse a través de las enmiendas, como ocurrió con la ley de multirreincidencia. Es lo que pretenden hacer con la norma que castiga las llamadas terapias de conversión, que acaba de aprobarse en la Cámara baja.Episodios polémicos. Entre las escenas polémicas que ha dejado este curso parlamentario está el momento en el que las cámaras grabaron al portavoz adjunto del PP, Javier Arenas, vapeando en el pleno durante la intervención de la ministra de Sanidad; el incidente del agitador ultra Vito Quiles con la analista política Sarah Santaolalla, que había sido invitada por el PSOE a la Cámara; o varias llamadas al orden del presidente, el popular Pedro Rollán, a los ministros por desviarse del tema en las respuestas.