La última vez que sus familias escucharon sus voces fue el 25 de enero de 2026. Recibieron una breve llamada desde un centro de detención de Adén, en el sur de Yemen. Estaban vivos, pero las condiciones del encierro estaban deteriorando su salud. Después, un silencio que se mantiene hasta hoy. Durante casi cinco meses, ni sus familiares, ni sus abogados, ni el Gobierno colombiano supieron qué había ocurrido con Héctor Eduardo Romero Ramírez, de 53 años, y su hijo Luis Eduardo Romero Jiménez, de 31, ni con Mauricio Patiño Gallego, de 62. A finales de junio, las autoridades saudíes comunicaron al Gobierno colombiano que los tres se encontraban en la prisión de Abha, en la provincia saudí de Asir, a cientos de kilómetros de Adén y al otro lado de la frontera. No existe constancia de ningún procedimiento legal que explique cómo fueron trasladados hasta allí. Aunque ahora se conoce oficialmente el lugar donde están recluidos, continúan incomunicados y sus familias no han podido comprobar en qué estado de salud se encuentran. La organización de derechos humanos ALQST, con sede en Londres y especializada en Arabia Saudí, ha presentado un llamamiento urgente ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (UN WGEID), según la documentación a la que hemos tenido acceso. Un viaje de trabajo Los tres hombres, todos colombianos, dos de ellos residentes en Estados Unidos y uno con doble nacionalidad colombiana y estadounidense, aterrizaron en Saná, la capital de Yemen, el 22 de abril de 2025. Viajaban como ingenieros de Fihiza Solutions Inc., una empresa estadounidense contratada para instalar antenas de satélite de uso civil en la ciudad. Terminaron el proyecto en julio, pero no pudieron tomar el vuelo de regreso debido a los bombardeos israelíes contra el Aeropuerto Internacional de Saná. Siguiendo las recomendaciones de la Embajada de Colombia en Abu Dabi y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), emprendieron el viaje hacia el sur con la intención de abandonar el país desde el aeropuerto de Adén. Al llegar a Adén, fueron detenidos por las fuerzas de seguridad. Según la documentación de ALQST, los interrogaron y los obligaron a firmar confesiones redactadas en árabe, sin intérprete y sin la asistencia de un abogado. El 4 de enero de 2026, una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja visitó el centro de detención, confirmó a las familias que los tres hombres se encontraban allí y les proporcionó asistencia médica. Tres semanas después se produjo aquella última llamada. "Se les ha negado todo contacto con el mundo exterior, incluidas sus familias" Para entonces, el mapa político de Adén acababa de cambiar. A finales de enero de 2026, las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí se hicieron con el control de la ciudad, hasta entonces dominada por el Consejo de Transición del Sur (STC), apoyado por Emiratos Árabes Unidos. El cambio de poder también alcanzó los centros de detención y otras instituciones locales. ALQST sitúa el traslado de los tres ingenieros a Arabia Saudí entre el 25 de enero, fecha de aquella última llamada, y el 5 de febrero. No se sabe con exactitud cuándo fueron sacados de Adén, qué autoridad ordenó el traslado ni qué procedimiento se utilizó para llevarlos al otro lado de la frontera. "Se les ha negado todo contacto con el mundo exterior, incluidas sus familias, sus abogados y los funcionarios de la embajada, lo que vulnera las obligaciones internacionales de Arabia Saudí en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares", señala el comunicado de la organización. Ante las reiteradas peticiones de información por parte de la Embajada de Colombia, las autoridades saudíes se limitaron a responder que los hombres se encontraban bajo su custodia en el marco de una investigación relacionada con la seguridad nacional y que el Gobierno colombiano sería informado "una vez concluya el caso". No aclararon qué se investigaba ni si existían cargos formales contra ellos. TE PUEDE INTERESAR En un país marcado por años de conflicto y por la intervención de múltiples actores locales e internacionales, la presencia de trabajadores extranjeros resulta especialmente sensible. Según ALQST, los ciudadanos colombianos han sido objeto de un escrutinio adicional en la región debido a las informaciones publicadas sobre el reclutamiento de mercenarios colombianos por parte de Emiratos Árabes Unidos. La organización subraya, sin embargo, que ninguno de los tres tenía vinculación con las partes del conflicto ni había participado en actividades militares. Las antenas que instalaron, sostiene, estaban destinadas exclusivamente a usos civiles y comerciales. Para la directora ejecutiva de ALQST, Julia Legner, la cuestión de fondo es otra: "ALQST no especula sobre las razones que hay detrás de una detención ni sobre si la nacionalidad pudo influir en las sospechas de las autoridades. Lo importante es que nadie debe ser detenido ni mantenido fuera de la protección de la ley sobre la base de acusaciones no verificadas o sospechas arbitrarias", afirma. "Todo detenido debe ser informado de los motivos de su detención, tener acceso inmediato a asistencia letrada y consular, poder comunicarse con su familia y contar con un proceso legal justo y transparente, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos". La desaparición forzada como práctica sistemática La incomunicación de los tres ingenieros no es un hecho aislado en Arabia Saudí. ALQST sostiene que la desaparición forzada es una práctica sistemática en el país y advierte que mantener a una persona fuera de la protección de la ley aumenta el riesgo de tortura y otras violaciones graves. Mientras Riad invierte en turismo, entretenimiento y competiciones internacionales para proyectar una imagen de modernización, dentro del reino la represión continúa. En 2025, Arabia Saudí ejecutó al menos a 356 personas, la cifra anual más alta desde que existen registros, según el recuento de la organización británica Reprieve y la Organización Europea Saudí de Derechos Humanos (ESOHR). Más de la mitad de las personas ejecutadas eran extranjeras y alrededor de dos tercios habían sido condenadas por delitos no violentos relacionados con las drogas. Dentro de ese sistema, los extranjeros detenidos sin un proceso legal claro se encuentran en una situación de especial indefensión. En la mayoría de los casos, no comprenden el idioma de los interrogatorios y dependen de una asistencia consular que las autoridades pueden retrasar o bloquear. "Aunque los ciudadanos y residentes saudíes llevan mucho tiempo soportando el peso de la represión de las autoridades, cada vez documentamos más casos de extranjeros detenidos arbitrariamente y sometidos a un trato igualmente severo", señala Legner. TE PUEDE INTERESAR Es en esta situación de opacidad, con una supervisión independiente extremadamente limitada, donde Héctor, Luis y Mauricio llevan casi medio año. Nadie ajeno a las autoridades saudíes ha podido comprobar directamente su estado de salud, las condiciones en las que permanecen recluidos o si han vuelto a ser interrogados. "Las condiciones en las prisiones saudíes son de por sí conocidas por su dureza, y el aislamiento prolongado de estos hombres aumenta aún más la preocupación por su salud y su bienestar", advierte la directora ejecutiva de ALQST. "Mantener a una persona incomunicada la deja fuera del amparo de la ley y la expone a un grave riesgo de tortura y de otras violaciones de los derechos humanos. Sin acceso a un abogado, sin contacto con la familia y sin ningún tipo de supervisión independiente, los abusos pueden cometerse lejos de toda mirada y quedar impunes", sostiene. En 2024, durante su Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas, Arabia Saudí aceptó una recomendación para ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Según ALQST, todavía no ha dado ningún paso para hacerlo. TE PUEDE INTERESAR La modernización que Riad exhibe ante el mundo pierde toda credibilidad cuando, detrás del escaparate, se mantiene un sistema marcado por las desapariciones forzadas, la incomunicación de los detenidos, la represión de la libertad de expresión, las condenas a muerte y otros muchos abusos contra los derechos humanos sin que exista una rendición de cuentas efectiva. Las consecuencias de ese sistema las sufren también, desde hace meses, las familias de Héctor, Luis y Mauricio, que viven con la incertidumbre de no poder hablar con ellos, comprobar cómo están ni saber qué va a ocurrir. Ellas también son víctimas del silencio de las autoridades saudíes. "Sus madres preguntan por ellos todos los días. Sus compañeras de vida, sus hijos y sus hermanos los buscan en cada silencio", dicen sus familiares. "Solo pedimos que vuelvan a casa". "Ya es hora de que las autoridades saudíes pongan fin a este calvario injusto y los liberen de inmediato" Frente a ese silencio, ALQST exige a Riad la liberación inmediata e incondicional de los tres ingenieros. "Ya es hora de que las autoridades saudíes pongan fin a este calvario injusto y los liberen de inmediato", concluye Legner. Hasta que eso ocurra, la organización reclama que aclare su situación legal, confirme si existen cargos contra ellos y les garantice contacto regular con sus familias, asistencia letrada y acceso a los funcionarios consulares colombianos. "El Gobierno colombiano, por su parte, debe seguir emitiendo notas diplomáticas y utilizar todas las vías disponibles para lograr su liberación", añade la directora ejecutiva de ALQST.