Un testigo revela a la jueza que investiga la tragedia que fue consultado sobre el encaje jurídico de la medida a última hora del día de la catástrofe
La Generalitat Valenciana sopesó adoptar medidas de choque durante la dana justo cuando la mayoría de las víctimas de la tragedia que dejó 230 muertos en octubre de 2024 ya habían fallecido. Ignacio Lleó, abogado de la Consejería de Justicia e Interior, ha reconocido este martes ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la catástrofe, Nuria Ruiz Tobarra, que la tarde de la aciaga jornada fue consultado sobre la posibilidad de confinar a la población. “Planteé que las normativas de emergencia nacional y autonómica permitían confinamientos y evacuaciones forzosas”, ha señalado, según indican a EL PAÍS fuentes presentes en su declaración.
El letrado ha precisado que hizo las gestiones para tomar la drástica medida a las 20.45 horas, cuando llamó “a su directora general”. En ese momento, el Centro de Coordinación Operativo de Emergencias (Cecopi) —el órgano que coordinó la crisis— ya había enviado la alerta masiva a móviles, que llegó cuando la mayoría de los desaparecidos ya habían muerto. Y el entonces presidente Carlos Mazón ya había llegado al dispositivo de Emergencias tras pasar más de cuatro horas en una comida en el restaurante El Ventorro de Valencia con la periodista Maribel Vilaplana.
