El Govern catalán presentó el lunes el anteproyecto de ley de simplificación de trámites en el ámbito urbanístico y ambiental, una reforma de la administración que busca que empresas y ciudadanos obtengan licencias de obras y autorizaciones ambientales en un plazo de un mes, y planeamientos urbanísticos derivados en seis u ocho meses.La nueva normativa, que modifica 15 textos legales vigentes –10 con rango de ley y 5 reglamentos– no busca desregular ni alterar los requisitos técnicos o ambientales, sino solo incidir en aspectos procedimentales y establecer un régimen de corresponsabilidad con el sector privado para acelerar la actividad económica y la reindustrialización.
Así lo explicó el Govern en un acto en la fábrica de Ebro, situada en los antiguos terrenos de Nissan en la Zona Franca, justo cuando inicia el trámite formal de información pública y participación ciudadana del texto, que se alargará hasta septiembre.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, defendió que con este anteproyecto lo que están haciendo "es política de la buena, política útil", así como aplicar "un cambio de mentalidad". Con ello, el Ejecutivo catalán instaura así vías alternativas y voluntarias, e introduce por primera vez un régimen de "corresponsabilidad" entre el sector público y el privado, que podrá emitir informes vinculantes.
