El Consejo de la Judicatura (CJ) avanza en el proceso de selección de jueces temporales, con el cual busca designar 222 magistrados para unidades judiciales de primer nivel, tribunales contenciosos administrativos, tribunales contenciosos tributarios y tribunales de lo contencioso administrativo y tributario a nivel nacional.Un primer paso fue la aprobación de la metodología para la selección de los jueces temporales, que tuvo el visto bueno del pleno de la Judicatura el 30 de julio de 2026, después de que el organismo declaró la emergencia en la Función Judicial el pasado 14 de julio.Aunque la opinión pública sostiene que se trata de “jueces golondrina” —expresión acuñada por la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas María Leonor Jiménez para referirse a magistrados que son designados por el poder de turno para determinadas causas—, la presidenta del CJ, Mercedes Caicedo, rechazó este término y aclaró que se trata de una medida excepcional que busca enfrentar el déficit de operadores de justicia a escala nacional.Publicidad“Yo dije que Ecuador no merece jueces golondrinas, lo dije para rechazar esa práctica y no para justificarla. La temporalidad no significa discrecionalidad o improvisación. No queremos jueces de paso, sin compromisos y sin responsabilidades; se buscan operadores de justicia que actúen con independencia, probidad y respeto a la Constitución y la ley. No se trata de poner jueces golondrina, se trata de impedir que la justicia se quede sin jueces”, enfatizó la autoridad en una sesión del pleno el pasado 16 de julio.Según la metodología aprobada por los vocales del Consejo de la Judicatura, en la convocatoria interna para las unidades judiciales podrán postular secretarios, oficiales mayores, ayudantes judiciales y amanuenses con nombramientos definitivos, provisionales y con contratos de servicios ocasionales. Los postulantes deberán tener al menos cinco años de permanencia en la Función Judicial.Asimismo, la normativa señala que la selección considerará, entre otros criterios, la formación académica, la experiencia profesional y la ausencia de sanciones disciplinarias que afecten la idoneidad para ejercer el cargo.PublicidadPublicidadEn tanto que para los tribunales de lo contencioso, la convocatoria estará dirigida a jueces titulares de las unidades judiciales de primer nivel.Esta reglamentación precisa que en ninguno de los dos procesos podrán postular quienes registren sanciones disciplinarias por infracciones graves o gravísimas. Además, señala que los aspirantes deberán presentar una declaración juramentada notariada en la que conste que no tienen inhabilidades previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial.La metodología contempla tres fases: una previa, una de selección y una de designación.La fase previa está a cargo de las direcciones provinciales en cuya circunscripción funcione la sede de los tribunales en materia de contenciosos administrativos, contenciosos tributarios y de lo contencioso administrativo y tributario, las cuales deberán ejecutar actividades como la identificación de vacantes, la certificación presupuestaria emitida por la Unidad Provincial Financiera y la elaboración del informe técnico para la aplicación de la metodología, entre otras.La etapa de selección está bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional de Talento Humano, que debe encargarse, entre otras cosas, de la convocatoria interna, de la recepción de postulaciones, de la verificación de requisitos, inhabilidades e impedimentos y de la elaboración del informe técnico de selección de los jueces temporales.En tanto que la fase de designación está a cargo del pleno del Consejo de la Judicatura, que tendrá que emitir la disposición para la elaboración de informes de viabilidad. Asimismo, deberá elaborar informes técnicos de viabilidad, emitir un informe jurídico y un proyecto de resolución, hacer una resolución de designación, notificar la resolución a las juezas y jueces temporales designados, coordinar la entrega del despacho de origen, emitir la acción de personal, entre otras tareas.PublicidadSobre los parámetros de calificación, la metodología establece que la formación académica tiene una valoración de 50 puntos y la formación profesional de otros 50, para dar un total de 100 puntos.Finalmente, en cuanto a la terminación de la temporalidad de los jueces que sean designados, esta normativa aclara que los magistrados podrán solicitar en cualquier momento la terminación de su designación temporal y el retorno a su cargo titular mediante petición expresa dirigida a la Dirección General de la Judicatura. Para tal efecto, precisa el documento, los jueces deberán acreditar que han reducido a escrito todas las sentencias orales emitidas durante el ejercicio de sus funciones temporales.La Dirección Provincial en cuya jurisdicción funcione el tribunal en materia de lo contencioso administrativo o contencioso tributario y de lo contencioso administrativo y tributario, así como la Dirección Provincial a la que pertenezca la dependencia judicial de origen del juez designado, podrán solicitar motivadamente la terminación de la designación temporal en atención a necesidades institucionales debidamente justificadas.En tanto que el pleno de la Judicatura también podrá, de oficio y en cualquier momento, disponer la terminación de las designaciones temporales por necesidades institucionales motivadas, ordenando el retorno de los jueces a sus cargos titulares.Juristas analizan la metodología aprobada por la JudicaturaPara Alexander Barahona, vocero de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj), si bien la metodología apunta a resolver un problema real de la ciudadanía, que es la falta de jueces, esta norma puede ser fortalecida en algunos aspectos.El representante de este gremio observa que en la metodología aprobada por la Judicatura no se especifica el tiempo en el que un juez temporal ejercerá sus funciones. “La temporalidad tiene que ser expresa; se debe indicar al juez que lo será por dos o tres años hasta que se realice el concurso. Debe haber un tiempo totalmente claro sobre la duración en el ejercicio de sus funciones”, examina.Otra de las observaciones que hace Barahona es la posibilidad de que secretarios y ayudantes judiciales con contrato ocasional por más de cinco años puedan entrar en este proceso de selección para jueces temporales, y alerta de que extender la posibilidad para que funcionarios sin concurso o sin un nombramiento provisional puedan llegar a ser magistrados temporales podría acarrear inestabilidad.“Se entiende que esto se da por la emergencia y porque no se han podido repetir los concursos; no se cuestiona la necesidad ni la procedencia de los jueces temporales, pero lo ideal es que quienes accedan sean funcionarios que tengan al menos nombramiento definitivo o nombramiento provisional, no contratos ocasionales”, precisa.Para el vocero de la Aemaj, otro punto que debió considerar la Judicatura en su metodología es la especialidad en la formación académica y profesional, pues las salas de las cortes provinciales, en su mayoría, están conformadas por especialidades penales, civiles, etc. A esto, Alexander Barahona agrega que se debió tener en cuenta un parámetro de evaluación periódica o retroalimentación para los jueces temporales para garantizar la calidad de sus decisiones y actuaciones.“La administración de justicia no es solo números; se requiere una calidad que permita al usuario entender que la administración funciona. La selección no debe ser una cuestión meramente matemática, sino que la ciudadanía perciba un proceso transparente, donde importe la probidad del magistrado”, puntualiza Barahona.Por su parte, Ismael Quintana, abogado constitucionalista, identifica un problema con la figura de jueces temporales y es que, dice, serán magistrados designados sin un concurso previo, violando la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial, y sin garantías.“Jueces temporales es un bonito membrete para llamarlos de manera elegante cuando ya son jueces a dedo. Eso preocupa en términos de independencia judicial, porque son jueces susceptibles de presiones, de corrupción, de amenazas o de injerencias por parte del Consejo de la Judicatura”, precisa.Quintana repasa que la emergencia en la justicia ecuatoriana no es nueva y recuerda que el déficit de cerca de 800 jueces no es un asunto reciente y no es el único, pues señala que también hay un déficit de fiscales de carrera que no se ha cubierto hace años.Para el constitucionalista, la Judicatura esquiva el problema a través de esta serie de soluciones parche. Entonces, dice: “Resulta que, de aquí a cuatro o cinco años, cuando venga otro Consejo de la Judicatura, seguiremos teniendo el mismo problema, porque esto es tapar un hueco abriendo otro”.Quintana sugiere que lo óptimo es realizar una evaluación a escala nacional a los operadores de justicia, como jueces y fiscales de todas las instancias, y posteriormente, considera, realizar el concurso de méritos y oposición.“La administración de justicia requiere cubrir las vacantes como manda la Constitución y la disposición constitucional es hacer concursos. Todo lo demás son soluciones parche”, recalca Quinta.A las consideraciones hechas por Alexander Barahona e Ismael Quintana se suman las de la exfiscal general Diana Salazar, quien examinó que la designación de los jueces temporales debe ser meticulosa y no usar la temporalidad como pretexto para poner en juego a la Función Judicial ni para ingresar a cualquier persona que no cumpla con los estándares que hoy necesita la justicia del país.Para la actual embajadora de Ecuador en Argentina, la crisis en el sistema de justicia pasa también por la voluntad de sus autoridades.“Con pocos recursos también se pueden hacer muchas cosas. No solo se trata de evidenciar la falta de operadores, sino que también hay que actuar con lo que se tiene. Durante seis años, entre el 2019 y el 2025, con todo el déficit de fiscales y de presupuesto, se llevaron adelante casos. Entonces, depende mucho de la voluntad y de la estrategia que tengan las nuevas autoridades. Creo que es lo apropiado lo que están liderando o encaminando ahora, que es esta declaratoria de emergencia, para que puedan subsanar esta crisis que se ha venido arrastrando durante estos últimos años”, enfatizó Salazar en entrevista con Teleamazonas. (I)