El éxito de Nayib Bukele para atajar la criminalidad rampante se ha convertido en el sueño a seguir en varios países latinoamericanos. Así lo vio Noboa en Ecuador, quien imitó el discurso de su homólogo salvadoreño y construyó un centro de máxima seguridad al estilo del CECOT, la megacárcel icónica de Bukele. Este sábado, la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, subía la apuesta y proponía en una entrevista al medio Semana crear en 8 meses cuatro cárceles de gran capacidad a través de licitaciones internacionales, y una especializada para los criminales más peligrosos. Pero la fórmula ‘bukelista’, que ya hizo aguas en Ecuador, se enfrenta a un mayor desafío en Perú, un país 60 veces más grande que El Salvador y que sufre de organizaciones criminales internacionales que van más allá de las pandillas. Fujimori ha basado su campaña electoral en la lucha contra el crimen con un Perú que ha batido cifras récord en homicidios —unas 3.675 en 2025, según las estimaciones de su Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)— y con regiones como Madre de Dios, Callao o Lima superando los 23 homicidios por cada 100.000 habitantes. Los sondeos del mismo instituto afirman que uno de cada cuatro peruanos fue víctima de algún hecho delictivo el año pasado, lo que ha llevado a que la inseguridad ciudadana se haya convertido en la principal preocupación de la población, según la última encuesta de Datum Internacional. TE PUEDE INTERESAR La presidenta electa ha prometido que en los primeros meses de su mandato, que comienza el 28 de julio, los peruanos “empezarán a notar un orden y recuperación de la paz”. Además del anuncio de las nuevas cárceles, para lo que aseguró que buscaría el consejo de El Salvador, Fujimori ha adelantado que implementará “reformas en el código penal y procesal” y el refuerzo de las fronteras a través de unas fuerzas armadas que combatirán “proactivamente” el crimen internacional. Los guiños a la fórmula de Bukele son claros, pero el país andino lleva ya más de una década probando estrategias —algunas incluso similares a las de El Salvador— para frenar el auge de la delincuencia. "Hay lecciones positivas que aprender en la gestión de prisiones y el aislamiento de pandillas", dice Evan Ellis, profesor en el Colegio de Guerra del Ejército de los EEUU y quien ha estudiado de cerca el problema carcelario de El Salvador. Además, comprende que “muchos países de la región hayan tomado nota de Bukele y quieran copiar su éxito”, pero es algo que “no es completamente factible”. En opinión del experto, una de las principales diferencias es la falta de capacidad legislativa. “Ningún país de la zona tiene control de más de dos terceras partes de la Asamblea Legislativa como en el caso de El Salvador. Bukele puede cambiar las leyes para implementar lo que quiera”. Otra de las medidas que no parece funcionar en el país andino es la aplicación del estado de emergencia. Su declaración fue uno de los primeros golpes sobre la mesa del presidente salvadoreño al llegar al poder. Perú vive ya bajo un estado de emergencia casi permanente, con más de 600 resoluciones de este tipo desde el año 2000 que no han logrado bajar las tasas de criminalidad. Fujimori, de hecho, llega a la presidencia bajo una prórroga del mismo que fue declarada el 9 de junio y que afecta a 180 distritos del país. Distinto país, distintas redes criminales Ellis sitúa “la extensión y diversidad geográfica de Perú” como otra de las principales diferencias entre los dos escenarios. El Salvador, conocido como ‘el pulgarcito de América’, es el país más pequeño del continente con una extensión de unos 21.000 kilómetros cuadrados; Perú se despliega a lo largo de casi 1,3 millones de kilómetros cuadrados marcados por fronteras de cordillera andina, selva amazónica y zonas de difícil acceso que se han convertido en la base de operaciones de organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal, la extorsión y el tráfico de personas. “En Perú, el dinero que viene de la violencia urbana obedece a ganancias generadas por la minería y la tala ilegal, el narcotráfico y el lavado de dinero”, explica Ellis, mientras que en El Salvador “el problema de pandillas urbanas era más sencillo”. TE PUEDE INTERESAR Precisamente en el departamento de Madre de Dios, colindante con Bolivia y Brasil y que padece una dejación histórica por parte de los sucesivos Gobiernos centrales, se concentra la tasa más alta de homicidios de todo el país: 25 por cada 100.000 personas, según la estimación del INEI. La ausencia de un control efectivo por parte de la administración ha permitido que grupos criminales como ‘Los guardianes de la Trocha’ asumieran el control de la minería ilegal que se extiende a lo largo de la carretera interoceánica que cruza esta región, así como de todos los negocios que rodean esta actividad extractiva basada en el oro. El ejemplo ha sido seguido por bandas transnacionales como el Comando Vermelho y los Comandos de la Frontera de Brasil, tal y como denunció la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) el pasado noviembre. Esta situación ha llevado a Perú a convertirse en el mayor exportador de oro ilegal de la región, con una tasa de extracción ilícita que iguala a su producción nacional, según el último informe del Fondo Monetario Internacional. La minería ilegal amenaza con extenderse endémicamente por el país, con 56 distritos a lo largo de todos los departamentos de la nación expuestos, advierte el mismo análisis. Hasta ahora, todos los intentos desde Lima de controlar el crecimiento del crimen organizado o la minería en la zona han fracasado, con una población local empobrecida en estas zonas periféricas que ve la intervención de las fuerzas armadas o la policía como bloqueos de suministros básicos y una amenaza a su principal forma de vida: la minería, legal o no. La ausencia de infraestructuras, la complicada accesibilidad y la falta de alternativas económicas o laborales han hecho que las poblaciones del corredor minero y las zonas circundantes se hayan vuelto cada vez más distantes de las autoridades estatales y más dependientes de los grupos criminales. De hecho, los Guardianes de la Trocha lograron su éxito al convertirse en una policía local de facto que garantizaba la seguridad de las rutas mineras a cambio de un impuesto, tal y como su propio nombre indicaba, pero que rápidamente pasaron a la extorsión y las desapariciones de propietarios de tierras para extender el suelo minero. Las disputas de poder dentro de la organización y sus distintas escisiones en los últimos meses empeoraron la situación, con una escalada de violencia entre grupos cuya capacidad militar ha quedado demostrada después de que una operación policial en la región a principios de julio les incautara fusiles automáticos, fusiles de precisión, miles de balas y granadas de uso militar. El fiscal superior y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental de Perú, Frank Almanza, llegó a reconocer en una entrevista al medio RPP que la operación confirmaba que detrás de la minería ilegal operan estructuras criminales organizadas, con militares del ejército entre la veintena de detenidos que habrían estado presuntamente implicados en las actividades ilícitas. TE PUEDE INTERESAR Los brazos del crimen internacional no se limitan a las regiones periféricas de Perú, señala Ellis. Zonas urbanas como el cono norte de Lima, históricamente pobladas por olas de inmigración y en las que ahora se encuentra “cerca de un millón de venezolanos desplazados y desesperados”, se han visto expuestas a la manipulación de organizaciones como el Tren de Aragua”, otra organización criminal internacional. Un estudio sobre trata de personas en el país realizado por la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas en 2025 añadía también la actividad de carteles mexicanos y grupos colombianos operando en zonas urbanas y centrales del país, junto a las complejas estrategias de los criminales para lavar activos fruto de economías ilegales a través de una vasta red que se apoya en parte en la infraestructura local. El informe avisaba de “patrones de colusión entre funcionarios públicos, autoridades locales y redes delictivas” que “alimenta el círculo de impunidad, desincentiva la denuncia y deslegitima la acción estatal”. Fujimori es consciente de esta situación, afirmando el sábado pasado que “la impunidad reina en el Perú” y que “de cada 10.000 denuncias solo cinco llegan a ser sentencias”. Pero reconocerlo, proponer detenciones masivas y sacar a los militares fueron pasos que ya dieron sus predecesores, sin éxito. Así lo hizo Pedro Castillo en 2022 con un despliegue militar, mientras el presidente del Consejo de Ministros de entonces, Aníbal Torres, admitía públicamente que la policía se había visto desbordada y el ministro del Interior, Dimitri Senmache, tildaba la lucha contra el crimen como una “guerra”. En el gabinete posterior, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció en agosto de 2023 un plan “Boluarte”, nombrado así por la presidenta Dina Boluarte, que fue seguido de repetidos estados de emergencia ante el alza de la inseguridad. Ninguna de las medidas logró disminuir el crecimiento de los homicidios y la criminalidad en Perú. TE PUEDE INTERESAR La receta tampoco parece haberle funcionado a Daniel Noboa en Ecuador, quien en enero de 2024 también declaró el estado de sitio copiando el discurso de Bukele y construyó la cárcel de El Encuentro. Pero tras un año de mandato, el país alcanzó la tasa de homicidios más alta en su historia reciente, superando los 50 por cada 100.000 habitantes, tal y como recogía el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado (GITOC) lo sitúa actualmente en la cuarta posición mundial en su índice global de criminalidad. “El gran desafío es cómo captar las lecciones aprendidas en El Salvador sin aplicar cosas que no funcionarán en otro contexto ni caer en prácticas que son preocupantes desde la perspectiva del Estado de derecho o los valores democráticos”, valora Ellis, haciendo un apunte hacia las medidas autocráticas de Bukele. La promesa de seguridad de Fujimori ha llegado en un momento límite para la sociedad peruana. El último informe del Observatorio del Crimen y la Violencia de junio afirmaba que el 45% de los encuestados habían sido testigos del cierre de algún negocio por motivos de inseguridad. El 78% sufría de ansiedad y estrés por el mismo motivo. Pero sin un estado fuerte que ofrezca más beneficios a los locales que las mafias transnacionales y alternativas reales en zonas que llevan toda su historia abandonadas por el Gobierno central, la nueva propuesta puede sumarse a la larga lista de intentonas fracasadas de sus predecesores.