En gremios como el Colegio de Abogados de Pichincha o la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) hay expectativa por la metodología que se aplicará para la selección de jueces temporales tras la declaratoria de emergencia que resolvió el Consejo de la Judicatura (CJ) este martes, 14 de julio.Tras la declaración de emergencia, la Dirección Nacional de Talento Humano de la Judicatura tiene diez días para presentar la metodología aplicable para la selección de jueces temporales de la Unidad Judicial, de juezas y jueces de lo Contencioso Administrativo y Tributario, de lo Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Tributario a escala nacional.Alexander Barahona, vocero del gremio de magistrados, anticipó que la asociación se encuentra analizando la medida adoptada por el CJ, pues indicó que aún no se conoce el proceso ni los parámetros que se aplicarán para elegir a los nuevos jueces temporales, aunque el vocero anticipó que desde la Aemaj se alista una propuesta de metodología.Publicidad“Después de la declaratoria de emergencia, las áreas técnicas se van a tomar unos días para proponer una metodología. Todavía no sabemos cómo se va a elegir a los nuevos (jueces); cuáles son los parámetros. Entonces, dado que la declaratoria de emergencia es la antesala o sirve de motivación para esta metodología, vamos a esperar a que esté lista y luego nos pronunciamos”, dijo Barahona.El representante de la Asociación de Magistrados y Jueces observó que esta declaratoria de emergencia no es nueva, pues ya ha existido este tipo de medidas en otros organismos como la Corte Nacional de Justicia (CNJ).En su resolución, el pleno de la Judicatura declaró la emergencia en todos los órganos jurisdiccionales de la Función Judicial para designar magistrados temporales destinados a la Corte Nacional, tribunales de garantías penales y cortes provinciales de justicia.PublicidadPublicidadLa medida se adoptó con base en un informe técnico que constata que existe una brecha de 729 jueces en la Función Judicial y que el 54 % de las dependencias a escala nacional se encuentra en estado crítico y de alerta por haber sobrepasado su capacidad máxima en el despacho de causas.El documento detalla que en Ecuador existen 437 dependencias judiciales con 1.765 jueces activos en diversas instancias; sin embargo, señala que la Judicatura no dispone de un banco de elegibles que permita cubrir la brecha de jueces en todo el país.Por su parte, Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, calificó como positiva la declaratoria de emergencia en la justicia, pues sostuvo que desde hace tiempo la Función Judicial se encuentra “parada” por la falta de magistrados, lo cual complica garantizar la eficacia y la eficiencia que debe tener el sistema judicial.Ocaña observó que no se puede pensar en que se lleve a cabo otro concurso, ya que este procedimiento, añadió, llevará por lo menos un año o más.“Más allá de que no cuentan ni siquiera con los fondos para lanzar otro concurso, entonces, imposible. Eso, más bien, sería alargar el tema. Entonces, considero que esta medida es adecuada y va a ser positiva, tomando en cuenta la urgencia de seguir satisfaciendo la necesidad de la sociedad ecuatoriana hacia el sistema de justicia”, puntualizó Paúl Ocaña.Para Dominique Dávila, abogada penalista y constitucionalista, la emergencia es necesaria en la justicia, pues ejemplificó que en la realidad hay un juez penal que tiene a su cargo dos despachos. Esto, agregó, genera cruces de audiencias y diligencias.PublicidadLa jurista observó que el CJ debe justificar la declaratoria de emergencia y precisar cuánto tiempo durará, ya que la Función Judicial, añadió, no puede estar en emergencia de manera permanente.Sobre la designación de jueces temporales, Dávila opina que se deben tener en cuenta aspectos como su experiencia y el tiempo que estarán en estos cargos.“En el caso de que no haya la cantidad suficiente de ayudantes y secretarios para suplir las vacantes porque simplemente no quieren participar, ya que no es una obligación, tendrán que poner jueces sin carrera judicial ni meritocracia. ¿Qué es lo que se va a tomar en cuenta en ese escenario? Eso es lo que todavía no sabemos y ahí está el dilema”, examinó la abogada.La resolución aprobada por la Judicatura dispone implementar un proceso interno de designación temporal de jueces de Unidad Judicial, pero aclara que este procedimiento no generará estabilidad laboral permanente y está dirigido exclusivamente a los servidores, secretarios y ayudantes judiciales con más de cinco años de antigüedad en funciones que superen los requisitos.El informe precisa que el universo potencial para postular asciende a 1.251 secretarios y 1.833 ayudantes judiciales a escala nacional.Entre los requisitos mínimos que deben cumplir los aspirantes a jueces temporales están el título de abogado, experiencia profesional, capacitación judicial y la total ausencia de sanciones disciplinarias vigentes o inhabilitaciones para el cargo público.La resolución aprobada por la Judicatura recalca que los magistrados temporales designados conformarán un banco temporal de elegibles y deberán someterse a un curso obligatorio de formación en la Escuela de la Función Judicial antes de su posesión. El documento que sirvió de base para la declaratoria de emergencia establece que del déficit total de 729 jueces en todo el país, 531 hacen falta en unidades judiciales, 83 en salas de corte provincial, 51 en tribunales estatales y 64 en tribunales penales. A su vez, señala que actualmente existen 222 vacantes de jueces de primer nivel a escala nacional y 19 vacantes en tribunales y salas. Entre las provincias donde se requieren más operadores de justicia están El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Manabí, Morona Santiago, Pichincha y Zamora Chinchipe. Con la declaratoria de emergencia, el también CJ dispuso que en un mes, la Dirección General, en coordinación con las Direcciones Nacionales de Talento Humano y Asesoría Jurídica, deberá presentar un informe sobre la situación técnica y jurídica del concurso público de méritos y oposición para conformar los bancos de elegibles de la carrera judicial jurisdiccional a escala nacional. El texto recoge que la brecha de 729 jueces en Ecuador se debe a que desde el 2017 no se han priorizado concursos públicos ni se han asignado los recursos económicos necesarios para aprobar los concursos públicos por parte del Ministerio de Finanzas. (I)