El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acaba de avalar la ley de Amnistía para las personas condenadas, procesadas e inculpadas por el momento secesionista de Catalunya, la proclamación de independencia más singular de la historia de Europa, quizá del planeta entero, que consistió en no hacer nada después de su anunciación.Casi una década después de los Fets d'Octubre del 2017, la justicia europea dictamina que la ley de Amnistía ha sido útil para la reconciliación, sin que lesione o perjudique el derecho europeo. Esta mañana, el Tribunal de Luxemburgo ha escrito una página entera de la historia de España.No un párrafo, una página entera. Vayamos al fondo del asunto. No nos perdamos hoy en las ramas de la coyuntura. Hace nueve años, el Estado español se enfrentaba a un serio dilema. ¿Qué hacer con el independentismo catalán una vez aplicado el artículo 155 de la Constitución, que consistió en tomar el control del Govern de la Generalitat, disolver el Parlament y convocar elecciones de manera inmediata?Tras aplicarse el artículo 155, ganó de manera inmediata la línea dura, capitaneada por los aparatos del Estado, especialmente por la alta magistraturaCabían dos posibilidades: someter a los independentistas a un castigo ejemplar o proceder de una manera más sutil y benigna, para superar lentamente la crisis política, evitar cincuenta años de amargura y un foso irreparable entre España y la mayoría de la sociedad catalana, puesto que no eran pocos los catalanes contrarios a la secesión que no querían ver a compatriotas suyos en la cárcel.Delito de rebelión o delito de desobediencia. Grave atentado contra la unidad de España o aventurismo mal calculado, excitado por la insomne competición electoral entre Convergència y Esquerra Republicana, las dos ramas del nacionalismo catalán mesocrático. Un golpe mortal a la Constitución o un intento de desbordar la Constitución, frenado a última hora por miedo a males mayores. No se arrió ninguna bandera después del gesto del 29 de octubre de 2017. No se convocó ninguna manifestación en la plaza de Sant Jaume al estilo del Maidán ucraniano. No se publicó ninguna declaración en el Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya. Nada. Máximo castigo para escarmiento de las generaciones venideras. Penalización comedida y búsqueda de una salida política, una vez frenada una secesión que en realidad no tuvo ni un minuto de vigencia. Ese era el dilema.La Sala del Tribunal Supremo, durante una sesión del juicio del 'procés'REDACCIÓN / EFEGanó de manera inmediata la línea dura, capitaneada por los aparatos del Estado, especialmente por la alta magistratura, que quiso interpretar el discurso del Rey del 3 de octubre del 2017 como una orden de respuesta contundente. Alguien llegó escribir que el próces catalán podía significar para Felipe VI, en términos de legitimación social, lo que el intento golpista del 23 de fenrero del 1981 significó para su padre. Momento legitimador. Momento de autoridad real. No creo que hoy nadie pueda sostener semejante tesis sin sonrojarse.La alta magistratura apretó el acelerador. Tampoco puede afirmarse de manera categórica que en aquellas fechas el Gobierno de Mariano Rajoy quisiese órdenes de prisión inmediata. No se disuelve el Parlament y se convocan elecciones urgentes en Catalunya para a la semana siguiente enviar gente a la cárcel y facilitar la victoria de Carles Puigdemont, fugado a Bruselas con la bandera legitimista. Eso fue lo que ocurrió. Los aparatos del Estado demostraron su capacidad para actuar de manera “autónoma” en una grave crisis política. Este es un dato importante.Dos años más tarde, octubre del 2019, la Sala Segunda del Tribunal Supremo no se atrevió a condenarles por rebelión, por miedo a no pasar el filtro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, instancia que no debemos confundir con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo. Sedición, malversación y desobediencia. Penas de entre 9 y 13 años de cárcel para los nueve principales encausados. Siete dirigentes independentistas refugiados en Bélgica, Suiza y Escocia. Centenares de personas procesadas en toda Catalunya a la espera de juicio. Multas a destajo.Dos años más tarde, 12 de junio del 2021, el Consejo de Ministros aprobaba el indulto para los independentistas presos. Al presentar la moción de censura contra Mariano Rajoy en mayo del 2018, el líder socialista Pedro Sánchez estableció un acuerdo tácito con las fuerzas que le daban apoyo, a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo. Habría indultos después del veredicto. Los aparatos del Estado demostraron su capacidad para actuar de manera “autónoma” en una grave crisis política“Apoyamos la moción para abrir una nueva fase política que permita pasar página”, declaró Marta Pascal, dirigente del PDECat (primera metamorfosis de CDC, antes de llegar a Junts), persona que tuvo un especial protagonismo en el éxito de la moción de censura. Puigdemont, no es sobrero recordarlo ahora, era contrario a votar aquella moción, quería confrontación, y sobre todo temía quedar aparcado en Bruselas mientras los suyos pactaban en Madrid. No pudo controlar a sus diputados y depuró a Pascal al cabo de un tiempo. La historia se escribe siempre con renglones torcidos. Convencido o no, Sánchez emprendía la senda del perdón. Sólo podía evitarlo Ciudadanos. Y no lo supieron hacer. Si en la primavera del 2019, después de las elecciones generales del 28 de abril de aquel año, Albert Rivera hubiera facilitado la investidura de Sánchez, habría hecho prisionero al PSOE de la política de severidad nacional. Ciudadanos podía haber evitado la posterior alianza de los socialistas con Podemos, pacto que Sánchez no deseaba, argumentando públicamente que no podría dormir por las noches. Pero a Rivera le hicieron creer que él estaba destinado a ser, más temprano que tarde, el nuevo presidente del Gobierno de España. Las candilejas de Madrid siempre deslumbran a los incautos.Dos años después de los indultos, en julio del 2023 -esta historia va de dos años en dos años-, el fracaso de la izquierda en las elecciones locales empujaba a Sánchez a un adelanto rápido de las generales, que logró desbordar al Partido Popular, sin obtener una mayoría parlamentaria fácil. En realidad no las ganó nadie aquellas elecciones. De nuevo un dilema: amnistía, dejar gobernar a Alberto Núñez Feijóo y Vox en minoría, o repetir las elecciones. Sánchez decidió embarcarse rumbo a alta mar, provocando la ira saturnal de Felipe González.Después de tantas vicisitudes, el TJUE acaba de decir: “Adelante”. De nuevo Europa ayuda a España a salir del laberintoY pasó lo que pasó. Se abrieron los infiernos. Seis manifestaciones consecutivas en Madrid a lo largo de un año, el crispado Noviembre Nacional, encabezado por Vox en la calle Ferraz de Madrid, manifestaciones de jueces con toga frente a las audiencias provinciales -una imagen nunca vista en España-, un clima de excitación sin precedentes en el periodo democrático, llamamientos a la movilización general hasta provocar la caída del Gobierno, el que pueda hacer que haga, vistoso despliegue de la ‘autonomía’ de los aparatos del Estado ante un Gobierno sin mayoría parlamentaria estructurada, ante un PSOE que ya no posee la musculatura social de los años ochenta y noventa del siglo pasado. Un tremendo vendaval ante un PSOE sin suficientes mecanismos de vigilancia interna a tenor de los procesos judiciales que se la han acumulado estos últimos meses. Todo se ha complicado para el Partido Socialista después después que el Tribunal Constitucional timbrase la ley de Amnistía. Todo se ha complicado para Sánchez después que Donald Trump llegase a la Casa Blanca. No es un broma Trump, aunque a veces lo parezca. Esta vez no han podido alterar la composición del TC en la hora decisiva, como ocurrió con la deliberación sobre el nuevo Estatut de Catalunya (2006-2010), verdadero punto de partida de la historia que estamos contando. Después de tantas vicisitudes, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea acaba de decir: “adelante”. De nuevo Europa ayuda a España a salir del laberinto.Ha ganado la política inteligente, escrita con muchos renglones torcidos. Dos años después de la aprobación de la amnistía, esta historia va de dos años en dos años, mucha gente empieza a entender su sentido. Hoy se entiende mejor, sin duda alguna. Alberto Núñez Feijóo acaba de viajar a Catalunya para comunicar que él también está dispuesto a pasar página. (Y a la semana siguiente le reprende José María Aznar). 16 de julio del 2026. El mismo día en que el Tribunal de Luxemburgo emite un veredicto histórico, la Audiencia de Madrid envía a la esposa del presidente del Gobierno a juicio con tribunal popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Hay días en que la historia de un país queda meridianamente clara. Hay días en que la verdad se esculpe en mármol.Ha ganado una idea inteligente de España. Amnistía significa todos dentro. Europa no puede sobrevivir sin ese principio, porque también vienen horas difíciles para la estabilidad y continuidad de la Unión Europea. Reconciliación, integración, Eso dice también el veredicto del TJUE.Pronto veremos al PP estableciendo acuerdos más visibles con Junts, y a la futurible Aliança Catalana intercambiando cromos con Vox.Todos dentro.Adjunto al director de La Vanguardia. Al frente de la redacción en Madrid desde 2004. Anteriormente, corresponsal en Roma y redactor jefe de Información Local. Su último libro: ‘España, el pacto y la furia’ (2024)