EntrevistaPreside el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desde 2019, pero a finales de este mes abandonar� la plaza por su ascenso al Tribunal Supremo. Defiende la actividad de los magistrados y critica la falta de lealtad entre poderes del EstadoEl magistrado Celso Rodr�guez Padr�n, en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.MUNDOActualizado Mi�rcoles,

julio

08:28Celso Rodr�guez Padr�n (Ribadavia, 1962) acaba de ser ascendido a lo m�s alto de la carrera judicial, el Tribunal Supremo. Pr�ximamente ser� uno de los magistrados de la Sala Quinta, la que se ocupa de lo Militar. �Es la realizaci�n de un sue�o�, reflexiona. A finales de julio abandonar� el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que preside desde 2019. Aunque ahora se encontraba m�s o menos en la mitad de su segundo mandato, el inminente ascenso le obligar� a dejar la plaza de jefe de los jueces de la Comunidad. Una jurisdicci�n, por cierto, en la que han arrancado unos cuantos casos muy sonados.Hemos visto pasar por tribunales de Madrid los casos de Bego�a G�mez, de la pareja de D�az Ayuso, del ex fiscal general del Estado, derivadas del caso �balos... Todos estos casos han generado una fricci�n muy grande entre la pol�tica y la justicia. �Ha defendido el Consejo General del Poder Judicial lo suficientemente a los jueces?Considero que el Consejo s� ha desarrollado una posici�n acertada de defensa de la independencia judicial y de la separaci�n de poderes. Habr� gente que pida respuestas m�s en�rgicas y gente que no. Por otra parte, hay que negar que en Espa�a estuvi�semos asistiendo a una situaci�n de lawfare. Los jueces aplicamos las leyes y nos equivocamos como humanos todos los d�as. Pero de ninguna manera los jueces espa�oles, ni el Tribunal Supremo, ni Audiencia Nacional, ni el resto de los �rganos judiciales, estamos inmersos en una campa�a de descr�dito o de atentado contra los otros poderes del Estado. Es verdaderamente lamentable que hayamos llegado a esta situaci�n en una sociedad democr�tica avanzada, �no?�Y c�mo hemos llegado a esto?Determinados asuntos, por la resonancia medi�tica, personal o pol�tica que han tenido, han provocado esta fricci�n y que se hayan pronunciado declaraciones que, como ha dicho el Consejo en m�s de una ocasi�n, han ido m�s all� de la cr�tica leg�tima a las resoluciones judiciales. Han llegado a la descalificaci�n personal o colectiva, porque la descalificaci�n personal es grave, pero la colectiva tambi�n es grav�sima cuando de manera indiscriminada se le atribuye al poder judicial esta participaci�n en una estrategia dise�ada y consciente, que no creo de ninguna manera que sea real.�ltimamente hemos vivido situaciones bastante ins�litas, como jueces que han demandado a pol�ticos por atentar contra su derecho al honor, o ministros que acusan de prevaricar a los jueces. �Se ha perdido el fair play entre instituciones?El fair play institucional debiera regir en todo tiempo por fidelidad a la Constituci�n y a la divisi�n de poderes. Y se basa en dos palabras: respeto institucional. Creo que en cualquier sociedad democr�tica el respeto institucional es exigible absolutamente a todo el mundo. No concibo, repito, que el poder judicial haya estado inmerso en esas campa�as de lawfare que se le han atribuido. Y ser�a deseable que el respeto institucional presidiese las relaciones entre los poderes del Estado. La sociedad lo merece, �no?Lo contrario afecta a la credibilidad de las instituciones.La cr�tica continua, las descalificaciones, los ataques continuos al poder judicial encierran un efecto pernicioso: minar la credibilidad de la ciudadan�a en sus instituciones, particularmente en el poder judicial, que es el garante constitucional de la tutela de los derechos e intereses. No se puede destrozar esa confianza necesaria de la sociedad en el poder judicial, sobre todo cuando este c�mulo de tensi�n, si hacemos repaso, se concentra en una cantidad muy peque�a de asuntos. Pensemos en que cada a�o en Espa�a ingresan y casi se resuelven del orden de siete millones de asuntos. No se puede trazar ninguna campa�a de descr�dito ci��ndonos a un n�mero muy escueto de causas.Por cierto, de esos siete millones de causas, una buena parte recala en los juzgados de la Comunidad de Madrid.Cuantitativamente, venimos soportando en los �ltimos a�os m�s de una s�ptima parte del conjunto de la litigiosidad del Estado. Hace ya tres a�os que en el �mbito del TSJM se supera el mill�n de asuntos ingresados. En 2025 hubo 1.184.510 nuevos asuntos, casi un 8% m�s que el dato anterior. Esto genera el primer problema de la justicia, que es la lentitud, y que se explica en gran medida por la desproporci�n existente entre el volumen de asuntos que ingresan y el n�mero de jueces en Espa�a. Este es un problema que se arrastra desde 1988.�Cu�l es la media europea de jueces por habitante comparada con la espa�ola?La media europea est� en torno a unos 21 jueces por 100.000 habitantes. En Espa�a tenemos casi exactamente la mitad.Al final, la lentitud produce desapego del ciudadano hacia la Justicia. Es desalentador pensar que cuando se empieza un pleito durar� varios a�os, �no?La sensaci�n m�s acertada puede ser desaz�n. La sociedad espa�ola conf�a en sus jueces. Y de hecho hay f�rmulas alternativas de soluci�n de conflictos que no prosperan con la intensidad, al menos, que se preve�a. Hay estudios que desde hace a�os ponen de manifiesto un razonable nivel de confianza en la independencia de los jueces. Pero esa desaz�n de saber que un proceso durar� a�os tiene su origen en la desproporci�n existente entre el n�mero de asuntos que soporta el sistema judicial y el n�mero de jueces.Los abogados, sobre todo en temas de corrupci�n o penales, �aprovechan a veces para entorpecer todav�a m�s el proceso, sabiendo todas las garant�as que da el sistema?Los recursos del sistema se pueden utilizar en todo tipo de procedimientos, no solo en esos. Ahora bien, el derecho de defensa leg�tima permite que se utilicen todos los recursos que proporciona un sistema tan garantista. El garantismo penal es una conquista y esto tiene una contrapartida: que haya jueces suficientes como para dar una respuesta �gil. Por eso no deber�amos hablar tanto de hasta qu� punto la abogac�a se aprovecha de esos recursos, sino del n�mero de jueces que tenemos.En Madrid, �cu�l es la jurisdicci�n que est� m�s sobrecargada?La civil hoy en d�a es la que soporta mayor n�mero de asuntos. Ha influido la aparici�n de determinadas formas modernas de litigiosidad masiva derivada de productos de consumo, productos bancarios, productos financieros, productos hipotecarios, cl�usulas, transporte a�reo... Eso ha generado un incremento exponencial.Este a�o se ha completado la implantaci�n de los Tribunales de Instancia. �Notan alg�n cambio?De momento no hemos experimentado ese salto cualitativo tan grande que algunos hab�an confiado a la reforma. Hay que esperar algo m�s para poder comparar.�Qu� podr�a ayudar a acelerar un poco los tiempos de estos casos masivos de consumo?Hay un debate de profundidad, que es si todos estos asuntos deber�an sustanciarse en una plaza judicial. �Puede haber alg�n otro mecanismo de resoluci�n de este tipo de reclamaciones entre entidades bancarias y consumidores? Ahora, en la reforma que instaura los Tribunales de Instancia se han a�adido otras reformas procesales. La m�s llamativa ha sido la que instaura de manera obligatoria, en la mayor parte de los asuntos civiles, como previo a la demanda judicial, lo que se llaman medios alternativos de soluci�n de controversias (MASC).Este tipo de casos pueden llegar a colapsar un juzgado.Estos asuntos de consumo a los que me refiero no suelen tramitarse de manera colectiva, son demandas individuales de cada consumidor. Hemos llegado a tener 137.000 asuntos de gastos derivados de hipotecas en un solo juzgado.�Cu�ntos �rganos judiciales nuevos hacen falta en Madrid?Hemos llegado a reclamar 127 �rganos judiciales. Pero no es un n�mero caprichoso: esta cifra obedece a la aplicaci�n de las ratios del volumen id�neo de asuntos que debe soportar un �rgano judicial, y esto se establece por el Consejo General del Poder Judicial.�Qu� inversi�n supondr�a?Somos conscientes de que los �rganos judiciales no se improvisan de la noche a la ma�ana: instalaciones, personal, el titular, mantenimiento... La puesta en marcha de cada nuevo juzgado lleg� a cuantificarse m�s o menos en medio mill�n de euros como inversi�n inicial. Es un coste, pero tambi�n tiene un coste la ampliaci�n de camas de hospitales o de plazas escolares.�C�mo deber�an ser esas plazas nuevas de jueces y magistrados?El Ministerio de Justicia ha anunciado la creaci�n de 7.500 plazas judiciales con posibilidad de ampliaci�n en otra partida el a�o pr�ximo. Pero han de cubrirse con jueces y magistrados de carrera. No apostamos por una cobertura masiva de las plazas judiciales por parte de jueces que no sean profesionales, que no sean de carrera, porque el modelo de juez de carrera es el dise�ado en la Constituci�n.�La falta de sinton�a entre el gobierno central y el regional entorpece el crecimiento del sistema judicial madrile�o?Hay disfunciones llamativas, por ejemplo, en la dotaci�n de los sistemas inform�ticos. Ahora mismo conviven en Espa�a varios, cada uno dise�ado por cada CCAA, y otro sistema que es el del ministerio, com�n a las cinco comunidades que no tienen la Justicia transferida. La cuesti�n se agrava cuando todos presentan grav�simas dificultades de compatibilidad.�Mejorar� la eficiencia la Ciudad de la Justicia?Prefiero hablar de eficacia. Concentrar en un solo espacio las 27 sedes judiciales que tenemos creo que s� va a contribuir a una mejor atenci�n. Estos d�as he recibido quejas de partidos judiciales por el calor. Tener edificios con infraestructuras m�s modernas que las actuales tambi�n ser� mejor para todos.