La UE está de acuerdo en que los asentamientos israelíes en Cisjordania son ilegales según el derecho internacional, como confirmó hace dos años el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU. Y que suponen la mayor amenaza en estos momentos para la posición común europea sobre una solución de dos Estados al conflicto palestino-israelí. Aun así, los ministros de Exteriores de la UE no han logrado este lunes cerrar una vía concreta para sancionar el comercio con estas colonias y han dejado en manos de sus embajadores en Bruselas la tarea de concretar el fondo y, sobre todo, la forma, de una futura propuesta. Y no es una cuestión baladí. Porque si se acepta que la manera de aprobar este tipo de medidas como sanción es la unanimidad, como ha sugerido el Ejecutivo europeo, cualquier propuesta nacerá ya prácticamente muerta. Muchos países se han sorprendido por la insinuación de la Comisión Europea que reclaman ya países como Alemania o Italia. Las sanciones comerciales no requieren sin embargo este difícil umbral normalmente usado para decisiones políticas. Muchas capitales llevan meses presionando por dar una señal fuerte ante Israel, que tampoco se ha logrado este lunes.Según ha dicho la alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, al término de una tumultuosa reunión de ministros de Exteriores en Bruselas, de las tres “opciones” que propuso la Comisión Europea para restringir o vetar el comercio con los asentamientos ilegales, la de prohibir totalmente esta actividad comercial fue la que obtuvo “más apoyos”. Pero ni siquiera fue sometida a voto aunque este paso tan preliminar —es el paso previo para que de “opciones” se pase a una propuesta en firme, con argumentación legal sólida— solo requería una mayoría simple de 14 países. Una muestra más de lo divisiva que es esta cuestión en una UE donde un grupo de países minoritario, pero suficiente, se oponen sistemáticamente a dar casi cualquier paso que pueda suponer una crítica a Israel o al Ejecutivo de Benjamín Netanyahu, por mucho que critiquen algunas de sus políticas y acciones.“No se trata de opciones contra Israel. Son opciones contra los asentamientos ilegales que socavan la solución de dos Estados”, ha subrayado Kallas, quien sin embargo ha reconocido que ni aún así se ha logrado avanzar de forma definitiva. Fuentes diplomáticas indican que claramente a favor de avanzar ya solo se pronunciaron 11 países, mientras que otros no se manifestaron tan contundentemente, o lo hicieron con condiciones o en contra. Por ello, ha agregado la estonia, “hemos encargado a los embajadores que continúen el trabajo”. Conscientes todos de que el tiempo se escapa una vez más —no habrá una reunión formal de ministros de Exteriores hasta octubre, ya en plena campaña electoral en Israel—, Kallas ha dejado la puerta abierta a que, si se dan las condiciones, se pueda celebrar una reunión “extraordinaria” en algún momento del verano sobre esta cuestión.La restricción del comercio de la UE con los asentamientos ilegales y que la vía para ello es la mayoría cualificada —y no la unanimidad— por ser una medida comercial es algo que vienen defendiendo múltiples expertos y antiguos altos responsables políticos europeos. Los últimos son la exministra española de Exteriores, Arancha González Laya, quien, junto al exvicecanciller alemán Sigmar Gabriel, los excomisarios de Comercio Pascal Lamy y Cecilia Malström, así como el ex primer ministro italiano Enrico Letta, reclamaron una propuesta “bien calibrada” de la UE en este sentido y en coherencia con sus propias políticas. “El fallo del TIJ y la continua expansión por parte de Israel de sus asentamientos ilegales en Palestina exigen una respuesta unificada de la UE. Existen argumentos de peso y precedentes que justifican que la UE haga uso de sus competencias en materia de política comercial”, subrayan en una opinión publicada en el laboratorio de ideas ECFR. “Ya es hora de que la UE aplique sus propias normas en lo que respecta al comercio con los asentamientos israelíes. Cualquier otra medida iría en contra de los propios principios fundacionales del bloque”, advierten.El malestar con la peligrosa puerta que ha abierto la Comisión Europea al plantear la posibilidad de la unanimidad fue patente nada más comenzar la cita en Bruselas.“Me preocupa que estemos en una táctica dilatoria, que estemos debatiendo, debatiendo sin hacer algo que no necesitaría realmente ninguna discusión”, dijo el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, a su llegada a la cita bruselense. En el mismo sentido se manifestó su par belga, Maxime Prévot, para quien la propuesta de la Comisión es más “una especie de hueso para roer que una voluntad real de avanzar”. “Percibo en la Comisión cierta reticencia a la hora de intentar explicarnos que se necesita la unanimidad para evitar una votación por mayoría cualificada. Lo percibo (…) Tengo la sensación de que hoy volverán a buscarnos una excusa para no someterlo a votación”, dijo premonitoriamente a su llegada al encuentro el responsable de Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel, quien recordó que varios países han “insistido, insistido e insistido” desde hace tiempo para que el Ejecutivo europeo presentara alguna propuesta que envíe una “señal fuerte” al Ejecutivo de Netanyahu. O al menos simbólica. En sí, la medida, incluso de ser aprobada, tendría un impacto mínimo en la economía israelí: según cálculos de la propia Comisión Europea, el comercio en la UE de los productos de los asentamientos representó el año pasado apenas 75,6 millones de euros de un volumen total de importaciones con Israel de 15.300 millones. Pero tal como señalaba un diplomático de cara a la cita del lunes: “Incluso si son solo dos euros, es importante que nuestra política comercial se ajuste al derecho internacional”.Tanto Bettel, como Albares, Prévot, el neerlandés Tom Berendsen o la irlandesa Hellen McEntee, entre otros, fueron contundentes al subrayar que se trata de medidas “comerciales” que por lo tanto requieren solo mayoría cualificada, no unanimidad como defienden abiertamente, escudándose en el razonamiento de la Comisión, Alemania, Italia o Lituania, mientras que Austria se ha limitado a indicar que necesita una propuesta concreta con una “base legal sólida” para opinar. Los defensores de la mayoría cualificada, entre los que también se cuenta la propia Kallas, recuerdan que no solo los expertos internacionales abogan por esta vía, sino que los propios servicios legales del Consejo, que son los responsables de asesorar en este tipo de cuestiones a los Estados, han dejado claro “hace tiempo”, como recordó la irlandesa, que es una medida comercial y por tanto no necesita unanimidad.Más fondos para la recuperación de GazaTras la cita de ministros, la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, y el primer ministro palestino, Mohammad Mustafa, presidieron la segunda reunión del Grupo de Donantes para Palestina, en el marco de la cual se acordó la creación de la Iniciativa Equipo Gaza para “coordinar los esfuerzos internacionales para proporcionar un mayor apoyo financiero a las iniciativas de recuperación temprana en Gaza”. En la cita se lograron recaudar casi 900 millones de euros para la recuperación temprana en Gaza, según adelantó Bruselas. España es uno de los países participantes en esta iniciativa en la que también están Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Noruega, Finlandia, Italia, Países Bajos, Francia, Japón, Suiza, Suecia y Bélgica, además de la Comisión Europea, el Banco Europeo de Inversión (BEI) y el Banco Mundial. Según Bruselas, también países como Australia o Canadá han “manifestado su interés” por participar y podrían unirse próximamente.La Iniciativa se basa en el informe final Evaluación rápida de los daños y necesidades en Gaza (RDNA, por sus siglas en inglés) presentado en abril en Bruselas y en el que, según los cálculos de UE, la ONU y el Banco Mundial, la factura para que la Franja se recupere de la devastación provocada por la ofensiva militar israelí en respuesta a los atentados de Hamás de octubre de 2023 asciende a 71.400 millones de dólares (más de 60.600 millones de euros) en la próxima década.