La decisión de recurrir a la vía penal por la muerte de 17 mexicanos a manos del ICE es la respuesta más contundente de la región ante la brutalidad de la política migratoria de Trump
En apenas diez días, dos personas han muerto a tiros en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), otra bajo su custodia y una cuarta fue arrollada por un camión cuando huía de un agente. El mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 53 años, se dirigía al trabajo en Texas en su furgoneta cuando los agentes le dieron el alto y fue confundido por otro hombre al que sí buscaban. El colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26, conducía su vehículo de camino a su empleo en Maine cuando los miembros del ICE lo interceptaron. Sus últimas palabras fueron: “Traté de detenerme”. Tampoco lo buscaban. El venezolano José Manuel Arenas, de 45 años, sufrió un infarto durante el traslado de un centro de detención a otro en Georgia.
La ofensiva que ha emprendido la Administración de Donald Trump contra los extranjeros en Estados Unidos ha matado al menos a 62 personas ―52 en centros de detención y el resto en operativos, según un recuento de Associated Press, que incluye a ciudadanos estadounidenses― en apenas año y medio y ha causado un clima de terror en las ciudades de todo el país, que alberga a un 15,4% de población migrante. La comunidad más numerosa, con un arraigo histórico, es la mexicana, con 11,1 millones. También es la nacionalidad con más muertos a manos del ICE: 17. Tras el caso de Lorenzo Salgado Araujo, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha elevado la protesta. Ha anunciado que recurrirá a la justicia estadounidense para que se investigue cada una de esas 17 muertes.
