Representante electa para la curul de paz de Arauca.Foto: Óscar PérezResume e infórmame rápidoEscucha este artículoAudio generado con IA de Google0:00/0:00La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud presentada por la congresista Karen Manrique Olarte, quien buscaba autorización para ser trasladada bajo custodia militar hasta las instalaciones del Congreso de la República el próximo 20 de julio, para tomar posesión de su curul para el periodo legislativo 2026-2030.La funcionaria es investigada por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La Corte Suprema de Justicia indaga si, como integrante de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, aceptó dádivas a cambio de comprometer su función y avalar créditos para el Gobierno.La defensa de la actual congresista, elegida como Representante a la Cámara por el departamento de Arauca a través de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep), sustentó su petición en varios puntos. En primer lugar, alegó que, al no existir aún una sentencia condenatoria en su contra, Manrique conserva plenamente sus derechos políticos, y calificó el permiso solicitado como un trámite meramente logístico y administrativo.Adicionalmente, se conoció que Manrique había elevado ante la Mesa Directiva de la Cámara una solicitud paralela para posesionarse de manera no presencial, mediante videollamada, trámite que continuaba en curso sin una respuesta definitiva al momento en que se presentó la petición ante la Corte.El alto tribunal fundamentó su negativa en varios argumentos. En primer lugar, recordó que la medida de aseguramiento que pesa sobre Manrique fue impuesta precisamente porque su libertad representa un grave peligro para la comunidad, así como por el riesgo de que persista su actividad delictiva vinculada al escandalo de corrupción de la Ungrd.Finalmente, la Corte Suprema concluyó que la solicitud no se ajusta a ninguna de las excepciones contempladas en la Ley 65 de 1993 para autorizar la salida de una persona privada de la libertad, las cuales se limitan a citaciones procesales, emergencias de salud o el fallecimiento de familiares cercanos.Noticia en desarrollo...Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.Conoce másTemas recomendados: