Publicidad22 de julio, 2026 - 14h32Pese a que existe un dimensionamiento global a junio de 2026 que determina que aproximadamente 729 jueces faltan en la Función Judicial en Ecuador, el Consejo de la Judicatura (CJ) mediante la declaratoria de emergencia en todos los órganos jurisdiccionales de la Función Judicial solo llenaría 222 vacantes a nivel nacional. El pasado 14 de julio, el pleno de la Judicatura, integrado por los vocales Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros, Fabián Fabara y Damián Larco y la presidenta Mercedes Caicedo, decidieron ante la falta de jueces a escala nacional, declarar la emergencia para designar a magistrados temporales destinados a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Cortes Provinciales de Justicia y Unidades Judiciales.Un informe expuesto en el pleno del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial indicó que existe una brecha de 729 jueces en la Función Judicial. Esta cifra incluiría 531 jueces de unidades judiciales, 83 jueces en salas de corte provincial, 51 jueces en tribunales distritales y 64 jueces en tribunales penales. PublicidadSegún la información entregada, en donde existiría una situación más crítica es en las materias civil, en donde habría una brecha de menos 172, y en multicompetente, en donde la brecha está en menos 234. A la radiografía expuesta se suma que el 54 % de las dependencias a escala nacional se encuentra en estado crítico y existe la alerta por haber sobrepasado su capacidad máxima en el despacho de causas.También el documento presentado detalla que en Ecuador existen 437 dependencias judiciales con 1.765 jueces activos en diversas instancias; sin embargo, señala que la Judicatura no dispone de un banco de elegibles que permita cubrir la brecha de jueces en todo el país.Hace pocos días, la presidenta Caicedo explicó que identificaron que para poder dar fluidez a la resolución aprobada, más allá de que se necesitan 729 jueces, ese número no será posible conseguirlo en un solo mes, lo que se ha planificado es cubrir 222 vacantes. PublicidadPublicidadEntre las provincias donde se requieren más operadores de justicia están El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Manabí, Morona Santiago, Pichincha y Zamora Chinchipe.“Los jueces de unidad pueden optar por subir a ser jueces de tribunal. Los de tribunal suben a sala de Corte Provincial y los de Corte Provincial suben a sala de Corte Nacional de Justicia. El reglamento ya está determinado: suben no porque tengan que subir, porque le toca el siguiente escalón. Suben por sus méritos, por sus resoluciones, que no tengan expedientes disciplinarios ni ninguna acción que permita pensar que no son jueces confiables y que no podrían hacer esta escala, que es temporal, hasta poder sacar los concursos abiertos para que la ciudadanía se postule y pueda optar por esos puestos”, indicó Caicedo.En el documento aprobado por el pleno del CJ se dispone implementar un proceso interno de designación temporal de jueces de Unidad Judicial, pero aclara que este procedimiento no generará estabilidad laboral permanente y está dirigido exclusivamente a los servidores, secretarios y ayudantes judiciales con más de cinco años de antigüedad en funciones que superen los requisitos. El informe precisa que el universo potencial para postular asciende a 1.251 secretarios y 1.833 ayudantes judiciales a escala nacional.Entre los requisitos mínimos que deben cumplir los aspirantes a jueces temporales están el título de abogado, experiencia profesional, capacitación judicial y la total ausencia de sanciones disciplinarias vigentes o inhabilitaciones de cargo público.Para la jurista Marcela Estrella este escenario exige una vigilancia institucional rigurosa, pues la declaratoria de necesidad extraordinaria no puede convertirse en una vía de discrecionalidad para designaciones carentes de justificación técnica. Cree que será indispensable permanecer atentos a que estas designaciones respeten criterios técnicos, transparentes e independientes.“Toda incorporación temporal de jueces debe responder a déficits reales y objetivamente acreditados, sustentarse en estándares públicos de idoneidad, experiencia, probidad y especialización, aplicar procesos serios de perfilamiento y selección, y garantizar independencia frente a cualquier injerencia política, administrativa o corporativa ... De lo contrario... una medida concebida para fortalecer el servicio judicial podría terminar debilitando la legitimidad y autonomía de la Función Judicial”, sostuvo. (I)Publicidad