Víctor G. B., subinspector de la Policía Local de Granada, ha entrado en prisión para cumplir una condena de 29 meses por maltrato psicológico y daño psíquico a su expareja, Maribel, para quien no ha sido fácil llegar hasta aquí. Ese hombre la aterrorizó, a ella y a sus hijas, durante años, y usó en ese tiempo su trabajo y su cargo en la policía para hacerlo. Ella lo había denunciado en múltiples ocasiones. Los primeros signos de violencia comenzaron hace casi una década. En los hechos probados de la sentencia, se habla de “insultos y expresiones vejatorias como puta y facilona”. Maribel sitúa ahí el inicio: “En 2017 hice el primer intento importante de separarme y no llegué a hacerlo”. Todo se fue agravando, relata ella. Hasta que en septiembre del 2022, lo echó de casa. “En julio de 2023, no me quedó más remedio que denunciarlo porque ya era insostenible, el riesgo de la vida de mi hija y la mía era terrible. Y ya, estos últimos años han sido muy duros”. Del juicio celebrado en octubre de 2025 resultó una condena de dos años y ocho meses de prisión que, tras el recurso, la Audiencia Provincial ha rebajado a dos años y cuatro meses. Este domingo por la noche, con el visto bueno de la jueza que dictó la primera sentencia y de la Fiscalía, el policía ingresó en prisión para cumplir su condena. Tras la entrada en la cárcel de su expareja, Maribel explica a este diario que se encuentra “mejor, tranquila”. “Haciéndome un poco a la nueva situación; a no vivir con miedo, a ir tranquila con el coche, a no llevar dispositivos, a no tener sobresaltos”, resume. Pero explica que la tranquilidad no es fácil de asumir después de tantos años de violencia. “Necesito todavía un tiempo porque ahora mismo mi sensación es como si tuviera las emociones bloqueadas. No puedo reír bien, tampoco llorar. Supongo que aún tengo que asimilar todo esto después de tanta adrenalina y tanta lucha”.El ahora condenado y su ahora expareja convivieron durante tres décadas y tuvieron dos hijas. En 2017, ella decidió preparar oposiciones y comenzar un doctorado en su ámbito, la psicología. La sentencia sitúa ahí el cambio de conducta del policía, con el incremento de “las conductas de control, celos y menosprecio” hacia Maribel hasta 2023, momento en el que ella interpone la primera denuncia temiendo por la seguridad de sus hijas y la suya propia. Según la sentencia, durante la convivencia hubo “comportamientos agresivos —golpes al mobiliario, lanzamiento de objetos— y mantenía una actitud despectiva y hostil también hacia sus hijas no colaborando en la realización de faenas del hogar o familiares”. Todo ello supuso un daño psíquico a Maribel que, según los especialistas de la Unidad de Valoración Forense Integral que la atendieron, ha requerido un tiempo de curación de 180 días, que se incluye en la sentencia.La jueza que presidió este juicio enmarcó los hechos como dos delitos, uno de violencia física y psíquica habitual, con dos años de prisión, prohibición de aproximación a Maribel y a su hija mayor y, algo relevante al ser policía, “tres años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas”. En cualquier caso, el ahora condenado ha seguido ejerciendo su trabajo en la Policía Local, durante mucho tiempo en la calle y, en los últimos meses tras la sentencia, en ámbitos administrativos y formativos. También fue condenado por un delito de menoscabo psíquico a ocho meses de prisión, además de pagar una indemnización cercana a los 10.000 euros a la víctima. La jueza consideró posible pero no probado el maltrato sobre la hija mayor y no encontró ningún indicio de ello sobre la menor. Esta sentencia fue recurrida por todas las partes: víctima, Fiscalía y acusado. Maribel y la Fiscalía, sustancialmente, solicitaban la nulidad del juicio por no haberse condenado al policía por haber, presuntamente, robado datos personales y profesionales de su exesposa y tenerlos almacenados en un dispositivo electrónico. La Audiencia no le ha dado la razón. En cambio, sí ha atendido el recurso de Víctor G. B., reduciendo la sentencia en unos meses. Sin recurso posible para él, solo quedaba su ingreso en la cárcel de Albolote, en Granada, donde en principio deberá cumplir los 29 meses íntegros ya que todavía tiene por delante un abrumador horizonte judicial que incluye diez causas pendientes que imposibilitan cualquier beneficio penitenciario. A los siete procedimientos aún abiertos por su expareja, se suman tres causas ligadas a su profesión. Víctor G. B. está investigado por presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias y presunta pertenencia a organización criminal, vinculados todos ellos al presunto amaño de oposiciones policiales.Uno de los casos pendientes mezcla la esfera personal y la profesional. El subinspector no formaba parte de los agentes autorizados para consultar la información relacionada con su expareja en el sistema Viogen, el sistema del Ministerio del Interior para el seguimiento y protección de mujeres víctimas de violencia de género. Sin embargo, la Guardia Civil detectó entre julio de 2023, cuando ya existía sobre él una orden de alejamiento, y septiembre de 2024, hasta 48 accesos a la ficha de la víctima en Viogen. Un grupo de agentes locales están investigados por esas consultas.Los accesos fueron realizados presuntamente por varios compañeros del subinspector, la mayoría integrantes del Grupo de Mujer y Menores de la Policía Local de Granada. Según la investigación, estas consultas no se habrían producido a petición de la víctima, de la autoridad judicial ni de ninguna persona legitimada para solicitarlas. La jueza trata de determinar si respondían a funciones policiales legítimas o si se utilizaron para obtener información sobre la mujer al margen de los procedimientos establecidos. También investiga quién autorizó esas consultas, con qué finalidad se realizaron y si sirvieron para facilitar al agente datos reservados sobre una persona protegida por el sistema.El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.