La Fiscalía ha detectado fallos claros en la cadena de decisiones que se tomaron en los despachos de la Xunta y el Ayuntamiento justo antes de declararse el megaincendio de Oímbra (Ourense), el segundo fuego más destructivo de la historia en Galicia que el pasado agosto arrasó 23.000 hectáreas y dejó heridos de gravedad a tres jóvenes brigadistas. El ministerio público aprecia “evidentes errores de coordinación y mando” que hicieron que se siguiesen realizando desbroces en las carreteras de este municipio pese al riesgo extremo de incendio. Fue precisamente un tractor que realizaba estas tareas el que causó la chispa que desencadenó la tragedia. El único imputado en la causa que investiga la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Verín (Ourense) es el trabajador de la empresa privada contratada por el Gobierno de Alfonso Rueda (PP) para estas limpiezas. La Fiscalía considera que las acusaciones contra el operario deben ser sobreseídas y abre la puerta a que se diriman posibles responsabilidades de las administraciones por la vía civil.El ministerio público señala descoordinación de la Xunta y el Ayuntamiento de Oímbra, ambos en manos del PP, “en las órdenes dadas al trabajador y las prohibiciones existentes para hacer determinados trabajos en esa situación climatológica”, con la localidad en temperaturas muy elevadas y azotada por un fuerte viento. El hombre “actuaba siguiendo unas órdenes de trabajo como empleado de Agro Estévez”, una firma adjudicataria de la Administración autonómica, y no estaba limpiando una finca de su titularidad por iniciativa propia, aduce el escrito enviado a la jueza que instruye el caso. En los documentos y testimonios recogidos en el sumario, no consta que “fuera notificado o avisado de algún modo de una prohibición expresa” para realizar esos desbroces, remata la Fiscalía.El fiscal descarta por ello que el operario que siguió desbrozando cometiese un delito de incendio forestal imprudente, ya que para este castigo penal es preciso que la imprudencia sea grave y no puede ser así si lo que hacía el empleado de Agro Estévez era cumplir con su trabajo. Pide pues el sobreseimiento provisional de las acusaciones contra él. Las responsabilidades que se puedan derivar de los errores que cometieron la Xunta y el Ayuntamiento de Oímbra tendría que dirimirse por la vía civil, explica la Fiscalía en su escrito, ya que las personas jurídicas, sean públicas o privadas, no pueden cometer imprudentemente el delito de incendio previsto en el Código Penal. El presidente gallego Alfonso Rueda ha evitado hasta el momento dar explicaciones sobre la gestión de este fuego escudándose en que está bajo investigación judicial.El desastre de Oímbra se produjo entre el 12 y el 31 de agosto del año pasado, con la provincia de Ourense inmersa en una voraz ola incendiaria, azotada por múltiples focos. La alcaldesa de este municipio, la popular Ana Villarino, ha declarado como testigo. Ante la jueza, alegó que el operario investigado trabajaba para la Xunta, aunque reconoció que el tractor municipal también siguió desbrozando carreteras con riesgo extremo de incendio. Esgrimió que recibió un correo de Seaga, la empresa de servicios agrarios del Gobierno gallego, advirtiendo de la paralización de las limpiezas de las cunetas por las condiciones climatológicas. Sin embargo, no se sintió concernida por el peligro y dio por hecho que sería la Administración autonómica quien avisaría al operario de Agro Estévez. Las declaraciones del resto de testigos revelan que la orden de parar estos arriesgados trabajos salió de los despachos de la Xunta en Santiago, pero se perdió por el camino entre órdenes contradictorias y mensajes confusos.