La Generalitat Valenciana pilotada por el expresidente Carlos Mazón (2023-2025) tuvo acceso en tiempo real a los datos que confirmaron la gravedad de la dana que dejó 230 muertos en Valencia el 29 de octubre de 2024, según ha revelado este lunes un meteorólogo ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la catástrofe, Nuria Ruiz Tobarra. En su intervención, el testigo ha expuesto que, desde el Centro de Coordinación de Emergencias, el dispositivo autonómico que coordinó la crisis, los operarios recibieron el flujo informativo de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), que procesa variables pluviométricas de 900 estaciones. “Había mucha información. Podía uno pasar horas viendo datos sin parar”, ha narrado el experto, según apuntan a EL PAÍS fuentes presentes en su declaración. El testigo ha precisado que, cinco días antes de la tragedia, ya intuyeron la dimensión del temporal porque “los modelos anunciaban lluvias torrenciales para el 29-O”. Y, por eso, instaron al Consell a celebrar una reunión de seguimiento. El encuentro se celebró finalmente la víspera de la dana y en él participó Juan Ramón Cuevas Camps, jefe de la Unidad de Análisis y Seguimiento del Riesgo del Centro de Coordinación de Emergencias. “Cuevas nos dijo que la situación era complicada para el martes”, ha reconocido en alusión al día de la dana. El especialista ha explicado que la evolución de las lluvias desde primera hora de la mañana permitió intuir la magnitud de la desgracia. A las 8.00, antes de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) decretara la alerta roja, la máxima en la escala, se formó en la comarca de La Ribera el primer tren convectivo, que es como se denomina a una línea de tormentas. “A las 12.40 horas [del 29 de octubre de 2024] se registraron 160 litros por metro cuadrado. El récord anterior era la pantanada de Tous”, ha asegurado en alusión al suceso que dejó 40 muertos en 1982 tras la rotura de una presa. “La pantanada y la riada de 1957 [80 fallecidos] fueron meteorológicamente iguales”, ha sostenido. La potencia destructora de la riada arreció por la tarde. “Entre las 15.00 y las 17.00 horas, los datos eran dantescos. Consideramos torrenciales registros de 60 litros por metro cuadrado y, en una hora, ya había 100”, ha relatado. También ha expuesto que, conforme evolucionaba el temporal, el riesgo se concentró en el río Magro y en el barranco del Poyo, la rambla que originó la desgracia al sepultar municipios como Paiporta (28.136 habitantes) o Catarroja (30.612), donde la riada causó 55 y 25 muertos, respectivamente. Y todo este flujo informativo figuró en la pantalla gigante del Centro de Coordinación de Emergencias, donde figuraban métricas como la situación de las carreteras o la relación de llamadas del 112, la centralita telefónica de la Generalitat que, el día de la dana de 2024, registró casi 20.000 comunicaciones. La declaración del experto ha desmontado en el juzgado la denominada teoría del apagón informativo. Una tesis avalada desde hace 19 meses por la Generalitat y el PP que sostenía que, si el Consell de Mazón no actuó antes ante la desgracia, fue porque organismos del Gobierno de Pedro Sánchez, como la Aemet o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), no le informaron a tiempo. Esta controvertida tesis de defensa también ha sido defendida con vehemencia por los dos exaltos cargos de la Generalitat investigados en la causa: la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y quien fuera su número dos, el exdirector de Emergencias, Emilio Argüeso. En decenas de autos, avalados por la Audiencia Provincial de Valencia, la instructora ha cuestionado esta línea argumental.