La batalla está servida. Por un lado, los defensores de una economía verde, que advierten que el cierre del estrecho de Ormuz y la feroz ola de calor que ha dejado al menos 12.000 muertes adicionales en Europa son un recordatorio de la crisis climática. Por otra, las presiones de la industria, que ya sufre las consecuencias de la competencia china y de los aranceles de Estados Unidos, y pide abaratar el coste de la energía.Bruselas parece haber optado por intentar conciliar todas las almas. Siguiendo el rumbo señalado en los últimos dos años, la Comisión Europea ha propuesto una reforma del sistema de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), una de las grandes herramientas que tiene la UE para combatir el cambio climático, en la que mantiene el objetivo de una reducción neta del 90% de las emisiones para el 2040, pero a la vez suaviza y hace más lenta la trayectoria de reducción anual en la década tras el 2030 para proteger la competitividad industrial. El planteamiento es doble: permite a las industrias seguir emitiendo CO₂ durante más tiempo, al tiempo que se ofrece un mayor apoyo financiero para invertir en tecnologías limpias en Europa.Piedra angular de la política climáticaItalia, Polonia o República Checa quieren desmantelar el sistema de comercio de emisionesEs una cuestión muy técnica, pero clave para muchos países comunitarios. Se trata del peaje que obliga a las grandes industrias contaminantes a comprar permisos por emitir CO₂, algo que algunos países europeos, como Italia, Polonia y República Checa, quieren desmantelar. Es decir, los derechos de emisión, o permisos para contaminar, que deben comprar las industrias más intensivas en energía (como la siderurgia, el cemento o la química) para cubrir sus emisiones.El principal mecanismo de flexibilidad introducido ahora por Bruselas es reducir esta velocidad a la que baja el techo de emisiones, que pasará de un 4,4% (entre el 2028 y el 2030) a un 1,7% anual entre el 2036 y el 2040. Se va a compensar con otras medidas, como, a partir del 2036, el uso indirecto de hasta un 2% de créditos de carbono internacionales. Financiar proyectos de descarbonización fuera de la UE cuyas reducciones de emisiones puedan contabilizarse para cumplir sus objetivos, siempre supervisado por la Comisión.Otro de los pilares de la reforma tiene que ver con los derechos de emisión gratuitos. Bajo el sistema europeo, el número total de derechos de emisión disponibles en el mercado disminuye de forma progresiva para incentivar a las empresas a contener sus emisiones. Para facilitar este camino, a las empresas se les asignan derechos gratuitos, que se deben reducir gradualmente y debían desaparecer en 2034. Ahora, Bruselas alarga estos permisos hasta el 2038 e introduce un cambio clave: ya no regalará estos permisos sin pedir nada a cambio. Las empresas recibirán el 80% de sus permisos gratis si presentan un plan claro para dejar de contaminar, mientras que el 20% restante se les retiene y solo se les entregará si demuestran, después de cinco años, que realmente hicieron esas inversiones y redujeron sus emisiones. A la vez, algunas industrias más afectadas, como la química o las refinerías, recibirán una ayuda extra de 4.000 millones de euros en permisos climáticos para facilitar su transición hasta el 2030.“Mejora la forma en que podemos reinvertir de manera eficiente los ingresos que obtenemos para ayudar a la industria europea a innovar, modernizarse y liderar la transición”, ha defendido la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión para una Transición Limpia, Teresa Ribera, en una rueda de prensa, en la que ha recordado que el cambio climático representa “destrucción” para la sociedad, pero también para la economía. Estas nuevas propuestas no gustarán del todo en España, que forma parte del grupo de países, como Suecia o Dinamarca, que urge a mantener esta piedra angular de la política climática comunitaria. En una carta, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, afirma que “mantener su ambición, integridad y estabilidad resulta esencial para alcanzar los objetivos climáticos europeos”. El planteamiento de la Comisión no es final, sino que ahora todavía tendrán que ponerse de acuerdo los Estados miembros y el Parlamento.Impulso a la energía limpiaUn plan para elevar del 20% al 32% el objetivo de electrificación en cuatro añosA la vez, la Comisión Europea ha presentado un plan paralelo que busca electrificar mucho más la industria, el transporte y los edificios, corrigiendo la desventaja de precio frente al gas y usando la regulación para que la opción eléctrica sea la más lógica y atractiva. El objetivo es reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados —solo la crisis de Irán ha supuesto un sobrecoste de 50.000 millones de euros para los bolsillos de los europeos— y romper la tasa del 23% de electrificación actual para elevarla a un 32% para el año 2030. Para ello, por ejemplo, se quiere establecer un nuevo principio legal para que los impuestos sobre la electricidad no sean superiores a los del gas, eliminando una de las barreras económicas más criticadas. O en la construcción de edificios, que representa la mitad de la brecha en el uso de energía limpia; el foco principal es la sustitución de calderas de gas por bombas de calor, una transición que podría reducir costes de manera significativa. Para la industria, quiere dar prioridad a la electrificación de sectores donde ya existen tecnologías disponibles, pero cuya adopción es lenta, y crear planes concretos para cada sector. También crear un vínculo directo entre los ingresos generados por el ETS e incentivar la electrificación de la industria. Corresponsal en Bruselas. Antes, al frente de la corresponsalía en Italia y el Vaticano de La Vanguardia y RAC1 (2018-2024). Es autora de ‘Laboratori Itàlia’ (Pòrtic, 2024).