Una familia extremeña ha denunciado públicamente la situación educativa que viven sus dos hijos gemelos, de nueve años, diagnosticados con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en el CEIP Jiménez Andrade, de Puebla de Obando, en la provincia de Badajoz. Aseguran que el colegio donde estudian no ha aplicado las adaptaciones previstas por la normativa para este tipo de alumnado. Tras más de un año de reclamaciones, los padres lamentan que no han recibido una respuesta efectiva por parte de la Junta de Extremadura (PP), pese a haber presentado informes médicos, documentación psicopedagógica y una solicitud formal de intervención ante la Inspección Educativa. Por la Cadena SER de Extremadura pasaba el padre de estos menores, Manuel Román, quien contaba que los niños fueron diagnosticados por especialistas y, durante los primeros cursos de educación primaria, su evolución académica fue satisfactoria dentro de las dificultades propias de su trastorno. La situación, asegura el familiar, comenzó a cambiar durante tercero de primaria, cuando una nueva docente asumió la tutoría de ambos hermanos. Desde entonces, traslada que los menores empezaron a acumular suspensos en las materias impartidas por esa profesora, entre ellas Matemáticas, Lenguaje o Conocimiento del Medio, mientras mantenían resultados positivos en el resto de las asignaturas.El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que puede afectar a la capacidad de atención, al control de la impulsividad y a la regulación emocional. La normativa educativa contempla diferentes medidas de apoyo para facilitar el aprendizaje de este alumnado, entre ellas la adaptación metodológica, la flexibilización de determinadas pruebas de evaluación y estrategias específicas para favorecer su rendimiento escolar.En Extremadura existe desde hace años un protocolo de actuación dirigido al alumnado con TDAH que establece la coordinación entre los servicios sanitarios y educativos, así como la obligación de aplicar medidas individualizadas cuando el diagnóstico está acreditado. En concreto el protocolo se presentó oficialmente el 2 de julio de 2015 y comenzó a implantarse en los centros educativos de la región a partir del curso escolar 2015/2016.Los padres sostienen que esas adaptaciones nunca llegaron a aplicarse de forma efectiva. Según relatan, tras revisar los primeros exámenes de sus hijos decidieron consultar a profesionales de la enseñanza, quienes les habrían indicado que las pruebas no estaban adaptadas a las necesidades derivadas del trastorno. Ante esa situación solicitaron una reunión con la tutora y con la dirección del centro. En ese encuentro, según la versión del padre, trasladaron tanto el diagnóstico médico como la necesidad de aplicar las medidas contempladas en la legislación educativa. Manuel Román asegura que durante esa reunión percibió una actitud de incredulidad respecto al diagnóstico de sus hijos y afirma que incluso llegó a mostrar la medicación prescrita para acreditar la existencia del trastorno.La familia sostiene igualmente que la profesora reconoció el buen comportamiento de ambos alumnos en clase, su interés por aprender y su correcta integración con el resto de compañeros. Sin embargo, esa valoración, según los padres, contrastaba con los resultados obtenidos en los exámenes y con el elevado número de suspensos registrados en las asignaturas impartidas por la misma docente. Tras comprobar que la situación no mejoraba, los padres iniciaron una serie de gestiones ante la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, presentando en mayo de 2025 un escrito dirigido a la Inspección Educativa solicitando una actuación formal.En dicho documento, al que alude la familia, se denunciaba un presunto incumplimiento de las medidas de adaptación educativa previstas para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Asimismo, se pedía una inspección que analizara el funcionamiento del centro y verificara si se estaban aplicando correctamente las adaptaciones recogidas en los informes médicos y psicopedagógicos.Antes del inicio del siguiente curso escolar, el Equipo de Orientación Educativa elaboró un informe psicopedagógico de 28 páginas para cada uno de los menores. En esos documentos, según explica la familia, se detallaban las necesidades específicas de los alumnos y se proponían diferentes medidas de apoyo para facilitar su aprendizaje. No obstante, los padres consideran que las recomendaciones tampoco fueron aplicadas durante cuarto de Primaria. Aseguran que los nuevos exámenes continuaban sin adaptarse a las características de sus hijos y que los resultados académicos siguieron deteriorándose, especialmente en las tres asignaturas impartidas por la misma tutora.La familia afirma que esta situación ha tenido un impacto emocional importante sobre los menores, donde los niños han desarrollado una percepción negativa del colegio, acuden a clase con ansiedad y muestran una creciente falta de confianza en sus posibilidades académicas. El conflicto se ha agravado tras la decisión del equipo docente de proponer que ambos alumnos repitan curso con la misma docente objeto de la denuncia. Los padres rechazan esa medida al considerar que el bajo rendimiento académico es consecuencia directa de la ausencia de las adaptaciones educativas que, a su juicio, exige la legislación vigente. Además de la reclamación presentada ante la Inspección Educativa, la familia afirma haber remitido escritos a distintos responsables de la Junta de Extremadura, entre ellos a la presidenta María Guardiola y a la Consejería de Educación, sin haber obtenido, según sostienen, una respuesta que dé solución al problema planteado. Desde la Junta de Extremadura trasladan a EL PAÍS que el caso se está analizando de manera interna por lo que no se dará más información al respecto. Mientras que en el CEIP Jiménez Andrade, de Puebla de Obando, trasladan que no van a hacer declaraciones sobre la situación de los menores y remiten al inspector educativo del centro.