La Cámara baja sale airosa de la veintena de resoluciones dictadas este año por el tribunal de garantías

El clima político de los últimos años ha deparado muchas cosas nunca vistas en la democracia española. Entre ellas, un enfrentamiento institucional sin precedentes entre un Senado controlado por el PP y un Congreso con la mayoría plurinacional que invistió a Pedro Sánchez. Desde el primer momento de la legislatura, los populares

-acusa-de-colaboradora-necesaria-del-caso-koldo.html" target="_self" rel="" title="https://elpais.com/espana/2024-03-04/el-pp-se-apoya-en-sospechas-para-exigir-la-dimision-de-armengol-y-la-acusa-de-colaboradora-necesaria-del-caso-koldo.html" data-link-track-dtm="">situaron en la diana a la dirección de la Cámara baja, que encabeza la socialista Francina Armengol. Una parte importante de esa ofensiva ha consistido en una batería de recursos -cerca de la treintena- ante el Tribunal Constitucional (TC), bien a través del partido o de instituciones que controlan los populares como el Senado. Sin ningún resultado por ahora. El tribunal de garantías ha emitido en 2025 una veintena de resoluciones que afectan al Congreso y en todas la Cámara ha salido indemne.

El Senado ha materializado recientemente lo que ya había anunciado el pasado octubre: la interposición ante el TC de lo que se conoce como conflicto de atribuciones contra el Gobierno por no haber llevado a las Cortes un proyecto de Presupuestos. Será la tercera iniciativa semejante del año que acaba. Las otras dos se plantearon también contra el Congreso. Una fue por incorporar a la ley del Servicio Público de Justicia una enmienda sobre mejoras salariales a un grupo de jueces que por despiste se había dejado fuera de la redacción y se rescató mediante una corrección de errores. La otra por haber vetado el Ejecutivo, con la aquiescencia de la Cámara baja, una enmienda aprobada en el Senado a la ley de Desperdicios Alimentarios que pretendía reducir del 4% al 2% el IVA de los alimentos básicos. El Gobierno hizo valer su prerrogativa de bloquear iniciativas parlamentarias que conlleven una modificación de los Presupuestos en vigor, pero el PP alega que no estaba justificada en este caso.