La investigación judicial del megaincendio de Oímbra (Ourense), el segundo más destructivo de la historia de Galicia, sigue destapando el escenario de descoordinación y negligencia que desencadenó el desastre. El fuego, que el pasado verano devoró más de 23.000 hectáreas entre el 12 y el 31 de agosto e hirió de gravedad a tres jóvenes brigadistas, fue provocado ya en plena oleada incendiaria por unas peligrosas labores públicas de desbroce de cunetas que estaban prohibidas. Las tareas, que prosiguieron con calor sofocante y viento intenso pese a la orden de suspensión emitida desde la sede de la Consellería de Medio Rural en Santiago, las estaba ejecutando a las dos de la tarde un tractor que trabajaba para la Xunta, según ha alegado ante la jueza la alcaldesa de Oímbra, Ana Villarino (PP). La desbrozadora del Ayuntamiento también siguió funcionando pese al riesgo extremo de incendio, admite la regidora, pero “no estaba trabajando a esa hora”.El relato judicial en fase de instrucción de las causas del incendio de Oímbra dibuja una gestión caótica en los despachos de la Administración autonómica y del Ayuntamiento, pero el único investigado es el conductor del tractor que realizaba los desbroces. Se trata de un trabajador de la empresa Agro-Estévez SL, contratada por la Xunta para limpiar cunetas. El hombre de 47 años manejaba un vehículo con deficiencias en el mecanismo antichispas. Está acusado de un presunto delito de incendio por imprudencia grave y de tres delitos de lesiones y daños por imprudencia grave. ¿Para quién estaba trabajando y por qué no acató la orden de parar?Tanto el operario investigado como el empleado municipal que organizaba los desbroces en Oímbra declararon en el juzgado que esta adjudicataria hacía limpiezas para la Xunta y para el Ayuntamiento y que circularon órdenes contradictorias. La alcaldesa, sin embargo, lo niega. Defiende que el consistorio no tiene “ningún contrato” ni “vínculo” con Agro-Estévez. Villarino, a cuya declaración el pasado mayo como testigo ha tenido acceso EL PAÍS, elude ante la titular de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Verín (Ourense) cualquier responsabilidad en las tareas que ejecutaba el imputado. “No sé quién le da las órdenes a Agro-Estévez, supongo que sería Seaga [empresa de servicios agrarios de la Xunta] o [la Consellería de] Medio Rural”, aduce.La regidora se lava las manos de todo lo ocurrido aquel funesto 12 de agosto en el municipio de 1.700 habitantes que su familia gobierna desde 1979. La popular lleva 11 años ejerciendo el poder con mayoría absoluta y sustituyó a su padre después de 36 años en la alcaldía. Con la provincia de Ourense en alerta máxima y ya acosada por las llamas, ella asegura que no sabía que aquel día Oímbra estaba en riesgo extremo de incendio. Alega que ignoraba que la Xunta había prohibido los desbroces: “El día del incendio se podía trabajar, se podía desbrozar. No teníamos ninguna comunicación en contra”. Admite, eso sí, que nueve días antes del devastador incendio, mientras celebraba la Fiesta del Pimiento con la conselleira de Medio Ambiente, recibió un correo de la delegación en Ourense de la empresa de servicios agrarios de la Xunta (Seaga). Le comunicaban precisamente esa suspensión, pero ella no se sintió aludida. El mensaje informaba a Villarino de que los trabajos de retirada de biomasa del vehículo de Agro-Estévez se paralizaban por las peligrosas condiciones meteorológicas, pero ella no dudó en permitir que las tareas prosiguiesen con el tractor municipal, admite. “A nosotros [ese correo] no nos está diciendo que paremos. Nos está informando de que paralizaron su tractor, pero no nos está diciendo a nosotros que demos orden de parar”, sostiene.Sin explicaciones ni dimisionesLa alcaldesa se lava las manos de la responsabilidad de avisar al tractorista imputado de que no debía desbrozar por el serio riesgo de provocar chispas y causar un incendio. “Nosotros no supervisamos la labor de Seaga [la empresa de la Xunta]”, afirma. “A nosotros no nos comunican cómo ejecutan, ni cómo hacen, ni nos piden permiso, ni nos dicen los días que van a ir o no van a ir”. Reconoce que el operario que limpiaba cunetas para el Ayuntamiento sí se comunicaba con el que trabajaba para la Xunta, que la mañana del 12 de agosto hasta se tomaron un café. Pero la alcaldesa esgrime que lo hacía por su cuenta: “Él eso lo hace de forma autónoma”. Ella, superior jerárquica de este empleado municipal, se desvincula totalmente de sus tareas: “Órdenes de trabajo no hay, ni verbales ni escritas, él hace según le parece”.Además de arrasar más de 23.000 hectáreas de siete municipios de Ourense y forzar el desalojo de varios núcleos de población, el megaincendio de Oímbra estuvo a punto de costarle la vida a tres jóvenes brigadistas municipales. Uno de ellos, de solo 18 años, estuvo ingresado casi tres meses con más del 50% del cuerpo abrasado. El jefe de la brigada declaró ante la jueza que fue la alcaldesa quien les indicó a dónde debían dirigirse para ayudar en el combate de las llamas y, en el camino, fueron cercados por el fuego. Ella también lo niega y atribuye esas instrucciones al Distrito Forestal de Verín. Sobre los fallos mecánicos del vehículo municipal en el que los heridos se trasladaban y que les impidieron huir cuando se dieron cuenta del peligro, responde que había pasado la ITV y que ellos nunca informaron de deficiencias.La temporada de alto riesgo arranca este miércoles y, tras la terrible ola incendiaria del año pasado, el presidente de la Xunta, el popular Alfonso Rueda, se confiesa preocupado. Dice trabajar para “intentar estar lo más preparado posible” frente a las llamas y presume de contar con “los mejores equipos de España y probablemente de Europa”. Tanto él como los responsables de la Consellería de Medio Rural han evitado hasta ahora aclarar los errores de gestión que desataron el grave incendio de Oímbra. Se escudan en que la investigación judicial está abierta. El BNG ha pedido sin éxito dimisiones por este “absoluto desastre y negligencia” y critica que Luisa Piñeiro, responsable de la empresa pública Seaga que encargó los desbroces a Agro-Estévez, haya sido nombrada directora general de Planificación Forestal. “¿Cómo puede ser que la responsable de la empresa que no paralizó esta máquina a pesar del grave riesgo de incendios, y por lo cual se provocó esta terrible catástrofe, fuera premiada?”, se preguntaba en mayo en el Parlamento gallego el diputado nacionalista Secundino Fernández.