La noche del 15 de julio de 2016 se presentaba como cualquier otra noche de viernes. Los vehículos llenaban los puentes sobre el estrecho del Bósforo —de regreso a casa tras una larga jornada de trabajo, en dirección a los clubes y bares del centro de Estambul o para huir de la calurosa metrópolis turca en un fin de semana estival— cuando dos camiones cargados de soldados ordenaron detener el tráfico. Nadie se explicaba por qué (¿Una redada antiterrorista?¿Una maniobra militar?). Pero la imagen congregaba todos los fantasmas de la historia moderna de Turquía. Porque en una República como la turca, fundada por un militar, Mustafa Kemal Atatürk, —que, sin embargo, colgó el uniforme e instó a sus compañeros de armas a hacerlo mismo si se dedicaban a la política—, los militares han tenido demasiado protagonismo: han derribado gobiernos hasta en cuatro ocasiones (1960, 1971, 1980, 1997), lo han intentado en otras tantas y han buscado influir en la política y la economía del país a través de diversas instituciones. Y como todos los golpes en Turquía —los exitosos y los fallidos— este de hace una década, tendría consecuencias profundas. “Le dio a [Recep Tayyip] Erdogan y a su movimiento el empuje en un momento crítico, permitiéndoles dar forma al sistema del modo que siempre habían querido”, sostiene el politólogo Selim Koru, autor del libro New Turkey and the Far Right. Cuando los soldados tomaron el puente aquella noche, el complot llevaba unas horas en marcha. Para entonces, el jefe del Estado Mayor, Hulusi Akar, había sido secuestrado por su negativa a suscribir el golpe, y la incertidumbre, incluso el pánico, comenzaba a extenderse entre las filas gubernamentales. Porque, entre los últimos en enterarse estaban el primer ministro, Binali Yildirim, y el propio presidente, Recep Tayyip Erdogan, a quien, según su propio relato, fue su cuñado Ziya Ilgen quien le informó de movimientos militares extraños cerca del Bósforo. “Ziya, ¿estás de broma? ¡Que tendrá que ver!”, le respondió. Erdogan, que estaba de vacaciones en la costa mediterránea, telefoneó a los servicios secretos y al Estado Mayor, pero las líneas no contestaban. Esa falta de comunicación sigue siendo uno de los mayores enigmas de aquella noche, porque, según trascendió luego, ambas instituciones tenían información sobre el plan golpista desde las 15.00, pero aparentemente no la transmitieron. Y, sin embargo, las personas a cargo entonces han ocupado luego puestos de gran responsabilidad: Akar fue ministro de Defensa y hoy es diputado; Hakan Fidan siguió al frente de los servicios secretos y hoy es ministro de Exteriores.Horas después, cuando el Gobierno se recompuso y tomó el control de la situación —tras darse cuenta de que solo una pequeña porción de las Fuerzas Armadas apoyaban el golpe— se inició el contraataque. Militares leales contra traidores; policías contra militares; y, sobre todo, los civiles que, convocados por Erdogan y desde las mezquitas, salieron a las calles a enfrentarse con palos, pistolas o sus manos desnudas a los tanques y a defender a su Gobierno. Murieron 253, hoy considerados mártires, en bombardeos aéreos, tiroteos y ejecuciones en las calles, aplastados por tanques que avanzaban sobre las avenidas.Esa es la base en la que se asienta lo que, oficialmente, fue bautizada como la “Epopeya del 15 de julio” (ahora jornada festiva de la Democracia y la Unidad Nacional) y, sobre la energía liberada aquel día —la de los seguidores de Erdogan empoderados y adueñados de unas calles que antes eran mayormente de la oposición izquierdista— es sobre la que ha cabalgado el presidente turco durante la última década. Purgas y detencionesEl movimiento Hizmet, una organización político-religiosa con funcionamiento de secta, dirigida por el clérigo en el exilio Fethullah Gülen (fallecido en 2024 en EE UU), fue acusado de la asonada tras décadas infiltrándose en la administración pública y en las fuerzas de seguridad, especialmente durante los largos años en que estuvieron aliados con el partido de Erdogan antes de partir peras. Los seguidores de Gülen negaron su participación en el golpe, pero, durante los juicios, varios de los generales y coroneles acusados —condenados a varias cadenas perpetuas— reconocieron su pertenencia.“Hay ejemplos en política en los que, tras un suceso como este, hay juicios imparciales. Instituciones independientes investigan lo ocurrido, hacen públicas sus conclusiones y el sistema político puede digerirlas y mejorar su funcionamiento. Eso no sucedió [en Turquía]. La opinión pública siente que no sabe todo lo que ocurrió y mucha gente sospecha que la gente de Erdogan sabía lo que estaba pasando y permitieron que ocurriese, que fue un ‘golpe controlado’. Tampoco hubo rendición de cuentas de quienes tuvieron responsabilidad en la expansión del poder gülenista”, explica Koru. Más de 113.000 personas fueron enviadas a prisión y 152.000 funcionarios fueron expulsados de la Administración por supuestos lazos con los gülenistas, lo que permitió a Erdogan remodelar el Estado con funcionarios leales tanto a su partido islamista, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), como a quienes se convirtieron en sus aliados, el ultraderecha nacionalista Partido de Acción Nacionalista (MHP). El trauma del intento golpista sirvió para imponer un estado de excepción bajo el cual se llevó a cabo una profunda reforma institucional y se aprobó, en un referéndum muy ajustado, el paso de un sistema parlamentario a uno hiperpresidencialista que, años antes, no tenía apoyo suficiente. El golpe se produjo en un contexto de extrema violencia: el auge del Estado Islámico y sus despiadados atentados en Turquía (que provocaron más de 200 muertos entre 2015 y 2017) y una renovada insurgencia kurda tras el fracaso en 2015 de las negociaciones de paz y que fue aplastada sin piedad manu militari (con más de 5.000 muertos en apenas cinco años). Así que la asonada se sirvió de lo que la autora canadiense Naomi Klein llamó “doctrina del Shock” a fin de convencer al menos a parte de población de que para ganar en seguridad y estabilidad —que no ha sido tal— había que renunciar a equilibrios institucionales y libertades democráticas.El estado de excepción se suspendió al cabo de dos años, una vez Erdogan fue elegido presidente bajo el nuevo modelo, pero sus prácticas nunca terminaron del todo. Por ejemplo, la costumbre de deponer a decenas de alcaldes opositores y sustituirlos por interventores nombrados por el Ministerio de Interior; o la de detener a rivales políticos y mantenerlos en prisión durante largo tiempo antes de que un tribunal emita su veredicto o que la condena sea firme. Son los casos del político prokurdo Selahattin Demirtas, privado de libertad desde noviembre de 2016, o el candidato socialdemócrata a la presidencia, Ekrem Imamoglu, entre rejas desde hace casi año y medio, pero también de cientos de cargos políticos menores, sindicalistas, periodistas y artistas, algo que, antes de la conmoción del golpe fallido, hubiera sido impensable.