En sus mensajes para los peruanos, la presidenta electa de Perú investigada por lavado de activos, Keiko Fujimori, ofrece “orden, paz y reconciliación”, pero en el guion internacional quiere que el país sea parte del Escudo de las Américas -el intervencionismo militarizado de Estados Unidos-, anuncia una mayor cooperación de Israel y desea que los presidentes de El Salvador y Ecuador la aconsejen en el combate al crimen organizado, pese a que los gobiernos de ambos países han sido denunciados internacionalmente por graves violaciones de derechos humanos y uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, dirigentes de pueblos indígenas y expertos en seguridad alertan de que las solas estrategias armadas no han dado resultados en 30 años de combate del narco.PublicidadEste viernes, Desiderio Flores, alcalde del centro poblado Bellavista Callaru, en la región amazónica de Loreto, reportó que bajo la justificación de un operativo militar antidrogas, soldados causaron la muerte de un niño, varios heridos y casas incendiadas. "El Ejército ha entrado a nuestro territorio y está matando a mi gente; somos peruanos, no somos guerrilleros, somos indígenas que estamos cuidando la frontera", clamó la autoridad local, mientras mostraba los restos humeantes de una cabaña derribada.La semana pasada, en otra región amazónica fronteriza con Ecuador, la Policía también lesionó a un indígena con un arma de fuego. Los agentes bajaron de un helicóptero y dispararon acusando a pobladores de El Cenepa, Amazonas, de ser miembros de organizaciones criminales. La autoridad indígena local, Saúl Yampis, rechazó tajantemente las acusaciones.Fujimori asume el mando el 28 de julio, pero este miércoles 15 de julio después de recibir la credencial como funcionaria dijo que va a gobernar “como el chino”, el apelativo de su padre, el autócrata Alberto Fujimori, quien fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, robo y corrupción cometidos en la década de los años 90.Entre 2024 y 2025, la lideresa del partido Fuerza Popular enfrentó un juicio oral por blanqueo de capitales y organización criminal debido a donaciones millonarias de empresas no declarados en sus campañas electorales de 2011 y 2016. Y afronta una investigación fiscal por blanqueo de dinero en la campaña de 2021.PublicidadPor ello, desde 2022 el fujimorismo usó su mayoría parlamentaria y un pacto de impunidad con dirigentes de otras bancadas también investigados por corrupción para modificar las leyes de persecución penal y desbaratar las pesquisas fiscales y litigios en su contra. Así aprobaron por lo menos 12 normas conocidas en Perú como leyes pro crimen.Desde que el tribunal electoral dio resultados oficiales de la segunda vuelta, la hija de Alberto Fujimori no ha dado entrevistas a medios peruanos, sino a un autor de libros de autoayuda, a un diario ecuatoriano oficialista, y un semanario colombiano que apoya al presidente electo ultraderechista Abelardo de la Espriella. En ellas ha elogiado la iniciativa del Gobierno de Donald Trump llamada Escudo de las Américas y las acciones de los presidentes Daniel Noboa (Ecuador) y Nayib Bukele (El Salvador) contra el crimen organizado. También anunció que entre las primeras acciones de su mandato firmará decretos de emergencia, y ordenará que las fuerzas armadas ingresen a las casas en las localidades de frontera para buscar a delincuentes, operaciones semejantes a las que realizaba el Ejército durante la dictadura fujimorista.País tomado por el crimenEn los dos últimos años, organizaciones criminales han asesinado en Lima a más de 150 chóferes y trabajadores de transporte público amenazados por extorsión, y en al menos tres regiones amazónicas crecen la extracción ilegal de oro y de madera, así como el narcotráfico.PublicidadEn un foro público realizado la semana pasada en Lima, líderes indígenas de Bolivia, Brasil, Colombia y Perú denunciaron la ausencia del Estado en sus territorios, la colusión de autoridades locales con el delito y la actuación de policías y militares como parte de las organizaciones criminales. Los representantes de tres organizaciones indígenas brasileñas no pudieron viajar al evento en Perú debido a que sufrieron una invasión armada.“Estos hechos no son aislados. Forman parte de una escalada de violencia dirigida contra los pueblos indígenas que defienden su territorio ante la expansión de las economías ilegales en la frontera entre Brasil y Perú”, reportaron en una carta la Asociación Asháninka del río Amonia y la Organización de Pueblos Indígenas del río Juruá.Raphael Hoetmer, director en Perú del programa de Amazonía Occidental de Amazon Watch, destaca que el avance de las organizaciones criminales en los territorios donde extraen oro y cocaína se debe a la demanda constante y la alta rentabilidad en los mercados globales. También debido a “la falta de una política real de apoyo a la agricultura, y al precio récord de oro gracias a crisis global y a las guerras que estamos viendo”.Al aludir a las leyes "pro crimen", Hoetmer destacó que Perú ha construido en los últimos años el marco legal nacional más favorable a las economías ilícitas de la región, y tiene la más débil presencia estatal en las zonas transfronterizas. "Tenemos fronteras controladas por organizaciones criminales de estos países vecinos: Perú corre el riesgo de volverse el refugio seguro del crimen organizado en la región y viene un gobierno del que no tenemos certeza de sus estrategias”, dijo el representante de Amazon Watch.El investigador y ex jefe de la entidad antidrogas de Perú Ricardo Soberón apunta que 12 de las llamadas leyes pro crimen han sido aprobadas por el principal operador político de Fujimori, su partido Fuerza Popular. “Lo mínimo que se puede esperar como primer acto legislativo es que sean derogadas para por lo menos retornar a la situación anterior, donde el organismo ambiental podía ejercer controles, donde el Ministerio Público podía dirigir las investigaciones y los aparatos constitucionales podían operar sin interferencia política”, comenta.Con el aumento del precio del oro, en Perú crecen las agresiones armadas, amenazas e invasiones de la minería ilegal contra periodistas, comunidades campesinas y pueblos amazónicos. La semana pasada, campesinos de San Marcos, en la región de Cajamarca, denunciaron un ataque con arma de fuego por parte de un operador de una concesión minera informal. Un periodista de la región Loreto -región que concentra narcotráfico, minería ilegal de oro y autoridades con decenas de investigados por corrupción- recibió una amenaza de muerte en la puerta de su casa: un manuscrito junto con dos balas. Además, continúa la extracción ilegal de oro y la tala ilegal en territorios protegidos -áreas de conservación ambiental o reservas de pueblos indígenas en aislamiento-. Los especialistas advierten del peligro de que si el Gobierno militariza más de estas áreas, deforestadas, será el paso previo para entregarlas en concesión a privados. A los representantes de pueblos amazónicos les preocupa la violencia que puede haber contra ellos, y la posterior impunidad, como ya ocurrió en otros ciclos coloniales extractivistas con el caucho o el petróleo.PublicidadImpunidad para fuerzas del ordenEl experto internacional en seguridad Guillermo Fernández Maldonado menciona el caso de México como evidencia de que la militarización no es la solución. Keiko Fujimori promete construir cárceles grandes rápidamente como las de Bukele en El Salvador.“Cuando sacaron al Ejército para combatir las bandas criminales en el Gobierno de Calderón hubo más muertes que en guerras civiles y el problema sigue hasta hoy. La gente quiere una solución, pero el objetivo no es llenar las cárceles de detenidos, sino que no haya detenidos porque no hay más crimen: el principal deber del Estado es garantizar los derechos humanos, no debe entrar con cara represiva a los territorios”, agrega Fernández Maldonado, quien ha asesorado sobre políticas de seguridad en el continente desde 1992, el año en que Fujimori dio un autogolpe y él se quedó sin trabajo en el Congreso.En los dos últimos años, el fujimorismo y sus aliados en el Congreso aprobaron cinco normas de amnistía y prescripción de delitos cometidos por las fuerzas armadas y la Policía Nacional. El principal congresista de Fuerza Popular, reelegido senador para el período 2026-2031, Fernando Rospigliosi, es el principal impulsor de la impunidad de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, e incluso insulta a las víctimas y a sus deudos, aprovechando su continua presencia en los medios de comunicación.PublicidadEl Ejército de Ecuador asesinó a un grupo de adolescentes en diciembre de 2024 con el régimen de Noboa, mientras que el Ejército de Perú ha cometido masacres en diciembre de 2023 y en abril de este año. Asesinó a cinco jóvenes en una localidad rural cuando volvían de un campeonato de fútbol, aunque con la colusión de la Policía quisieron simular que fue un operativo antidrogas.Desde junio, la Policía ha cometido el asesinato de un adolescente y de un adulto, cuando estaban en custodia en comisarías de Lima. En comisarías de la región andina y sureña de Puno, en lo que va de julio, los agentes han torturado a un ciudadano que fue a presentar una denuncia contra un tercero, y ha fallecido otro ciudadano tras tortura policial.La detención arbitraria para pedir un soborno a cambio de la liberación se ha vuelto moneda corriente. Así ocurrió con el adolescente fallecido en junio en la comisaría después de ser golpeado por agentes: los policías le exigían al padre una cantidad de dinero que no tenía.En octubre, un policía asesinó con arma de fuego a un músico y lesionó gravemente a otro al final de una protesta ciudadana en el centro de Lima. Ninguna de las investigaciones fiscales de esos casos avanza, y con las normas recientes que promovió el fujimorismo los congresistas salientes y reelegidos, como Rospigliosi, presionan para que los involucrados sean solo procesados en el fuero militar-policial. Una de esas leyes pro-impunidad le quita a los fiscales la conducción de las investigaciones penales para entregar la tarea a la Policía. La fiscal de derechos humanos Marcelita Gutiérrez, quien tenía a su cargo la investigación de los policías que torturaron al adolescente en la comisaría de Manchay, un distrito periférico de Lima, ha entregado la pesquisa a la Policía Nacional. El abogado de los padres de la víctima ha denunciado que los agentes retuvieron ilegalmente al menor casi 48 horas sin informar a la familia ni a la Fiscalía de turno.