EDITORIALSer rector de una universidad privada es ante todo un servicio a Guatemala.
El agotamiento del sistema de comisiones de postulación se fue precipitando a causa del notorio afán de ciertos grupos interesados en incidir en la designación de ciertos cargos y magistraturas. Esto llegó al colmo de crear entes que no han graduado ni un solo profesional, cuyas sedes son de cartón, pero que reclaman voz y voto. Eso por no mencionar otras universidades regidas por personas con claros nexos políticos, lo cual constituye un dudoso privilegio para cierto grupo en detrimento de la esperada equidad e imparcialidad. En otras palabras, el mecanismo que buscaba reducir el conflicto de interés se ha visto contaminado por este mismo concepto.
Sin embargo, en este momento no existe ninguna vía alterna para efectuar la designación de aspirantes, en este caso, a dirigir la Contraloría General de Cuentas de la Nación, institución técnica a cargo de auditar el manejo de recursos públicos, sobre la cual siempre hay puestas muchas ambiciones, deseos de aquiescencia o incluso intentos de alinearla en favor de ciertos intereses, lo cual en sí mismo es un afán vergonzoso, lesivo y, a la larga, contraproducente.
