Si estás a favor de los servicios públicos y del buen uso de los impuestos, disculpar el enchufismo o el delito fiscal exige un notable ejercicio de marrulleríaDavid Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno. Andrés Rodríguez (Europa Press)A cada cual lo suyo: hay que reconocer a Podemos que denunciara en 2017 la creación de una plaza ad hoc para David Sánchez. Ahora, tras la sentencia que condena al hermano del presidente del Gobierno a nueve años de inhabilitación por prevaricación, el portavoz de Podemos Pablo Fernández explica que “es un caso clarísimo de enchufismo por su influencia”, pero, “dicho esto”, tiene “intencionalidad política”: “A mi juicio, si no llega a tratarse del hermano de Pedro Sánchez, no le hubiesen condenado a nueve años de inhabilitación”. Es uno de los abundantes ejemplos que confirman el aforismo del politólogo griego Stathis Kalyvas sobre el espectáculo que ofrece la transformación de los agitadores radicales en tibios apologetas. No hay condena por tráfico de influencias. El puesto de trabajo se pudo crear o no por presión o petición de alguien, pero también por peloteo. El líder de los socialistas extremeños, Álvaro Sánchez Cotrina, ha mostrado cómo se pueden hacer unas declaraciones razonables: señaló que la sentencia se puede recurrir, manifestó su aprecio por los afectados y subrayó su respeto a la justicia. Puede que eso le penalice: ninguna buena acción queda sin castigo. Su decoro contrasta con la respuesta de miembros del Gobierno, que —acompañados por animadores en medios y redes— adoptan una posición interesante: un partido que tiene en su ideario la defensa de la necesidad y virtudes de lo público resta importancia al enchufe. Todos los casos responden a una concertación de jueces, policías y ciclistas contra el Ejecutivo; luego, a la hora de concretar, las acusaciones se evaporan. Muchas veces, cuando en política se denuncia la persecución, en realidad se defiende el privilegio: no se pretende la igualdad sino la impunidad. Aunque este caso sea menos grave que otros, si estás a favor de los servicios públicos, del buen uso de los impuestos y de la transparencia administrativa –que no es una opinión muy excéntrica–, disculpar comportamientos como los que describe la sentencia exige un notable ejercicio de marrullería. Tampoco deberías excusar los presuntos delitos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por simpatía hacia sus políticas. Son obviedades, y hay que repetirlas porque tendemos a emplear raseros distintos: exagerar los desmanes ajenos, minimizar los propios. Lo más llamativo del momento es la intensidad en la deslegitimación de la justicia por parte de ministros y portavoces. Damos la vuelta al aforismo de Kalyvas: los tibios apologetas se convierten en agitadores radicales. Buscan la fractura, que consideran el argumento electoral más verosímil. Archivado EnOpiniónCorrupciónDavid Sánchez Pérez-CastejónAlberto González AmadorPodemosPedro SánchezPSOE ExtremaduraGobierno de EspañaPolíticaEspañaJuecesPoder judicialFraude fiscalIsabel Díaz Ayuso