El pasado martes, el Congreso de los Diputados aprobó con una amplia mayoría la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. Una norma que pretende reforzar el sistema y adaptarlo a los retos de las próximas décadas, muy marcados por el envejecimiento de la población y los cambios en el modelo familiar. Fue un hito muy celebrado por autoridades y entidades sociales, pero el camino no termina aquí: el próximo paso ahora es mejorar las condiciones laborales de quienes sostienen el sistema de cuidados, pese a cobrar salarios cercanos al SMI y a la falta de personal. "Hay que dignificar a quienes cuidan", defiende a 20minutos el responsable de Dependencia del sindicato UGT, Hugo Sánchez. Según explica, una falta de financiación "endémica" del sistema ha provocado plantillas deficitarias, tanto en residencias y centros de día como en los servicios de ayuda a domicilio o teleasistencia. ¿El resultado? Un sector con una elevada carga física y emocional y muchas dificultades para captar nuevos profesionales para puestos de trabajo que pierden el atractivo por la precariedad. "O le damos una vuelta de calcetín al sector o aquí no va a venir a trabajar ni Dios", advierte. La clave, para el representante sindical, está en la financiación: sin dinero es imposible redimensionar las plantillas, reforzarlas y dar a los trabajadores el valor y el reconocimiento que se merece un sector que, además —o precisamente por ello— está altamente feminizado, pues en torno al 80% son mujeres. El Ejecutivo aprobó, junto a la reforma, un incremento sin precedentes para el sistema de la dependencia, con 6.200 millones de euros extra para 2026 y 2027. Un incremento "histórico", según el departamento que dirige Pablo Bustinduy, que calcula que esta aportación económica va a suponer la creación de entre 107.735 y 115.050 empleos dentro del sector de la dependencia en toda España. Una cifra aún así insuficiente, pues si el objetivo es desinstitucionalizar el sistema y pasar del modelo de las macrorresidencias a una atención individualizada que priorice los cuidados en el hogar, la necesidad de trabajadores va a ser incluso mayor que la que hay ahora. El propio Gobierno calcula que, si se cubren a todas las personas que lo necesitan, pero con más servicios profesionales y comunitarios, para 2030 harán falta por lo menos 600.000 profesionales más. Sueldos que rozan el salario mínimoEl próximo objetivo, por tanto, es garantizar ese refuerzo mejorando también las condiciones laborales de los trabajadores del sistema de dependencia, que abarcan desde asistentes, auxiliares de ayuda a domicilio y gerocultores hasta enfermeros, médicos, fisioterapeutas, trabajadores sociales y psicólogos. Esto es algo que se deberá negociar en los convenios colectivos de los trabajadores del sector y que dependerá también de las comunidades autónomas, que son las que recibirán el dinero, pero Derechos Sociales ha iniciado también una mesa de diálogo con sindicatos y patronal para guiar esa mejora "inmediata" de las condiciones laborales. Más allá de la falta de personal, el otro problema son las tablas salariales. Es muy complicado atraer o incluso retener a alguien en un sector que exige mucho pero da muy poco. "Es muy poco atractivo para cualquier tipo de profesional por el tipo de trabajo tan duro físico que se hace. Y también desde el punto de vista del riesgo psicosocial, porque al final son trabajadoras que están conviviendo muchas veces con las etapas finales de la vida de una persona", señala Sánchez. Aun así, y pese a que ello requiere también de una formación específica, sus salarios muchas veces rozan el salario mínimo. Un técnico auxiliar en una residencia cobra, según los salarios de referencia e incluyendo los complementos, unos 1.253 euros al mes. Poco más de 1.600 si es un técnico superior. Y eso si alcanzan una jornada completa, si no, como en el caso de la mayoría de trabajadoras de ayuda a domicilio que están a tiempo parcial, no llegan ni siquiera a ese mínimo. Competencia con la sanidad y otros sectoresPara Daniel-Aníbal García , secretario de Finanzas de COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica), este es un problema común en toda la prestación de los servicios sociales. "Los pocos médicos y enfermeras que hay se van a los servicios sanitarios porque tienen condiciones mejores. Luego también hay muchas profesiones con salarios parecidos y, para cobrar lo mismo, prefieren irse a sectores menos demandantes en cuanto a la implicación humana que resulta de trabajar en una residencia o un centro de día", cuenta. Según la OCDE, el 73% de las trabajadoras de cuidados de larga duración están expuestas a riesgos para su salud física o mental y tienen más del doble de posibilidades que el resto de empleados de trabajar un domingo o por la noche. Además, el INE revela que las trabajadoras de atención domiciliaria ganan un 35% menos la hora que el salario medio y que el 47% tiene un contrato parcial. Aníbal celebra la reforma, pero cree que todavía habrá que esperar un tiempo más antes de ver resultados en las condiciones de trabajo de los profesionales del sistema. Las mejoras, insiste, no serán inmediatas, porque los conciertos, precios-plaza y convenios se revisan normalmente cada uno o dos años. "Nuestro camino empieza ahora en las comunidades autónomas a exigir que ese dinero sea finalista", subraya Sánchez, de UGT. En cualquier caso, el tiempo juega en contra. Un informe de Derechos Sociales calcula que el número de personas atendidas en el sistema de dependencia podrá llegar a superar los dos millones en 2030. La población envejece, las familias cada vez pueden asumir menos cuidados y la atención recae de forma creciente en los servicios profesionales. El reto se torna imposible si no se dota al sistema de los medios humanos suficientes para poder prestar el servicio con todas las garantías. "Todos vamos a acabar estando en manos de estas personas en algún momento de nuestra vida. Eso es una realidad", zanja Sánchez.