Su acceso es complejo. Para llegar hay que transitar por una serie de pistas de tierra sin señalizar escondidas entre invernaderos. Hasta que, de repente, hay una parcela que es puro plástico: hasta 13.000 metros cuadrados donde se acumulan toneladas de residuos. El paraje Boqueras Altas, en el término municipal de Níjar (Almería, 33.319 habitantes), acoge desde hace más de una década una finca donde se amontonan cuerdas de rafia, garrafas de pesticidas y otros residuos de la agricultura intensiva. Su arrendatario fue objeto de sanción por primera vez en 2018 y, desde entonces, se acumulan los expedientes y las multas. La burocracia, sin embargo, no ha conseguido que alguien —ni el responsable ni las propias administraciones— retire el vertido. “Hay una clara inacción pública: la solución es limpiar”, denuncia Marcos Diéguez, portavoz de Ecologistas en Acción, entidad que ha denunciado la situación de este terreno tanto a la Junta de Andalucía como ante Fiscalía. El caso es un buen ejemplo de lo que ocurre con la plaga de plástico procedente de los invernaderos almerienses, que se despliega a lo largo de 33.500 hectáreas en esta provincia andaluza. En conjunto, mueven más de 33.000 toneladas de residuos plásticos —sin contar envases— al año, según los datos que manejan tanto la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de la provincia de Almería (Coexphal) como la Junta de Andalucía. Ambas aseguran que entre el 85% y el 90% se gestiona a través de gestores autorizados para su reciclaje, pero el resto no. Es decir, cada temporada hay entre 3.000 y 5.000 toneladas que, en buena parte, quedan desperdigadas por cualquier sitio: ramblas, cauces, arcenes, ramas de los arbustos, bajo de los puentes de la autovía, en terrenos sin uso públicos y privados a lo largo de los términos municipales de Níjar, Adra, Roquetas de Mar, Almería y El Ejido. También en las cercanas playas en Cabo de Gata, donde la asociación Amigos del Parque Natural ya denunció otro vertedero de 8.000 metros cuadrados en 2024. Otras veces son lugares apartados de la vista como el paraje de Boqueras Altas, donde Ecologistas en Acción solicita una investigación penal contra los responsables de unos hechos que, aseguran, no son precisamente una excepción: basta comprobar su web Stop vertidos ilegales, donde señalan hasta 451 vertederos ilegales, solo 19 ya limpiados. Como respuesta, la administración andaluza asegura que, desde 2019, realiza una media de 400 requerimientos al año por vertidos —es decir, acumula casi 3.000 en siete años— y un centenar de expedientes sancionadores —más de 700 en el mismo periodo—.El peligro de los microplásticosLa denuncia ecologista, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, apunta que en la finca se amontonan “envases de fitosanitarios, bidones, fibrocemento y amianto, un vehículo abandonado”. La documentación incluye vistas aéreas de la parcela tomadas desde 2005, en las que se puede ver cómo el material se ha ido almacenando desde hace más de una década. “Yo diría que eso lleva ahí más de 20 años”, añade un agricultor que ha informado sobre la situación a las administraciones en distintas ocasiones, siempre sin obtener respuesta. “Todo lo que he dicho ha caído en saco roto”, lamenta el hombre. “Nosotros creemos que es delito contra el medio ambiente porque hay, entre muchas cosas, garrafas de fitosanitarios y otros residuos peligrosos”, señala Marcos Diéguez. El conservacionista advierte no solo de la posible afección al cauce aledaño y el acuífero del Campo de Níjar, también que los plásticos se van deshaciendo con la acción del sol y se dispersan por el entorno por el viento. “Se queda como un polvo, los microplásticos, que contaminan toda la tierra”, añade. También el mar. “Son peligrosos para la cadena trófica y nos los comemos a través del pescado”, explicaba Nerea Piñeiro-Juncal, biogeoquímica de suelos marinos del Centro de Estudios Avanzados de Blanes, perteneciente al CSIC, tras publicar un estudio sobre estas micropartículas en las praderas de posidonia de Agua Amarga, también localidad nijareña. Multa de 15.000 eurosNo es la primera vez que la finca es denunciada. Su periplo administrativo empezó en 2018 —China dejó de comprar estos plásticos justo ese año— cuando la delegación de Agricultura de la Junta de Andalucía abrió un procedimiento sancionador en materia de sanidad vegetal contra el propietario del terreno, aunque luego derivó hacia el arrendatario, que —según comprobó la administración— era quien estaba haciendo uso del suelo. El proceso se repitió en 2021. Y en 2024 llegó un tercer expediente, esta vez por parte de la delegación de Medio Ambiente, según los datos de la Junta andaluza. Entonces se impuso una multa de 15.000 euros por “abandono, almacenamiento, vertido o eliminación incontrolados de cualquier tipo de residuos no peligrosos”. Es el mismo motivo por el que una patrulla del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) formuló otra denuncia tras una visita al lugar en enero de ese año, según ha informado la Guardia Civil. Desde Ecologistas en Acción no comprenden que todo este camino de multas “no haya servido para nada y todo siga igual”. También puso denuncia sobre el vertido la empresa Biosabor, con instalaciones muy cercanas al lugar. “El tema está en los tribunales”, subrayan fuentes de la compañía, que por ese motivo prefieren no hacer declaraciones. “Para nosotros la limpieza del medio rural es un asunto de la máxima importancia y trabajamos cada día convencidos de que una agricultura más eficiente, responsable y sostenible es posible con la colaboración de todos”, recalcan. El Ayuntamiento de Níjar, por su parte, asegura que desconocía lo que ocurría en este terreno, para sorpresa de los conservacionistas. Fuentes de la corporación alegan que es difícil controlar todo lo que ocurre en los 600 kilómetros cuadrados que tiene su término municipal y que no constaban denuncias ni escritos oficiales sobre el caso concreto. A raíz de la petición de información de este periódico, el Consistorio envió a agentes de la Policía Local hasta Boqueras Altas para hacer comprobaciones y, según fuentes municipales, han iniciado un expediente sancionador contra el propietario para acabar “con esa situación indeseable”. “Nadie quiere tener una parcela con un vertido ilegal de plásticos”, aseguran las mismas fuentes, quienes subrayan que el municipio hace tareas constantes de limpieza en ramblas, cauces y solares públicos o privados. “Se trabaja constantemente, el problema es que el plástico genera mucho ruido visual”, dicen desde el Consistorio. Basta dar un paseo por las carreteras que bajan desde la autovía A-7 hasta el parque natural: a la vista siempre hay plástico a la vista.Gran impacto visual“Es un residuo muy voluminoso y que llama mucho la atención”, ratifica Rosa García, técnica del Departamento de Agroecología en Coexphal, quien señala que la mayoría de agricultores y empresas agrarias cumplen con sus obligaciones para la gestión y reciclaje de sus plásticos, pero que hay una pequeña parte que no lo hace “y eso llama mucho la atención por el gran impacto visual que tiene”. “La mala praxis de unos cuantos daña la imagen de todos”, sostiene la especialista, quien explica que el proceso para tratar bien el material consiste en su retirada para que lo tramite después un gestor autorizado para ello, siempre bajo iniciativa privada, puesto que no hay gestores públicos (Níjar, por ejemplo, carece de planta para reciclar los plásticos de la agricultura). Estas personas autorizadas pueden recoger el residuo en la explotación o recibirlo en sus instalaciones. Los plásticos de cubierta, que tienen una vida útil de entre tres y cinco años, suelen ir limpios, son fáciles de reciclar y el agricultor suele recibir una pequeña compensación por ellos. El problema, dicen en Coexphal, son los de solarización, que van en el suelo, se cambian cada temporada y acumulan tierra y humedad. Y ello complica su gestión. “El agricultor debe pagar por llevarlos a reciclar y, claro, suelen ser los que acaban por ahí desperdigados”, añade García, quien cree “inadmisible” la existencia de vertidos como el denunciado por Ecologistas en Acción. “Llevamos años luchando con administraciones y organizaciones conservacionistas contra el abandono de estos residuos, que es uno de los grandes retos del sector”, afirma. La organización, de hecho, cuenta con un canal público abierto para que cualquier persona pueda denunciar un vertido del tamaño que sea. Incluso tan grande como el de Boqueras Altas.