Ecuador se ha convertido en el escenario sudamericano que mejor ilustra los límites y los peligros de aplicar una fórmula importada para hacer frente a la creciente violencia. Lo que en El Salvador de Nayib Bukele se vende como un milagro de mano dura, en el Pacífico ecuatoriano naufraga en medio de un baño de sangre inédito. La seguridad en el territorio ecuatoriano parece que no se deja contener con recetas diseñadas para pandillas de barrio.En enero de 2024, unas semanas después de asumir el cargo, Daniel Noboa enfrentó una crisis que conmocionó al país: motines simultáneos en las cárceles, coches bomba en varias ciudades y la irrupción armada de un grupo criminal en un canal de televisión que transmitía en directo. Fue entonces cuando el mandatario ecuatoriano volvió a ver a la “franquicia Bukele”.Como el salvadoreño dos años antes, Noboa encontró en la emergencia las condiciones para justificar medidas excepcionales. Declaró el conflicto armado interno por primera vez en la historia del país, entregó a los militares el control de las calles y las cárceles, y convirtió la lucha contra el crimen en el eje de su Gobierno. El discurso también comenzó a parecerse al de El Salvador: una batalla contra los enemigos del Estado que debía librarse sin contemplaciones.Los resultados no fueron los esperados. Lejos de contenerse, la violencia siguió escalando. Ecuador registró el pasado año 9.268 homicidios, la cifra más alta de su historia. Las extorsiones se multiplicaron, los secuestros se volvieron cotidianos y, ante la presión militar en las ciudades, las bandas ampliaron su control hacia otros territorios. Un año después de Daniel Noboa: Ecuador, el país más inseguro de América Latina.La pregunta que los analistas se hacen es por qué falló el modelo de mano dura salvadoreño. “Bukele enfrentó estructuras de pandillas territoriales; Noboa enfrenta economías criminales transnacionales”, explica el analista en seguridad Daniel Pontón. “Bukele ha sido más efectivo juzgando a los criminales, pero los niveles de impunidad en Ecuador son altísimos y la justicia está siendo usada para eliminar opositores”, añade. Aplicar el modelo de seguridad de El Salvador en Ecuador, resume, es como dar ibuprofeno para tratar un cáncer.La influencia de Bukele siguió, sin embargo, marcando el camino. En noviembre de 2025, Noboa inauguró la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, construida con asesoría de los mismos equipos que participaron en el diseño del CECOT. Las imágenes oficiales recordaban a las difundidas por el Gobierno salvadoreño: presos arrodillados, rapados y vigilados por militares fuertemente armados.“Es la exhibición pública de la deshumanización de la política de rehabilitación. Cárceles convertidas en bodegas humanas”, afirma Pontón. “Bukele ha sido más efectivo juzgando a los criminales, pero los niveles de impunidad en Ecuador son altísimos y la justicia está siendo usada para eliminar opositores”, añade.La franquicia Bukele sigue ganando adeptos incluso donde los resultados no aparecen. En Chile, Kast no ha logrado contener la inseguridad en sus primeros meses y ya ha debido ajustar su gabinete. En Costa Rica, donde Bukele fue invitado a colocar la primera piedra de una cárcel réplica del CECOT, crece el debate sobre endurecer las políticas de seguridad pese a la ausencia de ejército y a su tradición garantista. Y en Colombia, Abelardo de la Espriella ya ha empezado a matizar su promesa estrella de resolver la criminalidad y el conflicto armado en el país en solo 90 días. El modelo que seduce tiene una historia concreta. Comenzó en marzo de 2022, cuando durante un solo fin de semana, fueron asesinadas 87 personas en El Salvador. Esa matanza, atribuida por investigaciones periodísticas a la ruptura de pactos entre el Gobierno y las pandillas, desencadenó una respuesta sin precedentes. La Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción que suspendió garantías constitucionales y que, cuatro años después, sigue vigente. Miles de policías y militares fueron desplegados en territorios controlados por las pandillas. En apenas dos meses se produjeron más de 5.000 arrestos. Ocho meses después, Bukele inauguró el CECOT: una prisión diseñada para albergar a decenas de miles de detenidos, que se convertiría en el símbolo internacional de su guerra contra las pandillas. Los resultados fueron casi inmediatos. La tasa de homicidios cayó de 53 por cada 100.000 habitantes en 2019, cuando Bukele llegó al poder, a 1,3 en 2023, según Insight Crime. Ningún país de América Latina había experimentado una reducción tan drástica en tan poco tiempo.Pero la otra cara del modelo avanzaba en paralelo. Organizaciones de derechos humanos documentaron miles de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal. En los últimos cuatro años, unas 92.000 personas han sido detenidas y permanecen dentro del sistema penitenciario, incomunicadas en cárceles donde reina la opacidad absoluta. Al mismo tiempo, el Gobierno fue acumulando poder sobre las instituciones bajo el argumento de que la lucha contra el crimen exigía eliminar obstáculos.La inseguridad ha creado un mercado político regional para los líderes que prometen soluciones rápidas a problemas complejos. Bukele logró convertir la experiencia salvadoreña en una marca reconocible. Sus imitadores copian las cárceles, los estados de excepción, los despliegues militares y la retórica de guerra. Pero lo que no han conseguido replicar son sus resultados. La fórmula ha cruzado fronteras con facilidad. La seguridad, no. “El modelo Bukele no es solamente una estrategia contra las pandillas”, sostiene el analista en seguridad Daniel Pontón. “También ha sido un proceso de concentración de poder alrededor de una sola figura política que eliminó los contrapesos institucionales para ejecutarla”, advierte.