La Unión Europea vuelve a topar consigo misma cuando tiene que afrontar las sanciones a los productos de los asentamientos ilegales israelíes. Aunque hay un posicionamiento común en que “los 27 Estados miembros de la UE coinciden en que los asentamientos israelíes son ilegales conforme al derecho internacional” y van en contra de la solución de dos Estados, la burocracia y los intereses de las capitales enturbian la toma de decisiones sobre qué hacer con los productos provenientes de estos asentamientos que compra Europa.
La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, ha admitido este lunes, tras la reunión con los ministros de Exteriores de los 27 países, que “la opción que recibió el mayor apoyo entre los Estados miembros fue la de prohibir el comercio con los asentamientos israelíes ilegales”. Sin embargo, Kallas ha resaltado que “por desgracia, necesitamos tener una posición unificada y, hasta ahora, no hemos sido capaces de alcanzar esa posición común”.
Por un lado, está la posición de países como Bélgica, Países Bajos, España e Irlanda, que defienden que se prohíba la compra de productos israelíes provenientes de los asentamientos ilegales, mientras que otros Estados mantiene una postura contraria a castigar a Israel, como ocurre con Alemania, Italia, Austria y la República Checa.
